Manual del buen represor. Un diario argentino divulga los textos con instrucciones que la Junta repartió entre el Ejército
El Periódico de Catalunya - 19/04/2005

Centro de tortura Instalación artística delante de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma) para recordar a los desaparecidos durante la dictadura, el pasado 3 de abril. Foto: EFE / CÉZARO DE LUCA

Un general de la dictadura quiere utilizarlos para librarse de un proceso

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los mandos superiores", confesó, el 24 de enero de 1980, el temible general Santiago Omar Riveros, al trazar ante sus colegas de la Junta Interamericana de Defensa un panegírico del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
Riveros, como muchos otros generales, se creía entonces eterno. Cuando el régimen huyó despavorido tras la derrota ante Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, en 1982 --pensaron que enfrentarse a la OTAN era igual que ejecutar a prisioneros políticos amordazados--, buena parte de los archivos de la represión fueron destruidos.
El general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército de la dictadura, dice ahora que están en su poder; quiere utilizar los manuales del buen represor para librarse del proceso que afronta por la desaparición de tres ciudadanos. Con esas pruebas --presentadas ayer fragmentariamente ante el juez Alejandro Zeverín Escribano, en la provincia de Córdoba--, los abogados de Nicolaides se proponen demostrar que su cliente no puede ser procesado porque siguió a pies juntillas "un plan de batalla", que ordenaba "aniquilar" sin titubeos al "subversivo" y establecía que "el activista" no podía ser considerado prisionero de guerra. Por tal motivo, subrayaban los manuales, no tenía derecho "al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales".
Parte del contenido de esos manuales fue glosado por el periódico La Nación. Entre las frases extraídas se encuentran los procedimientos aprobados por el general Roberto Viola en diciembre de 1976, cuando se hallaba al frente del Ejército.
Según datos oficiales, en la Argentina de la dictadura desaparecieron unas 18.000 personas. Los organismos defensores de los derechos humanos elevan la cifra a 30.000. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) estableció en 1984 que el 58% de las víctimas tenían entre 21 y 30 años. En el momento del golpe, la guerrilla urbana --que nunca superó los 3.000 hombres-- había sido completamente derrotada. El blanco de la represión fueron las personas desarmadas. El 30% eran obreros; el 21%, estudiantes; el 17,9%, empleados; el 10,7%, profesionales, y el 5,7%, docentes. El 3,8% pertenecían al "peligroso" rubro de las "amas de casa". Algunas de ellas, encintas.
"La detección de los activistas localizados deberá ser una preocupación permanente", rezaba el manual. Éstos debían ser "capturados de inmediato" dondequiera que se encontraran, ya fuera en el domicilio, la vía pública o el trabajo. De la frase no se desprende, sin embargo, que tuvieran que ser asesinados. La interpretación del texto no deja dudas: los militares equipararon el secuestro a una acción de guerra. Las acciones tenían un claro objetivo intimidatorio: "Mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación".
El exfiscal Julio César Strassera, que participó en el histórico juicio contra las principales figuras de las Juntas Militares, en 1985, desacreditó la estrategia de la defensa de Nicolaides. De haber existido esas órdenes, manifestó, "eso no significa que los militares hubieran actuado dentro de la legalidad".

Sin remordimientos
Nicolaides no es el único que carece de remordimientos. En una reciente carta a La Nación, María Cecilia Pardo, esposa del mayor en activo Pedro Mercado, criticó al presidente Néstor Kirchner y al actual comandante del Ejército, el general José Bendini, por condenar la represión. "¿Considera el Ejército que está bien que mientras se juzga despiadadamente a los hombres que arriesgaron sus vidas en el cumplimiento de su deber, sus dignos oponentes sean resarcidos económicamente?", preguntaba.
No faltan muchos meses para que el Supremo declare inconstitucionales las leyes de impunidad y avancen cientos de juicios contra responsables de desapariciones, tortura, robo de bebés, saqueo de viviendas y bienes y violaciones. Gente que, como Nicolaides, aducen haber "cumplido órdenes".