IR exige la devolución de los documentos expoliados
FELIX GONZALEZ PRIETO - avilared.com - 20 enero 2005

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Desde las elecciones generales, el Partido Popular, viene acreditando su carácter reaccionario y antidemocrático en todas sus intervenciones públicas.

No obstante, es al abordar la llamada “memoria o justicia histórica" en relación con las víctimas del golpe de Estado de 1936 o de la represión franquista, deliberadamente olvidada en la transición, cuando la derecha post-franquista no puede evitar mostrar con altanería su verdadera condición de heredera de los golpistas y vencedores de la guerra civil. Así, la desproporcionada reacción de los dirigentes populares, como el acuerdo en las Cortes de Castilla y León o la del alcalde salmantino Lanzarote a la cabeza, ante el dictamen de la Comisión de Expertos sobre la devolución de los llamados “Papeles de Salamanca" a la Generalitat de Cataluña, es una prueba más de que la derecha española únicamente profesa el “patriotismo constitucional" a beneficio de inventario, pero que en ningún caso está dispuesta a que se restituya a sus legítimos titulares lo que les fue expoliado en virtud de un ilegal “derecho de conquista". Por otra parte, si el dictamen de la Comisión de Expertos es susceptible de alguna crítica es por su cicatería. No es aceptable, ni moral, ni política, ni jurídicamente, que sólo se admita la devolución de los documentos a la Generalitat de Cataluña, pretextando que era una institución de derecho público preexistente al 18 de julio de 1936. Preguntamos: ¿Y los municipios y las diputaciones provinciales? ¿Qué ocurre con los partidos políticos, como Izquierda Republicana, que tienen reconocida, incluso por el Tribunal Supremo, la condición de sucesores históricos de sus homónimos durante la II República? ¿Y con los derechos de los herederos de ciudadanos particulares, como Ossorio y Gallardo, Serrano Batanero o Ruiz Funes, cuyos archivos personales y profesionales fueron saqueados con la única excusa de su lealtad a la legalidad constitucional republicana? La solución que se pretende no se ajusta ni al derecho internacional, ni a nuestro ordenamiento jurídico. Los fondos documentales del Archivo de Salamanca tienen su origen en unas incautaciones con saqueo y robo hecho por el régimen franquista, cuyos actos fueron declarados ilegales por las Resoluciones de la Asamblea general de la o­nU 32 (I), de 9 de febrero de 1946 y 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 y están integrados en conductas tipificadas como delitos contra la humanidad. En definitiva, son actos violentos de despojo, no amparados por ninguna norma jurídica. Por tanto, no puede argumentarse que la posesión continuada por el Estado de esos documentos haya generado una prescripción adquisitiva a favor de la Administración respecto de los mismos ya que, conforme a nuestro Código Civil, los actos ejecutados con violencia no aprovechan para la posesión y sin posesión no puede haber usucapión, la figura jurídica que esgrime el informe de los Expertos y que expresa la posesión de bienes no adquiridos legalmente. Cualquier Gobierno y sobre todo este que se pronuncia socialmente democrático tiene la obligación moral, política y jurídica de restituir formalmente a todos los expoliados o a sus herederos los documentos que les fueron usurpados y sólo después de un acto formal de restauración, los herederos podrían decidir el destino final de ese patrimonio documental, conservándose en el Archivo que se constituya los originales de los documentos o copia digitalizada de los mismos, pero siempre a elección de los interesados. --- Félix González Prieto es secretario federal de Asuntos Sociales y responsable de Izquierda Republicana en Avila.