CARMEN MORÁN | MADRID - 27/01/2003 - EL PAÍS

Querida Julia, como supongo que cuando vengas no tendré ánimo para poder hablarte con la suficiente serenidad te escribo esta carta, que no sé si llegará a tus manos, para decirte sólamente una cosa: yo soy inocente. En estos momentos solemnes en que no se miente porque la mentira es inútil yo deseo y quiero llevar a tu ánimo, al de la familia, la idea que dejo expresada y en la convicción de conseguirlo muero tranquilo".

La madrugada del 16 de agosto de 1936 sacaron a Severiano Núñez García de la cárcel de Plasencia (Cáceres) camino de la tapia del cementerio. Un tiro, o quizá más, acabaron con la vida del maestro de Jaraíz de la Vera (Cáceres). No había delito. Su viuda no volvió jamás a pronunciar una palabra. Severiano había nacido 41 años antes en otro pueblo de la provincia, Barrado. Su historia, como sus huesos, se pudría en silencio hasta que un sobrino suyo, maestro jubilado, hijo, nieto y hermano de maestros, ha podido rescatarla. Antonio Sánchez-Marín Enciso se ha encargado de que la casa donde vivió en su pueblo natal luzca una placa que recuerde su nombre, su vida y su profesión de maestro republicano.

Comenzado el siglo XXI, cuando España desentierra la historia para hacer justicia al bando que no la tuvo, algunos maestros como Sánchez-Marín y otros colegas ya jubilados se esfuerzan por rescatar la memoria del colectivo docente: "Esperamos que los maestros tengan en aquellos republicanos un ejemplo de lo que era la enseñanza pública, laica y en libertad". Y buscan apoyos para formar una asociación (antonio.sm@wanadoo.es).

El 18 de julio de 1936 sorprendió a los maestros españoles de vacaciones. Entonces no sabían que aquella fecha daba inicio a la más penosa etapa que iban a vivir los docentes en España. Tanto, que algunos historiadores no dudan cuando dicen que fue el colectivo más castigado por la represión franquista. ¿Por qué? "Se les consideraba responsables de haber inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano. Los maestros estaban muy posicionados políticamente, eran progresistas y de talante reivindicativo", explica el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca Francisco de Luis Martín, autor de La FETE en la Guerra Civil española.

Hay otras razones. La segunda, de carácter preventivo. Si no se acababa de raíz con aquellos maestros de espíritu republicano, al nuevo régimen se le iría de las manos la política nacionalcatolicista que pretendía imponer. Y el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Francisco Morente Valero apunta una tercera: sencillamente había que aplicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general, que quitara las ganas a cualquier otro de repetir aquel modelo de vida.

Y lo consiguieron. El miedo más terrible se instaló en las escuelas y en las familias de los maestros. Los que no murieron fusilados tras el levantamiento militar pasaron en su exilio interior la más terrible purga profesional. Morente Valero ha contado hasta 60.000 maestros depurados en su tesis titulada La Depuración del Magisterio Nacional, un libro de cabecera en esas casas donde aún guardan la lista pública de maestros depurados, cuando muchos ya habían sido fusilados. Morente explica ahí en qué consistió la depuración.

En una primera fase, recién declarada la guerra, son los militares quienes se encargan de peinar pueblos y ciudades en busca de maestros republicanos. "Pedían informes a los alcaldes y por esa vía se destituyó o separó temporalmente de las aulas a muchos de ellos", explica Morente. A partir de noviembre del 36 la depuración se burocratiza. Se crean comisiones provinciales y se les exige a todos los maestros, a todos, que soliciten su propia depuración como condición para seguir ejerciendo. Después, la comisión les devolvería el expediente, favorable para seguir dando clase, o rechazado y a la calle. Muchos optaron por ir al frente. Pero los demás tuvieron que someterse al criterio de la comisión, formada por el director del instituto, un representante de la asociación de padres, "persona de probada moralidad católica", un inspector y dos vocales de "solvencia moral y técnica". Se les pidió que detallaran qué hacían antes y después del 18 de julio, cómo recibieron el alzamiento, sus filiaciones políticas y sindicales, su actividad diaria y privada y que delataran a sus compañeros. Debían acompañar su defensa de los informes del alcalde, el cura, la guardia civil y otros. Toda una defensa sin una acusación previa.

Hubo de todo. Morente ha rastreado minuciosamente los archivos, las listas de maestros depurados, y ha encontrado expedientes que, después de 70 años, mueven a la risa: "Hubo denuncias privadas, de vecinos, en las que se acusaba al maestro de haber tocado el piano en un baile público, por ejemplo". En un pueblo de Lugo, el alcalde se deshizo del maestro, que no era precisamente de izquierdas, porque en su lugar estaría mejor una señorita católica, de familia decente, como Dios manda. El alcalde adjuntaba en su informe esta posdata, que Jaume Claret, historiador de la Universidad Pompeu Fabra, recuerda más o menos así: "El hecho de que esta señorita sea mi hija no es el motivo de la destitución del maestro". Efectivamente, la purga buscaba también hacer huecos en las escuelas donde colocar a familiares y allegados. Aunque fueron tantos los que faltaron que muchos curas y algunos militares, hasta 2.500 alféreces, se hicieron cargo de la educación después de la guerra.

A pesar de las variopintas acusaciones que la red caciquil se encargó de difundir, los maestros, muchos de ellos católicos, fueron víctimas de acusaciones y bulos de carácter religioso. Era sencillo. La República puso las bases de lo que iba a ser la escuela laica, de pensamiento libre, y mandó sacar de las aulas los crucifijos que las presidían. Los maestros, en su intachable comportamiento de funcionarios, descolgaron las cruces. Ese fue el pecado que se convirtió en delito.

Después llegó el silencio y el miedo. El hijo de uno de aquellos maestros fusilados, Alberto Barrado, de Malpartida de Plasencia (Cáceres), se acerca ahora tímidamente a aquella historia que le silenciaron. Muerto su padre, la madre afilió inmediatamente a los hijos a la Falange. Por miedo. Por miedo, los profesores del instituto de Boal (Asturias) nunca le dijeron a Hilda Farfante por qué habían matado a su padre y a su madre, los dos maestros. Y por miedo, su tía, también maestra, que la recogió en casa, tapaba con una mano la boca a su sobrina de 5 años mientras levantaba la otra en el balcón ante el desfile de los nacionales. Miedo.

Hilda Farfante, después maestra y directora como fue su madre, no volvió jamás a Cangas del Narcea (Asturias). Hasta el 18 de diciembre de 2001, cuando se colocó una placa en el cementerio del pueblo que se encarga ya para siempre de recordar a los fusilados. Acompañada de su familia y de Vicente Álvarez Areces, presidente de la región donde los maestros sufrieron la represalia más feroz, Hilda gritó, literalmente, "por ellos, por su injusta y terrible muerte, por su miedo, por su dolor, por su juventud truncada. Y por nosotros, los que nos quedamos sin ellos a merced de sus asesinos [...] Y por las viudas que vivieron y murieron con la boca bien apretada para que no se les escapara este mismo grito nuestro". Hilda tiene ahora 71 años.

En 1977 el Gobierno de la UCD decretó amnistía para los represaliados. Era tarde para los maestros, ancianos muchos, muertos ya la mayoría. Sus familiares, como ha hecho Antonio Sánchez-Marín, se conforman ahora con seguir la pista de huesos perdidos en las cunetas o en las fosas comunes de los cementerios.