El Estado gangsteril contra Allende
Heinz Dieterich - 5.9.2003

    Hoy en seis días caerán las bombas sobre el Palacio de la Moneda, serán   intervenidas las estaciones de radio, televisión y los periódicos, ocupados militarmente los sindicatos, llenado el Estadio de Santiago de presos políticos, arrancadas las primeras uñas de las víctimas del terror, violadas las mujeres apresadas y desaparecidos los ciudadanos de la patria chilena.

    Hoy, hace tres décadas, el general Augusto Pinochet, contratado por la Casa Blanca en Washington para ahogar en sangre la democracia  constitucional del Presidente Salvador Allende, afinaba los últimos detalles del golpe de Estado que acabaría con la liberación nacional y social del país.

   Junto al “general rastrero”, como  Allende tituló el último día de su vida al traidor ---a quien había hecho comandante en jefe del ejército el 23 de agosto de 1973---  estaba una pandilla de mercenarios, conocidos como las Fuerzas Armadas de Chile, que regresaron la institución castrense a su ignominiosa tradición de matar mineros y  “pampinos pobres”, en pos de los intereses de la  oligarquía secular.

   Clases medias y pequeñas burguesías, desde médicos hasta transportistas, habían hecho alianza con la oligarquía, azuzados implacablemente en la guerra santa contra el “comunismo” de la Unidad Popular,  por el diario nacional más importante, El Mercurio, y su dueño  Agustín Edwards, íntimo amigo de David Rockefeller, con estrechas  vinculaciones a la transnacional Pepsi Cola y la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA.

     Edwards había volado apresuradamente a Estados Unidos, a pocos días de las elecciones generales del 4 de septiembre de 1970, en las cuales la Unidad Popular (UP) de Salvador Allende había ganado la mayoría relativa de los votos, derrotando con el 36.3 por ciento de los votos al derechista Partido Nacional (PN) y a la  democracia  cristiana (PDC), que sólo obtuvieron el 34.9 y 27.8 por ciento del sufragio, pese a los millones de dólares, con los cuales la CIA había  corrompido el proceso electoral.  

    En la mañana del 15 de septiembre, el magnate mediático  desayunó en un hotel de Washington, D.C., con un grupo selecto de pesos pesados de la política estadounidense: Richard Helms, Director de la CIA,  John Mitchell,  Fiscal General de la nación y Donald Kendall, presidente de la Pepsi Cola, quién había convocado al encuentro. Edwards expuso sin rodeos ante los comensales que era imperiosa la intervención estadounidense, a fin de evitar que Allende llegase a la presidencia.

    Presionados por las insistencias intervencionistas de los empresarios Edwards y Kendall, Helms y Mitchell convencieron al presidente Richard Nixon y su Asistente de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, de que era impostergable una reunión de emergencia en la Casa Blanca, ese mismo día, para “arreglar” el asunto de Allende.

    Cuando terminó la reunión entre los cuatro funcionarios de la Casa Blanca, el mismo 15 de septiembre de 1970, la sentencia de muerte de Allende había sido firmada. Nixon instruyó a la CIA de que un gobierno Allende era “inaceptable” para Estados Unidos y que tomara “un papel directo” en la organización de un golpe militar para impedir su asunción a la presidencia. Toda la operación debía realizarse  bajo el control directo de Kissinger.

    Fue dentro de este contexto, que la Casa Blanca le envió al Presidente democratacristiano en funciones, Eduardo Frei Montalva, el siguiente mensaje, a través de su embajador Korry y el ministro de defensa chileno: si Allende llega a la presidencia, Estados Unidos hará “todo lo que está dentro de su poder para condenar a Chile y los chilenos a las privaciones y la  pobreza más extrema, dentro de una política diseñada para largo tiempo”.

    Tres años tuvieron que esperar los dueños del terrorismo internacional estadounidense, Richard Nixon y Henry Kissinger, al servicio del capital transnacional y de los megaempresarios como Edwards y Kendall, hasta que su sueño de destruir la democracia de la Unidad Popular chilena, pudo ser  realizado.

    Tres largos años, porque cuando Nixon y Kissinger ordenaron  a la CIA a  concertar el golpe de Estado,  la CIA les respondió que “la acción militar era imposible”, debido a la “inercia apolítica y constitucionalista de los militares chilenos”.

    La destrucción sistemática de la economía, la formación de bandas terroristas paramilitares como “Patria y Libertad”, la organización y el financiamiento de la guerra psicológica a través de los medios nacionales e  internacionales y la construcción sistemática de una fracción fratricida en las Fuerzas Armadas, para generar el clima del coup d´ état, abrieron el camino hacia la matanza de Pinochet que hasta el día de hoy ha quedado impune.

    Las razones de la matanza fueron expresados en un documento secreto de la CIA, de septiembre de 1970. Constatando que Estados Unidos “no tiene intereses nacionales vitales en Chile” (sic), la CIA advirtió que un triunfo de Allende tendría “considerables costos políticos y psicológicos”, en cuanto que: a) amenazaría la “cohesión hemisférica”, b) por las reacciones (repetidoras-H.D.) que generaría en otros países y, c) porque sería una derrota “psicológica” para Estados Unidos y un “avance psicológico definitivo para las ideas marxistas”.

   Dos décadas antes, el ideólogo liberal del gobierno de John F. Kennedy,  Arthur Schlesinger, analizando la necesidad de destrucción del gobierno de Fidel Castro, había llegado a la misma conclusión, aunque en un lenguaje diferente, más claro:

     La idea de la revolución cubana, de que el pueblo debe tomar las riendas de su propio destino, es una idea “que encontrará muchos seguidores entre los pobres de todo el hemisferio que enfrentan similares problemas. No queremos que esa idea se expanda".

     La Unidad Popular de Chile cometió justo este “crímen” de querer implementar un proyecto histórico de democracia popular y soberanía nacional en el hemisferio occidental, que desde la proclamación de la Doctrina Monroe en 1823, genera la sentencia de muerte de los responsables por parte de un Estado imperial, que Noam Chomsky caracterizó adecuadamente en los años ochenta como un Estado gangsteríl. 

    Hoy día, hay más ciudadanos pobres y más presidentes progresistas que nunca en el hemisferio, que procuran la soberanía popular. Por eso, las políticas destructivas del Estado gangsteril que acabó con Allende, se operan en la actualidad a una escala mucho mayor que en 1970.

    Contra Cuba, esa política es evidente; contra Venezuela, Argentina y Brasil, es  ---todavía---    clandestina. Por eso, la sospecha de Noam Chomsky, de que Washington esté  “apoyando de nuevo, en Venezuela, un golpe de estado”,  debe tomarse muy en serio.

    Hay dos personajes legendarios en América, cuyos pensamientos nunca deben descartar las fuerzas democráticas de América Latina: Noam Chomsky y  Fidel Castro.

   Recordemos este 11 de septiembre, cuando  Fidel le regaló a Salvador Allende un fusil Ak-47.  Fue un simbolismo con el cual el Comandante indicó, de donde venía el golpe del Estado gangsteril.