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La República: una sociedad democrática avanzada
JOSÉ Mª PEDREÑO, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria - Diagonal del 11/05/2006




¿Juzgar al rey? Al menos, es sospechoso de haber sido colaborador necesario de aquel régimen. Sólo un régimen republicano podría investigar y juzgar, si fuese necesario, al jefe del Estado. O tal vez, investigando y juzgando, si fuese necesario, al actual jefe del Estado, podríamos tener una democracia verdaderamente avanzada (y una república democrática)

En el preámbulo de nuestra actual Constitución puede leerse lo siguiente: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: (…) Establecer una sociedad democrática avanzada".

Se supone que una democracia avanzada, entre otras cosas, debe dar un valor extraordinario a los Derechos Humanos y a la Lucha contra la Impunidad, sin embargo, tal como se plantean las cosas, parece que esta cuestión de los Derechos Humanos sólo rige para lo que ocurre en otras partes. Nuestros jueces investigan y persiguen crímenes contra la humanidad en todo el mundo, menos en casa. Todos hemos visto durante estos años atrás cómo nuestros jueces procesaban al general Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, sin embargo, muy pocos se están parando a pensar que la dictadura chilena coincide en el tiempo con la dictadura franquista, entre 1973 y 1975. Al mismo tiempo que se encarcelaba, torturaba y asesinaba, en Chile, a opositores políticos se hacía otro tanto en nuestro país. Tenemos la costumbre, cuando hablamos del franquismo, de pensar inmediatamente en sus primeros años, olvidándonos de que se extendió hasta 1975 (algunos, pensamos que incluso se extendió varios años más allá después de la muerte de Franco, posiblemente en estos días estemos viviendo aún una forma de franquismo). Las últimas personas asesinadas por el régimen franquista, de haber vivido, aún no estarían jubilados de sus puestos de trabajo. Lo mismo ocurre con los responsables de sus asesinatos. Muchos presos políticos y torturados apenas han cumplido los cincuenta años. Lo mismo ocurre, también, con los responsables de su detención, juicio y tortura. Los responsables políticos también siguen en activo en numerosos casos.

La falta de juicio

Han transcurrido 31 años y, desde entonces, no se ha iniciado un solo procedimiento judicial para esclarecer, no ya los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo en los primeros tiempos, sino los cometidos en sus postrimerías. Estamos juzgando a criminales chilenos por delitos que presuntos criminales españoles cometieron durante la misma época y de la misma forma. Sabemos que muchos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, del ejército y de la judicatura estuvieron implicados en esos crímenes. También sabemos que Juan Carlos I de Borbón fue nombrado sucesor del dictador en el año 1969, que siempre se le vio al lado del mismo durante aquellos años, que ejerció de jefe del Estado en funciones llegando a presidir consejos de ministros, que no permite que se hable mal de la figura de Franco en su presencia y que la familia a la que pertenece apoyó –incluso económicamente– el golpe militar que acabó con la primera democracia española (la II República) propiciando la creación del estado genocida franquista. La Ley de Amnistía de 1977 fue un engaño a la sociedad española. En la legislación internacional de Derechos Humanos no existe el delito político, por lo que no era necesaria una ley de amnistía, sencillamente deberían haberse abierto las cárceles para que todos los presos políticos hubieran salido. Esa ley era innecesaria, so pena que se hiciese –tal como estamos viendo– para que la Justicia no pudiese perseguir los crímenes franquistas, ya que, en definitiva son ellos, los criminales franquistas, los que realmente se han beneficiado de la misma. Aún estamos esperando a un juez capaz de aplicar el Derecho Internacional en el caso español. Anteponen la legislación española a las normas internacionales, hablan de prescripción, a pesar de que son crímenes imprescriptibles. Los jueces españoles parecen –o aparentan– desconocer el Derecho Internacional o la propia Ley de Enjuiciamiento Penal cuando hablamos del franquismo. ¿O tal vez los tribunales españoles se siguen sintiendo herederos de los tribunales franquistas? Tal como están las cosas, si los juzgados hiciesen lo que deben hacer, seguramente veríamos sentados en el banquillo a muchos ‘demócratas de nuevo cuño’, algunos de ellos tan reconvertidos que incluso militan en partidos ‘democráticos de toda la vida’, incluso en aquellos que se opusieron al franquismo. Posiblemente, si se hiciesen las cosas con la seriedad debida, nos podríamos encontrar con un rey investigado por su presunta responsabilidad en un delito, al menos, de complicidad en aquellos hechos.

Otros cimientos

Está claro que si debemos forjar una sociedad democrática avanzada que lucha contra la impunidad, mientras nos empeñemos en defender a un rey que, al menos, es sospechoso de haber sido colaborador necesario de aquel régimen, va a ser imposible. Sólo un régimen republicano podría investigar y juzgar, si fuese necesario, al jefe del Estado. O tal vez, investigando y juzgando, si fuese necesario, al actual jefe del Estado, podríamos tener una democracia verdaderamente avanzada (y una república democrática). Está claro que la actual monarquía española se ha convertido en un obstáculo para que podamos decir que en este país se respetan realmente los Derechos Humanos y se lucha contra la Impunidad. Es un obstáculo para recuperar verdaderamente la memoria. Si para conseguirlo hay que proclamar la República, hagámoslo cuanto antes ya que, si no lo hacemos así, la impunidad seguirá campando a sus anchas.

Los salvadores no son necesarios

Hay quien dice que esto es un maximalismo, que la Ley de Amnistía y la Transición son la base sobre la que hemos construido nuestra convivencia democrática, sin embargo eso es ‘pan para hoy y hambre para mañana’. Si no se juzga ninguno de los crímenes franquistas, ni los del principio, ni los del final; si todos los criminales y sus cómplices quedan impunes, estamos creando una situación en la que, el día de mañana, nos podemos encontrar con el militar de turno, dispuesto a ‘salvarnos aunque tenga que matar a la mitad de nosotros’, sabiendo que no le va a ocurrir nada y que como mucho erigirán una estatua para ensalzarle, o incluso que le harán jefe del Estado de una democracia traída por los pelos y de forma controlada por los que acabaron con la democracia anterior. Sólo en una democracia en la que nadie tenga impunidad puede lucharse eficazmente para defender los Derechos Humanos. En una sociedad verdaderamente democrática y avanzada nadie debe ser inmune a la Ley. Sólo con la República podremos tener una sociedad verdaderamente democrática y avanzada.

JOSÉ Mª PEDREÑO
Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Publicado en Diagonal número 30, 11/05/2006
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