La memoria histórica en la encrucijada: la Comisión Interministerial de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Sergio GÁLVEZ BIESCA (Responsable de Historia de la Comisión Federal del Foro por la Memoria) - diciembre 2004 / enero 2005

sergiogalvez_biesca@yahoo.es

Publicado en el número 159 (diciembre, 2004) y número 160 (enero de 2005) en Mundo Obrero

“No olvidemos, en cualquier caso, que cuando hablamos de memoria nos estamos refiriendo a las víctimas; víctimas que reclaman un reconocimiento, es decir, ser significativas a la hora de comprender nuestra realidad. Ahora bien, reconocer lo oculto u olvidado como parte del presente significa reconocer la actualidad de las injusticias causadas a las víctimas. Esas injusticias son nuestra deuda, son nuestro problema, nuestra responsabilidad. Por esto memoria es sinónimo de justicia, y su antónimo no es tanto injusticia cuanto olvido"

Reyes Mate, Por una cultura de la memoria


En el proceso de recuperación de la memoria histórica que este país vive desde hace unos años, la reciente aprobación de la Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, ha conducido la cuestión a una importante encrucijada. El debate planteado puede, o bien cerrar las heridas definitivamente o por el contrario profundizar en una cicatriz todavía abierta para un considerable segmento de la sociedad. Del tratamiento a la memoria y a la historia que se dé en dicha Comisión y de lapropia intencionalidad política que se persiga, dependerán los resultados, que podrán ser muy dispares. Veamos pues el marco en que nace esta iniciativa así como las posibilidades y los límites de actuación.

Se debe comenzar señalando que lejos de la idea de una amnesia generalizada con el proceso de la Transición, lo cierto es que un impresionante número de publicaciones y debates de aquella época desmienten este extremo, pudiéndosehablar de un primer proceso derecuperación de la memoria histórica. Sin embargo, imperativos políticos unidos a lo que se conoció como el pacto de silencio, no permitieron reestablecer institucionalmente ni jurídicamente la memoria de los vencidos. De modo que la cuestión lejos de normalizarse y convertirse en una mera categoría historiográfica quedó sin cicatrizar no sólo para los miles de represaliados, sino para la creación de una verdadera cultura democrática.

Un cuarto de siglo después la herida no ha cicatrizado, a pesar del largo trayecto recorrido que ha terminado con el pacto de silenciode omisión deliberada del pasado de la dictadura. A esto se ha sumado la segunda oleada en pro de la recuperación de la memoria histórica y los derechos humanos de las víctimas, encabezada por un amplio movimiento político-social, que ha coincidido en el tiempo con la práctica normalización historiográfica de la represión franquista. El objetivo principal de esta segunda etapa ha estado en demostrar física, jurídica e históricamente, la planificación y ejecución de una política de exterminio del adversario político por parte del franquismo. A pesar de la consolidación a nivel social y académico de esta tesis central, que modifica el relato histórico dado hasta ahora por los guardianes de la historia oficial, el reestablecimiento de la deuda moral, ética, jurídica, histórica y de la propia dignidad con las víctimas sigue constituyendo un importante déficit democrático pendiente. Es hora por tanto de que las iniciativas institucionales pongan fin a tanto sinsentido, y para ello se debe contar con la estrecha colaboración de lasasociaciones.

En esta coyuntura extremadamente compleja es en la que el Gobierno ha publicado el Real Decreto 1891/2004, a partir de la proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de junio del presente año (véase el decreto en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1891-2004.html#a1). El análisis que puede realizarse sobre el mencionado decreto se limita casi exclusivamente a las noticias que han aparecido en los medios de comunicación, que sin embargo ya apuntan algunos elementos de reflexión y preocupación. El objetivo del decreto, definido en la exposición de motivos, plantea la creación de una Comisión Interministerial centrada en el estudio “de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades democráticas, así como de proponer las medidas, legales o de otro tipo, que resulten necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento y satisfacción moral".

En la consecución de dicho propósito se plantean varias medidas recogidas en el segundo artículo (Funciones), destacando en primer término la realización de un informe sobre el estado de la cuestión (punto primero). La pregunta que debe formularse es qué historiadores serán los encargados, y he aquí un punto para comenzar a inquietarse, no sólo por la falta de noticias sino por la elecciónde los investigadores que se realice, dado que el tema no concita precisamente unanimidad en el gremio.

De igual forma se pretende acometer un informe que permita establecer las condiciones de acceso a los archivos públicos y privados (punto dos del mismo artículo), lo que de llevarse a cabo supondría un crucial paso a medio y largo plazo para el avance de los múltiples aspectos aún por investigar. No obstante, cabe inquirirse que sucederá con los fondos documentales de los archivos militares, y hasta donde llegará la total apertura, en donde se hace imperativo de una vez por todas cumplir la normativa del Consejo Internacional de Archivos (de momento la Comisión parece no haber “dado con la fórmula para poder hacerlo" tal como adelantabala Cadena Ser el 4/XI/2004).

El punto siguiente a destacar (punto 3 del segundo artículo), y he aquí una cuestión de suma trascendencia, está en la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas que conduzcan a la reestablecimiento exclusivamente“moral" de las víctimas. Como ha denunciado recientemente la Asociación de Archivo Guerra y Exilio (AGE) (véase su acertada carta-denuncia a la Comisión del 15/XI/2004), parece ser que ha habido una importante errata, ya que en las declaraciones tras elConsejo de Ministros del 23 de julio se planteó la “rehabilitación moral y jurídica" de las víctimas. Omisión o error, el asunto es de tanta trascendencia que de no solucionarse, el RD y sus medidas quedarían extremadamente limitadas en cuanto a sus objetivos. De hecho la encargada de la Comisión, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, ya ha declarado que el plan del ejecutivo se limitaría a dar “plena satisfacción moral a quienes se vieran sometidos a procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo" (El Periódico de Aragón, 16/X/2004). Lo que contrasta claramente con las noticias aparecidas en El País los días 11/IX/2004 y 19/X/2004, en los que se anunció que el Gobierno iniciaría la “rehabilitación moral y jurídica". Sin duda hasta que no se aclaren estos extremos poco o nada se podrá avanzar.

Por último en el tercer artículo (punto cuarto) se contempla la posibilidad deasegurar audiencia y participación a las asociaciones que han venido tratando la cuestión. Tras la reunión que el día 2 de diciembre de 2004, tuvo una delegación del Foro por la Memoria con los representantes de la Comisión, siguen abiertos la mayor parte de los interrogantes con respecto al dudosopapel que jugarán las asociaciones (véase resumen de la reunión en Mundo Obrero, enero 2005, nº 160). Caben inquirirse dos cuestiones, en primer lugar ¿qué papel y qué funciones desempeñarán las asociaciones?, y en segundo realmente ¿qué recursos tendrán dichas organizaciones para poder trabajar?. La conclusión básica de la reunión, es que aparte del recibimiento, la Comisión se limitó a escuchar las propuestas y los trabajos de las asociaciones, sin poder o sin querer resolver las principales cuestiones y demandas planteadas. De momento, se está a la espera de las medidas que en breve tomen unos responsables, desbordados ante la complejidad e importancia histórica del asunto en cuestión, aunque tal como se pudo leer entre líneas poco o nada cabe esperarse de los resultados de dicha Comisión.

A partir de aquí se abren tres hipótesis de trabajo como mínimo. La primera pregunta es ¿qué tipo de memoria se pretende definir y establecer por parte del Gobierno?, ¿estamos ante la creación de una memoria oficial oinstitucional?. De ser así, el peligro que se corre es mayor dado que ningún organismo estatal o autonómico puede otorgarse el derecho a establecer un tipo de memoriaoficial, al ser ésta patrimonio de todasy todos los ciudadanos. Además si por algo se caracteriza este tipo de memoria histórica es por su naturaleza multidimensional y proteica. El segundo interrogante es si la formulación de la memoria histórica del ejecutivo estará basada en la idea de concordia, que el Ministro de Defensa José Bono nos proporcionó a todos los españoles con el desfile militar del 12 de octubre, poniendo a la misma altura a vencedores y vencidos. Lo que significaría la vuelta al metarelato, muy en boga durante la transición, de que todos fuimos culpables de lo sucedido, dando por consiguiente razón a las tesis del revisionismo histórico.

Además no puede ocultarse una intencionalidad política de tratar de finalizar el asunto lo antes posibles con los menores costes políticos (y económicos) para el Gobierno y el partido socialista. Lo que supondría cerrar la cuestión en falso una vez más, y perpetuar un tema en el que en pocos años no habrá testimonios vivos del genocidio. La aparición de dos noticias sólo vienen a confirmar esta segunda hipótesis, además de aumentar la tensión, confusión e incertidumbres sobre los verdaderos objetivos. Pretender, tal como anunciaba El País el 19/X/2004, tener resueltos todos los problemas “a finales de este año o comienzos del 2005", además de ser un auténtico disparate (una investigación histórica de este calado debería llevar como mínimo un periodo de cuatro o cinco años), refleja perfectamente el objetivo desolucionar el problema con la máxima diligencia, tal como ha manifestado el Gobierno. Igualmente la noticia aparecida el 2 de noviembre de destinar la ridícula cifra de cinco millones de euros para la Comisión, rápidamente subsanada con todo un derroche económico de otro millón, aparecido a los dos días (véase El País del 2 y 4 de noviembre), ofrecen un interesante escaparatede cómo se pretende dar “el efectivo cumplimiento" a las finalidades encomendadas.

El plan de mínimos de la Comisión no puede obviar una cuestión fundamental, y que dio lugar a la segunda oleada de la recuperación de la memoria histórica: el tema de las fosas comunes de la represión inicial del franquismo. El tratamiento que se le dé a un tema de tan compleja y delicada naturaleza, marcará a buen seguro los verdaderos límites de la voluntad política e histórica de la Comisión. Aparte del número indeterminado de fusilados aún enterrados en las cunetas (con unas cifras que se mueven entre las 30.000 y las 50.000 víctimas), se trata de un problema al que se le debe conceder una prioridad esencial, ya que de su solución dependerá el poder avanzar en otras cuestiones (que no son pocas: los campos de concentración; los niños del exilio; los juicios militares; la simbología franquista, etc.). Parece que lo más sensato, tanto a nivel político como historiográfico, para que el recuerdo, la memoria y la historia del genocidio se reconozcan institucionalmente, esté en edificar miles de pequeños monumentos allí donde yacen los fusilados. Con ello se lograría no sólo crear lugares de la memoria de los “vencidos" por toda la geografía, sino que como correlato se modificaría elpropio relato histórico incompleto (o falsificado) dado hasta el momento. Sólo de este modose podrá crear las bases de una verdadera cultura democrática, más allá de las tópicas celebraciones institucionales. En la consecución de estos objetivos no vale alegar diversos “escollos jurídicos" (Cadena Ser, 4/XI/2004) e incompatibilidades para poder “conciliar los valores constitucionales en juego" (El Periódico de Aragón, 16/X/2004), tan sólo es necesaria una verdadera voluntad y valentía política por parte de una Comisión que no ha dado muestras de las mismas.

En resumen, la encrucijada de la memoria histórica se debate en múltiples preguntas que por el momento parecen no tener respuesta. En tanto la cuestión de la represión franquista y de sus víctimas continúa siendo un tema que desborda el ámbito estrictamente historiográfico, y se reconduce por diversos vericuetos. Los objetivos que persigue la Comisión Interministerial, desde la lectura aquí dada, llevan a una primera reflexión nada optimista (y esperamoserrar), de que nos encontramos ante un parche a un problema que requiere de un tratamiento y una terapia completa, larga y lo más definitiva posible. De no ser así probablemente las heridas que estaban en proceso de cicatrizar podría ser que volvieran a sangrar, convirtiendo la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en un debate interesante pero a su vez interesado ymediatizado por unos objetivos políticos corto-placistas,que nos volvería a situar en un peligroso punto de inflexión cuyas consecuencias políticas e históricas pueden ser impredecibles.

Madrid, a enero de 2005