El Tribunal Constitucional deniega el amparo ante la petición de anulación de una sentencia dictada en 1.941 en un consejo de guerra que condenó a muerte y ejecutó a un matrimonio valenciano
Foro por la Memoria Valencia - Junio 2005

Armando Muñiz

Argumenta para denegar el recurso de amparo presentado por el hijo del matrimonio fusilado, que se han agotado tanto el plazo para interponer el recurso como los efectos de la sentencia ya que ésta se ejecutó en 1.941.

Y eso a pesar de reconocer que la sentencia, que fue dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Valencia el 19 de febrero de 1.941, “tanto por la condena que impone como por el procedimiento en el que fue dictada, es claramente incompatible con las garantías que consagra la Constitución” y que no efectúa el enjuiciamiento de la sentencia por no tener la Constitución eficacia retroactiva.

Ya antes, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo había rechazado la revisión y anulación de la sentencia alegando que se sujetaba a una “rigurosa exigencia técnico jurídica”, afirmando que la Constitución “no puede alterar los hechos que como probados se recogieron en infinidad de órganos jurisdiccionales en aplicación de un derecho que estaba en vigor cuando se produjeron con sujeción al procedimiento que en aquel momento el ordenamiento jurídico tenía establecido”.

Es decir, que el Tribunal Supremo no tuvo ningún problema para dar legalidad a todas las ejecuciones de demócratas dictadas por los Tribunales creados por el golpe militar contra el gobierno legítimo de la República, y en admitir como “órganos jurisdiccionales” los Consejos de Guerra, como si fueran producto de un ordenamiento jurídico dotado de legitimidad y legalidad democrática, encontrándonos con estos argumentos, con que a las víctimas de los procesos militares franquistas los más altos Tribunales de nuestro país les niegan la tutela judicial de sus derechos.

La lucha de Vicente Muñiz Campos por la rehabilitación moral y jurídica de sus padres y por la nulidad del juicio que les condenó a muerte y les ejecutó, viene de lejos. Durante años fue de organismo en organismo, de autoridad en autoridad recopilando datos sobre el juicio y el fusilamiento de sus padres, Armando Muñiz y Águeda Campos, de 32 y 26 años.

Pronto supo que habían sido condenados a muerte por el asesinato de tres mujeres en un juicio lleno de irregularidades, en situación total de indefensión, sin testigos de los hechos, sin los cadáveres de las supuestas asesinadas, sin sus nombres, sin tan siquiera una prueba, sin saberse ni cuando ni dónde se había realizado los supuestos asesinatos y sin mucho menos respetarse el principio de presunción de inocencia, sirviendo de poco que ellos negaran una y otra vez. La prueba estimada por el Consejo de Guerra como concluyente, fue la declaración de un falangista que había “oído” en una ocasión que Águeda dijo haber matado a tres mujeres.

La realidad, claro está, fue otra. Fueron condenados a muerte y asesinados por ser republicanos, por ser del POUM, por respaldar la legalidad vigente, es decir, al gobierno legítimo de la República salido de unas elecciones libres y democráticas. Fueron víctimas del exterminio político del franquismo y fueron fusilados el 5 de abril de 1.941 en Paterna (Valencia).

Es una vergüenza para nuestra democracia mantener la validez formal de las condenas impuestas por el terror de la dictadura franquista y postergar una y otra vez el cuestionamiento de sus medidas represivas. Esta situación sólo admite que el Estado asuma el deber institucional de adoptar las medidas jurídicas necesarias para declarar de oficio la nulidad de los procesos a través de los cuales se consagró la represión del franquismo. ¿Se reparará algún día el inmenso daño causado a los que sufrieron el terror del franquismo?

Madre de Vicente con nenes