ESPAÑA: 30.000 DESAPARECIDOS ESPERAN VERDAD Y JUSTICIA ENTERRADOS EN FOSAS CLANDESTINAS
AMNISTIA INTERNACIONAL. Nº 63. OCTUBRE 2003

Izaskun Sánchez y César Ojaz 
 
Cuando por fin aparecieron los primeros restos humanos, los investigadores pudieron respirar tranquilos. Buscaban a cinco personas arrojadas a una fosa clandestina 58 años atrás, con la única ayuda de los datos mantenidos
en secreto durante décadas por algunas personas ya ancianas. Entre los testigos del hallazgo, apenas unos huesos mal conservados, unos pocos familiares sintieron la misma emoción de todos los que encuentran a «sus» desaparecidos, aunque muchos ni siquiera los conocieron.
 
Ocurría en España, el pasado 5 de julio, en la localidad segoviana de Otero de Herreros. Las víctimas eran miembros de la Casa del Pueblo, arrestados y ejecutados extra judicialmente el 3 de agosto de 1936 por un pelotón de falangistas, partidarios del golpe militar iniciado el18 de julio contra el gobierno legítimo de la República.
 
Pese al tiempo transcurrido, se trataba de la primera fosa de la guerra exhumada en la provincia de Segovia, aunque se tiene el rastro seguro de decenas de ellas.
 
Tampoco se han exhumado muchas más en el resto del territorio español. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y la primera década de la dictadura franquista asciende a 30.000, repartidos por toda la geografía española en fosas comunes sin identificar.
 
Esta cifra, que muchos consideran por debajo de la. realidad, sólo se refiere a los asesinados extra judicialmente. Según algunos historiadores, en las zonas controladas por los golpistas durante la guerra civil (1936-39) se superaron los 140.000 fusilamientos, lo que casi triplica los 50.000 realizados en las zonas controladas por el gobierno republicano. Una vez terminada la Guerra Civil, entre el 1939 y el 1947, el régimen franquista ejecutó a una media diaria de 10 personas.
 
Al medio millón de muertos y un cuarto de millón de exiliados producidos por la guerra, se sumaron unos 280.000 presos políticos, según los datos que se manejan actualmente, miles de ellos sometidos durante años a trabajo en condiciones de esclavitud para suplir la falta de mano de obra con la que reconstruir un país arrasado por la guerra. Se conocieron también casos de niños arrancados de sus madres presas y entregados ilegalmente en adopción.
 
VEINTICINCO AÑOS DE DEMOCRACIA
 
Esos desaparecidos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, son los que quiere buscar un movimiento naciente en España, nucleado en torno a organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, o el Foro por la Memoria, esta última vinculada al Partido Comunista de España, que trabajan con equipos de arqueólogos, antropólogos, psicólogos y abogados voluntarios. Sus actuaciones responden a los llamamientos de instituciones y familiares, convencidos de que España tiene aún una gran verdad que recuperar y muchas víctimas que honrar sin que los años transcurridos sean razón para condenarlas
al olvido.
 
Una acción emprendida sin el debido apoyo institucional, pese a que han pasado ya más de 25 años desde que España recuperó un sistema democrático mediante un pacto de transición en el que se acordó no remover el pasado, mucho menos buscar a los desaparecidos.
 
Desde estas asociaciones se reclama que el Estado pague los costes de las exhumaciones y las pruebas de ADN para identificar a las víctimas, y se honre así la memoria de los ejecutados extrajudicialmente. Algo que piensan intentar incluso por la vía judicial.
 
CUESTIÓN URGENTE
 
Se trata, además, de una cuestión urgente. No hay documentos oficiales sobre la ubicación de las fosas, tan sólo los testimonios de los familiares, en su mayoría ancianos, que estaban vivos cuando se perpetraron los asesinatos, y que en la mayoría de los casos sobrepasan los 80 años. Algunos investigadores se han empeñado en hacer un mapa de las fosas antes de que mueran, pero su ausencia podría dificultar la consecución de permisos para exhumarlas e identificar los cadáveres.
 
Se tiene el rastro de fosas sin exhumar en toda España. Cerca de Mérida (Extremadura) se encuentra una de las más grandes, en la que se calcula que puede haber 3.500 cadáveres. En la fosa de Oviedo (Asturias), de 21 metros de ancho por 12 de largo, hay en torno a 1.316 cadáveres con nombres y apellidos, pero el total supera los 1.600. El 28 de octubre de 2000, en Priaranza del Bierzo (Castilla y León), un grupo de arqueólogos voluntarios encontró en una fosa los restos de 13 civiles republicanos asesinados en octubre de 1936. Después se han abierto o localizado otras fosas, que se pretenden exhumar si se consiguen los medios y permisos necesarios.
 
En el País Vasco se ha creado una comisión para investigar la desaparición de más de 3.000 personas durante la Guerra Civil en la comunidad autónoma, que hasta el momento ha recibido 200 solicitudes, de las que 190 proceden de los familiares de los desaparecidos.
 
Por otra parte, la Sección Española de Amnistía Internacional reclamó a los partidos políticos que promuevan la exhumación de las fosas, dentro de las propuestas realizadas con motivo de las últimas elecciones municipales y autonómicas.
 
 
«He sufrido mucho siendo testigo de dichas excavaciones, pero a la misma vez estoy feliz, pues con ello se recuperaron las memorias de las víctimas y España ha dado reconocimiento a aquellos que perdieron su vida por el rencor y el odio de otros.»
Testimonio de Esther Montoto, una mujer cuyo padre fue asesinado y enterrado clandestinamente en Valdediós, Asturias, en 1937. Esther viajó desde Estados Unidos a España para recuperar sus restos. En el transcurso de las excavaciones relató cómo durante muchos años había esperado que un día, tras sonar el timbre de su casa, abriría la puerta y aparecería por fin ese padre al que perdió cuando apenas tenía dos años.
 
«Una de las principales dificultades con las que nos enfrentamos es el miedo. En muchos pueblos de España todavía la gente tiene miedo a hablar de la Guerra Civil. la transición española a la democracia se llevó a cabo dejando al margen la responsabilidad internacional de todo Estado de investigar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales. »
Texto incluido en la Segunda presentación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas en agosto de 2002.
 
 
ESPAÑA ANTE LA ONU
 
El caso de las fosas comunes de la Guerra Civil llevó hace unos meses a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a incluir a España por primera vez en la lista de países que tienen desaparecidos, a raíz de una demanda presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, según figura en el informe 2002 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
 
La asociación había presentado 64 casos, casi todos referidos a republicanos asesinados inmediatamente después de la victoria de Franco en la Guerra Civil, pero la ONU decidió aceptar sólo los asuntos ocurridos después de la fundación de este organismo, en 1945. Por eso sólo pudo exigir al gobierno español información sobre dos casos, aunque 'sin minimizar' la importancia de los otros 62, una pequeña muestra de los más de 2.000 que la asociación tiene acreditados. Estos dos casos se refieren a miembros de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, presuntamente perseguidos por la Guardia Civil y desaparecidos en 1947 y 1949. Además, y en otro orden de cosas, el informe cita el caso de dos súbditos japoneses, presuntamente secuestrados por España en 1980 por agentes secretos de la República Popular Democrática de Corea.