INTERPELACIÓN URGENTE sobre la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura para debatir en el Pleno de la Cámara
Eusko Alkartasuna - Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

            El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO a instancia de la Diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster Olazabal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN URGENTE sobre la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura para debatir en el Pleno de la Cámara.

MOTIVACIÓN

Próximamente, el 20 de noviembre, se cumplirá un año desde que el Congreso de los Diputados, a instancia de tres formaciones políticas de esta Cámara, entre ellas, de Eusko Alkartasuna, aprobó de forma unánime una  Proposición no de Ley, debatida en la Comisión Constitucional, por la cual se condenaba la dictadura  franquista.
Todos los grupos parlamentarios suscribimos que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos'.

Pero además, el acuerdo alcanzado entre todas las formaciones de la Cámara precisaba el deber de 'proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde de la dictadura franquista'.

Para ello, se instaba a dos cuestiones concretas. Por una parte, a que 'cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones (…)'.  Y por otra, al Gobierno, a desarrollar de manera urgente una política integral de reconocimiento y de acciones protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra.

Lamentablemente, un año después, familiares de fusilados por el franquismo y organizaciones dedicadas a recuperar la memoria histórica siguen denunciando las dificultades sufridas para poder acceder a los archivos dependientes de la Administración central y facilitar así labores de exhumación e identificación de cadáveres que permitan que los familiares de estas víctimas del franquismo puedan conocer el paradero de sus seres queridos, asesinados hace más de 60 años.

Así, los particulares y organizaciones vinculadas a familiares de víctimas del franquismo que han intentado acceder a algunos archivos públicos se han encontrado con la exigencia de cumplimentar formularios y requisitos en la mayoría de las ocasiones que efectuarlos se les deniegan los permisos.  En otros casos, son las condiciones de abandono en que se encuentran los documentos y los archivos relacionados con información penitenciaria de las personas que permanecieron en prisión o fueron ejecutadas, las que dificultan la obtención de datos.

Esta circunstancia impide en algunos casos tramitar ayudas concedidas por algunas administraciones, entre ellas la vasca, a quienes sufrieron prisión en el franquismo o encontrar las fosas en que fueron enterrados los ejecutados por la dictadura.

Sin embargo, una de las organizaciones cuya información más podría contribuir al esclarecimiento de estos hechos y circunstancias, sigue siendo inaccesible a pesar de las cuantiosísimas ayudas económicas que el Gobierno español le concede anualmente. Se trata de la Fundación Francisco Franco, que a pesar de su carácter privado y no permitir el acceso a los archivos y documentos, denunciado ya desde hace años por investigadores e historiadores, recibe 41.000 euros anuales del Ministerio de Cultura desde el año 2000 para, supuestamente, 'llevar a cabo proyectos archivísticos'. Este año, la cantidad destinada por el Ministerio a la Fundación Franco,  asciende a 26.900 euros.

Para Eusko Alkartasuna, resulta incomprensible que la Administración española conceda estas cantidades económicas a una fundación que ensalza la dictadura franquista y a un genocida bajo cuyo mandato se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos y no exija la recuperación de documentos históricos que corresponden al Estado.  

Transcurridos más de 60 años desde aquellos luctuosos hechos, es necesario devolver a los familiares que sufrieron estos hechos la dignidad que les corresponde, permitiendo conocer el paradero de los restos mortales de sus seres más queridos y enterrarles de acuerdo con esos sentimientos.

Hasta la fecha se han podido encontrar en diversas localidades del Estado, entre ellas algunas leonesas como en Priaranza del Bierzo, Piedrafita, Fresnedo algunas de estas fosas comunes en las que fueron enterrados, sin ningún tipo de registro ni información a los familiares, personas contrarias al Golpe de Estado protagonizado por el dictador Franco o acusados de tal actitud. También hay constancia de la existencia de estas fosas en Burgos, Granada, Extremadura, Asturias, entre otras zonas.

Algunas de esas fosas han sido localizadas también en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. Historiadores y arqueólogos que trabajan en los territorios vascos estiman en 3.000 personas el número de víctimas del franquismo que podrían estar desaparecidas en estas fosas.

Hasta el momento se ha procedido a realizar en varios territorios del Estado algunas de las exhumaciones solicitadas por los familiares, con la previa autorización de los jueces. Sin embargo aún quedan muchas exhumaciones que realizar en el Estado.

Para ello, se requiere la colaboración de todas las Administraciones implicadas en la búsqueda de personas y restos mortales desaparecidos, entre ellas, las responsables de la custodia de documentación e información requerida para proceder a la investigación y localización de cadáveres.

El pasado mes de febrero la Conferencia Internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales convocada por la Organización The Missing sobre 'Las personas desaparecidas: Acción para resolver el problema de la s personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares', celebrado en Ginebra, estableció una serie de recomendaciones al respecto entre las cuales se señala que 'es esencial que las familias conozcan la suerte que han corrido los parientes dados por desaparecidos, incluido su paradero, y en caso de que hayan muerto, la causa de la muerte'. A tal fin, la Conferencia establecía unas pautas de actuación entre ellas que 'las autoridades gubernamentales (…) den la posibilidad de realizar investigación para esclarecer la suerte que han corrido las personas dadas por desaparecidos y suministrar información' y 'tratar las cuestiones relacionadas con la reparación'.

El próximo mes de diciembre el problema de las personas desaparecidas será precisamente uno de los temas del orden del día de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Se da la circunstancia de que el Estado español es uno de los firmantes de la 'Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones firmadas' emitida por la ONU en 1992. Por tanto, está obligado a poner los medios para buscar los desaparecidos o sus cadáveres por delitos que están considerados como un 'crimen de lesa humanidad' y un ultraje a la dignidad humana.

Por todo ello, se interpela al Gobierno sobre qué actuaciones va a llevar a cabo y en qué plazos para dar cumplimiento al acuerdo del Congreso del 20 de noviembre del 2002.

Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003

BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL
Diputada de Eusko Alkartasuna
Portavoz G. P. Mixto