El recuerdo de los Caídos: una memoria hemipléjica
Luis Castro - noviembre 2003

1.- Las lápidas de los "presentes"

2.- Exhumaciones, funerales y registros de víctimas

3.- Grandes proyectos monumentales:

3.1.- El monumento nacional a los Caídos
3.2.- El palacio de la Isla, residencia del Generalísimo y ¿Museo de la Cruzada?

4.- Canonizaciones y beatificaciones

5.- La Causa General

6.- La toponimia callejera

Anexo

En los últimos años viene haciéndose en distintos puntos de España una labor de recuperación de la memoria histórica (en lo sucesivo, RMH) cuyo aspecto más conocido es la exhumación de fosas comunes con restos de personas asesinadas durante la última Guerra Civil Española (GCE). En torno a ello se incluyen también otras manifestaciones, como la investigación histórica, la recopilación de informes y testimonios personales, los homenajes a guerrilleros de la resistencia y expresos políticos de la dictadura y otros actos semejantes. No se puede decir que esto sea una moda o algo novedoso pues ya en la transición política -e incluso antes- se hicieron algunos en distintos lugares .
En cualquier caso, y sin entrar en las causas que han dado lugar a esta situación, parece claro que la RMH es una tarea pendiente de la sociedad española y, mientras así sea, habrá un déficit en su conciencia colectiva. Aunque haya pasado tanto tiempo y se hayan perdido demasiadas ocasiones -tantas como personas involucradas hayan muerto sin recibir esa reparación moral- para muchos ciudadanos es un acto básico de justicia histórica hacia las víctimas de la GCE y de la dictadura, y hacia sus familiares, que durante décadas han tenido que sobrellevar el dolor de no poder rescatar los restos de sus deudos para darles una sepultura digna y, menos aún, lograr un reconocimiento cívico general que, de una vez por todas, selle la convivencia española sobre bases de respeto humano y de tolerancia.
Ciertos sectores sociales y mediáticos, sin embargo, han manifestado sus reservas o incluso su repulsa ante este tipo de actividades y defienden como más conveniente para la convivencia social el "olvidar", dejar las cosas como están para no volver a abrir viejas heridas, suscitar rencores y otros supuestos peligros. Bastante, según ellos, o aún demasiado se ha hablado ya el asunto y, aunque quedara algún aspecto por conocer, mejor sería obviarlo. Algunos llegan a decir que en en el mejor -o en el peor- de los casos, si finalmente las administraciones optan por apoyar y generalizar estas labores, (puesto que son ya varias las comunidades autónomas que han dictado normas de apoyo a la RMH) ello sea atendiendo a las víctimas de ambos bandos contendientes en la GCE, dando por sentado que los muertos habidos en el sedicente ejército nacional o en la retaguardia republicana no han sido exhumados ni han gozado de consideración alguna en su momento y, por ello, se insinúa, tan necesitados estarían de tales cosas unos como otros.
Ni que decir tiene que no compartimos tales premisas. Sin entrar aquí en el ya viejo debate acerca de los orígenes y las responsabilidades de unos y otros en el desencadenamiento de la contienda, sólo manifestaremos de pasada nuestra extrañeza y repugnancia ante el predicamento que de que gozan hoy interpretaciones sesgadas de la GCE, que no son sino la puesta al día, sin apenas materia prima documental nueva, de las obras canónicas apologéticas del franquismo: las de los Arrarás, Aznar, Pemán, La Cierva, hermanos Salas Larrazábal y similares. Y resulta triste e indignante que sean personas que sintonizan con estas versiones quienes soliciten el olvido de unos hechos históricos que autores como los citados se han encargado de desvirtuar u ocultar. Pues solo desde el desconocimiento se puede explicar -no ya justificar- la repulsa hacia las actividades de la RMH.

Pretendemos mostrar en este informe que las víctimas ocasionadas en zona republicana -donde es obvio que también se cometieron crímenes y atropellos de todo tipo, aunque en mucho menor escala- lo mismo que los caídos en combate en el llamado bando nacional, fueron objeto de una intensa atención conmemorativa y reivindicativa por parte del Nuevo Estado desde el primer momento. Los sublevados de 1936 prestaron todo tipo de apoyos para preservar la memoria de sus "caídos", dándole una proyección social y reflejándola en monumentos que la continuaran durante generaciones. Paralelamente, la consideración de los enemigos del Movimiento como anti-España llevaba a excluir a los muertos republicanos de cualquier tratamiento conmemorativo, como no fuera para ponerlos como ejemplo de lo que no se podía ser o hacer.
Es más, se puede constatar con facilidad que este " culto a los caídos " era un elemento simbólico esencial en la constitución del Nuevo Estado, encaminado a su afianzamiento ideológico a través de la propaganda de masas. Fruto de esta concepción fue la puesta en funcionamiento de un vasto aparato estatal de agit-prop, bajo la dependencia del ministro del interior, Serrano Suñer, quien, para dirigirlo, designó a Dionisio Ridruejo y a Giménez Arnau, los cuales se rodearon de colaboradores como Laín Entralgo, Eugenio D'Ors, Luis Escobar, García Quiñones y muchos otros, abarcando desde la publicación de libros, periódicos y revistas hasta emisiones radiofónicas; desde la confección de eslóganes ("España una, grande y libre"; "ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan", "por el imperio hacia Dios", etc), hasta la escenografía callejera para actos y desfiles (arcos de triunfo, estrados para autoridades, pinturas de murales y fachadas etc.) En este ámbito precisamente tenemos que enmarcar el tratamiento de la memoria y el culto a "los caídos" como un elemento más de esta política de adoctrinamiento de masas, muy característica de los regímenes fascistas de los años veinte y treinta. (Aunque también fue utilizada en esa época -con otros fines y estilos- por fuerzas de izquierda).
Se buscaba la erección de monumentos y la puesta en escena de actos públicos con un estilo hierático y grandilocuente, de modo especial en las ceremonias fúnebres:

Se crea una estética de bloques verticales, el respaldo de monumentos de dimensiones enormes que son como la huella o la planta de una divinidad no olvidada (...). No es posible hacer política interior o exterior sin cuidar el mecanismo y el fondo de todos los actos interiores o exteriores del Estado. Nuestra concepción política de España lleva consigo esta preocupación, el cuidado de los actos públicos, la creación de cierto rito solemne

Pues bien, ese estilo solemne no quedaba reflejado en ningún sitio como en los funerales ceremoniales y los monumentos y lápidas conmemorativas de los Caídos. Estos ocuparán una parte de nuestra exposición. Pero esta RMH hemipléjica -pues cercenaba a medio país en su atención- se expresó a través de muchas otras vías: las exhumaciones y traslados de cadáveres, las beatificaciones y canonizaciones, la nomenclatura de calles y edificios públicos y la Causa General, concebida como una especie de juicio final condenatorio sin paliativos para cuantos hubieran albergado alguna esperanza, por pequeña que fuere, en las reformas planteadas por la II República.

1.- Las lápidas de los " presentes "

Y en los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la sangre de los héroes, elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de los que con su muerte, un día tras otro, van forjando el templo de la Nueva España, para que los caminantes y viajeros se detengan un día ante las piedras gloriosas y rememoraen a los heroicos artífices de esta gran Patria española.

(Francisco Franco, discurso con motivo de la unificación. Salamanca 19.4.1937)

Los recordatorios de destacados militares y políticos muertos durante la guerra fueron frecuentes a lo largo de esta y después, pero sobresale entre todos, por la trascendencia y generalización que llegó a tener, el referido al fundador de la Falange española, José Antonio Primo de Rivera. Tras su muerte por fusilamiento en la cárcel de Alicante, el 19 de noviembre de 1936, la noticia tardó mucho en llegar a la opinión pública en la " zona nacional ", donde las autoridades militares y los líderes falangistas no eran muy partidarios de darla a conocer, por el posible efecto desmoralizador entre sus combatientes. Por otra parte, y sin que sea fácil determinar con qué grado de convencimiento, los " camisas viejas, " que se movían en torno a Pilar Primo de Rivera, mantenían en ascuas del mito del " Ausente, " -como se empezaba a designar a José Antonio- como si de un momento a otro pudiera reaparecer para tomar las riendas de los destinos de España. Pero el asunto no pudo mantenerse oculto durante mucho tiempo y menos una vez que llegó a manos de Pilar el testamento y otros escritos personales de su hermano, los cuales fueron entregados por Indalalecio Prieto a Raimundo Fernández Cuesta, que fue sacado de la cárcel modelo de Madrid para ser canjeado por presos republicanos
Una vez que Franco y los jerarcas falangistas (Serrano Suñer, el propio Fernández Cuesta, Ridruejo) consideraron inevitable publicar la infausta noticia de la muerte de José Antonio, se se organizó un solemne funeral en la catedral de Burgos, presidido por el propio Franco. Previamente, y para la ocasión -pero al mismo tiempo para memoria perenne, pues aún se puede ver- se hizo una inscripción incisa en el muro situado a la derecha de la puerta del Sacramental de la seo burgalesa. En ella se recordaba al fundador de la Falange, que si hasta ese momento era considerado "ausente", aunque vivo, ahora pasaba con su muerte a ser "presente", paradógicamente.
A la vez, por decisión de la Junta política de Falange, un decreto de 16 de noviembre de 1938 fijó el 20 de ese mes como " día de luto nacional " en lo sucesivo y ordenaba que " previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas, en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista " (esto es, durante la época republicana). El ejemplo de José Antonio " héroe nacional y símbolo de sacrificio de la juventud -decía el preámbulo del decreto- será motivo de perenne recuerdo ", como en efecto lo fue, puesto que en casi todos los pueblos y ciudades de España, ya fuera en los camposantos, en las fachadas y atrios de las iglesias y catedrales o en las casas consistoriales, se fijaron las correspondientes lápidas con las relación nominal de los " caídos por Dios y por España ", a los que se invocaba como " presentes " según el ritual falangista.
Es anecdótico que muy pocos lugares se libraran de esas lápidas conmemorativas, que aún lucen en muchas partes. Merece especial mención el caso de Sevilla, donde el ultramontano cardenal Pedro Segura se negó a que tales inscripciones fueran grabadas en los muros de su catedral o en las iglesias de su archidiócesis, pues, según él, sería algo que " desdijese de la santidad de los templos ". Comoquiera que el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Sevilla, Tomás y Valverde, quizás con el afán de hacer méritos, aprovechara la presencia de Franco en la Semana Santa de 1940 para mandar pintar la efigie de este y la de José Antonio en los muros catedralicios con nocturnidad y alevosía, Segura llegó amenazarle con la excomunión si no borraba las pintadas. Este pequeño tour de force se saldó tan salomónicamente como se resolvieron tantas cosas durante la dictadura: la amenaza de excomunión fue retirada a instancias del nuncio de Su Santidad, pero al gobernador civil le costó el puesto y ahí tuvo fin su carrera política. Sin embargo, nadie borró las inscripciones fascistas de la catedral de Sevilla; sólo lo hizo el tiempo .
Dionisio Ridruejo afirma en sus memorias , que la orden de poner las lápidas citadas salió firmada por él, pero asume cierto grado de autocrítica cuando reconoce que " la cosa resultaría, más pronto o más tarde, cuestión litigiosa y memoria agresiva ", porque el recordatorio -a diferencia de las lápidas puestas en Francia tras la Gran Guerra, por ejemplo- sólo se refería a los muertos de uno de los bandos, no a todos. Y en esas estamos.
Con ser las de los Caídos las lápidas más visibles por doquier, no son las únicas existentes de significación franquista y de aquella época. Por hacer referencia a algunas, y sólo a título de ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Burgos se pueden contemplar las dos cartelas simétricas en la fachada del Palacio de capitanía, que lucían ya en diciembre de 1937, siendo obra del artesano Valeriano Martínez. En la de la derecha se recordaba -se recuerda, pues aún se puede contemplar- el fasto de la " exaltación del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde a la Jefatura del Gobierno del Estado Español " y su nombramiento como generalísimo de los tres ejércitos; y en la otra se rememora la labor de Mola como jefe del ejército del Norte, en cuyo puesto encontró la muerte . Nótese que ambas cartelas estaban puestas pocos meses después de los hechos a que hacen referencia. (Por lo demás, el municipio de Alcocero, en cuyo término municipal ocurrió el accidente aéreo que costó la vida a Mola, sería rebautizado hasta hoy como Alcocero "de Mola", análogamente a lo que ocurriría con San Leonardo "de Yagüe", Ferrol "del Caudillo", etc. Así mismo, en el lugar del accidente se erigió el monumento al que más adelante haremos referncia).
También de esa época -y de un estilo parecido- es la cartela del muro que separa el compás de Las Huelgas con el patio delantero del monasterio, recordatoria de la sesión constitutiva del Consejo Nacional de FET y de las JONS en la sala capitular del cenobio (diciembre de 1937); sesión en la que juraron solemnemente sus cargos los 50 próceres designados por el dictador, ya solo responsable "ante Dios y ante la historia".
Además, en su residencia oficial burgalesa durante la GCE, el palacio de la Isla, pueden leerse aún las inscripciones, una en latín y otra en castellano, donde se registra para la posteridad que "aquí permaneció vigilante hasta la total liberación de España su inmortal defensor y gran Caudillo Francisco Franco. 1936-1939" . Y aunque pudiera no parecerlo a primera vista, también se puso durante la GCE la inscripción de la fachada posterior de la puerta de Santa María, en recuerdo de los miembros de la Junta Política burgalesa que se opusieron a la invasión francesa de 1808 y que fueron ahorcados en Soria. Esta lápida fue inaugurada a principios de mayo de 1937, pues el régimen franquista -que también estableció un calendario propio de días festivos- dio en conmemorar el Dos de Mayo dándole, eso sí, una interpretación interesada, pues se estableció un paralelismo significativo entre dicha efeméride, la del inicio de la sublevación popular antifrancesa, y el 18 de julio. Así lo expresaba el arzobispo de Castro en una misa de campaña que se celebró al efecto en el paseo de la Isla (que, en lo sucesivo, iba a ser la "avenida del Generalísimo"):

Hoy recordamos el aniversario de aquella Guerra de la Independencia y la recordamos en los momentos en que el pueblo español se debate en otra igual en defensa de la independencia y de la religión.
Ayer estábamos amenazados por Napoleón y hoy lo estamos por los marxistas y por los masones, a los que estamos venciendo constantemente

Al acabar la guerra, los desfiles y homenajes al Caudillo y a los caídos no podían ocultar una realidad lóbrega, y resulta significativa, como señalan D. Sueiro y Díaz Nosty, la coincidencia de la fecha del "desfile de la Victoria" con la del decreto que establecía el racionamiento de artículos de primera necesidad. Más allá de los fastos y discursos, un silencio atronador reinaba entre los cientos de miles de presos políticos y sobre sus familias, sobre los que aún iban a caer los golpes del Tribunal de Responsabilidades Políticas y la ley de represión de la masonería y el comunismo. Sobre ellos, así como sobre los ya muertos como consecuencia de la guerra o de la violencia fascista en la retaguardia, tampoco iba a caer el olvido; pero la memoria del régimen, ajena a cualquier idea de reconciliación o perdón, iba a tener hacia ellos un sentido por completo opuesto a la de sus "caídos": se trataba en este caso de escrutar hasta el último detalle sus antecedentes políticos y su conducta social previa para obtener indicios con que fundamentar su inicua y brutal labor represiva. De someter a medio país a una "Causa general" en la que se depurase toda responsabilidad, por minúscula que fuera. No eran suficientes las ejecuciones ya efectuadas -judiciales o extrajudiciales, para el caso da igual-, ni los ubicuos presidios y campos de concentración, ni los batallones de trabajadores forzosos, ni las requisas, embargos y multas, ni las familias destrozadas dependiendo de un irrisorio Auxilio Social...

2.- Exhumaciones, funerales y registros de víctimas

El Nuevo Estado emergente tras la sublevación del 18 de julio muy pronto se ocupó de facilitar, en la medida que lo permitía el contexto bélico, el traslado de los muertos en campaña a sus lugares de origen, donde serían inhumados con todos los requisitos, incluida la inscripción registral de defunción. En principio, ambos bandos contendientes enterraban a los muertos habidos en combate en el cementerio de algún núcleo de población cercano al frente y sólo los cuerpos de personas de cierta notoriedad eran trasladados a sus lugares de origen, para ser objeto de funerales organizados y actos de masas con significación política. Uno de los primeros -si no el primero- de estos entierros ceremoniales fue el del capitán Carlos Miralles, miliciano de Renovación Española, en Burgos, después de su muerte en el frente de Somosierra el 22 de julio de 1936. También tuvo mucho boato el del infante Alfonso de Orleans, primo de Alfonso XIII, quien murió en accidente aéreo el 19 de noviembre de 1936, como piloto de la aviación franquista. De él decía un comentarista local en Sanlúcar al día siguiente: "rodeada así la muerte de este aparato militar y litúrgico, la vida parece una cosa despreciable. Dan ganas de convertirse en muerto" .
Por otra parte, los aniversarios de fallecimientos de personas notables iban a ser conmemorados solemnemente. El 21 de julio de 1937, un año después del accidente que costó la vida al general Sanjurjo, su esquela recordatorio ocupó toda la primera página del Diario de Burgos y con tal motivo se bautizó con su nombre una de las principales avenidas de la ciudad. Al día siguiente se recordó el primer aniversario de la muerte del falangista Máximo Nebreda (que fue tiroteado por la Guardia Civil al confundir esta la bandera de Falange con la de la CNT cuando aquél se acercaba en un coche a limpiar la retaguardia en el norte de la provincia) . El funeral en memoria de Calvo Sotelo se celebró durante varios años consecutivos.
Pero, entre todas las exequias de esa época destacan las de José Antonio Primo de Rivera, con motivo del tercer aniversario de su muerte. Su cuerpo fue exhumado en Alicante y trasladado en fúnebre cortejo a hombros de falangistas, que se turnaron día y noche durante diez jornadas hasta El Escorial, donde fue enterrado solemnemente (la basílica del valle de los Caídos, como veremos, se hallaba entonces en proyecto). Las iglesias de los pueblos por donde discurriera el cortejo debían tocar a difuntos y los vecinos descubrirse y saludar con el brazo en alto.
Cierto espíritu necrófilo se enseñoreó el régimen en la inmediata posguerra. No nos referimos a las sentencias de muerte que continuaron en años sucesivos, sino a los monumentos a los caídos y a las exhumaciones ceremoniales de este tipo: además de la de José Antonio, se organizó la de Sanjurjo, cuyos restos fueron trasladados de Estoril a Pamplona; la de Goded, de Barcelona a Madrid; la de Mola, de Burgos a Pamplona, la de Albiñana...

El Gobierno General, organismo sito en Valladolid y dependiente de la Junta Técnica, para regular las exhumaciones y traslados de restos humanos, estipuló mediante orden de 22 de octubre de 1936 (BOE de 26 y 27 siguientes) que las autoridades dieran " las máximas facilidades compatibles con el aspecto sanitario " a esos traslados, siempre que se efectuaran en féretros de cinc y con el correspondiente informe médico. Otra orden del Ministerio del Interior de 31 de octubre de 1938 (BOE de 1-3 de nov.) establece que " siendo muy frecuentes " las peticiones de familiares que desean dar sepultura a sus deudos en templos y criptas, las solicitudes deberán ser cursadas al propio ministerio, quien las autorizará exigiendo un donativo en metálico.

Acabada la guerra, muchas familias desearon trasladar los restos de sus deudos muertos en combate o asesinados en la retaguardia republicana durante las primeras semanas. Atendiendo a esta situación, una ley de la Jefatura del Estado de 16 de mayo de 1939 (BOE de 16 y 17 siguientes) instaba a los ayuntamientos a que dispensaran o redujeran " las exacciones municipales que gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres y restos de personas víctimas de la barbarie roja o muertas en el frente como consecuencia de enfermedades heridas adquiridas en campaña ". Se justificaba esta medida reconociendo que, por parte de los familiares afectados, se trataba de una " necesidad de rendir el póstumo homenaje de respeto a los restos heridos ".
Hay toda una serie de medidas complementarias de las anteriormente citadas, como la orden del Ministerio de Gobernación (Serrano Suñer), de 7 de febrero de 1940 (BOE 7 y 8 siguientes), que fijaba un modelo oficial de acta de exhumación en el que, entre otras cosas, se exigía que el cadáver fuera identificado por los familiares presentes en la exhumación. Otra orden de 4 de abril del 40 disponía que los ayuntamientos " adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista ". Se trataba en este caso de personas asesinadas en la retaguardia republicana, fruto de la violencia incontrolada de las primeras semanas, las cuales por lo general se hallaban en fosas situadas en parajes apartados. (Una realidad que también se conoció al otro lado de las líneas en un mucho mayor escala, pero cuya consideración aún hoy está pendiente de plantear). La orden preveía que tales restos, por lo general de difícil identificación, fueran acogidos en el futuro Panteón de los Caídos (cuya erección, como veremos, se estaba planteando por esas mismas fechas) y, mientras tanto, los ayuntamientos deberían acotar y cerrar " aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificados o reclamados por los familiares ". Además se solicitaría a las autoridades eclesiásticas la concesión al lugar acotado del carácter " de tierra sagrada, en la misma forma que si se tratase de un nuevo cementerio municipal ". Y cuando el número de cuerpos existentes en la fossa fuese reducido serían trasladados a un lugar adecuado en el cementerio municipal más próximo.
Otra norma del Ministerio de Gobernación de mayo de 1940 de nuevo facilitaba las " exhumaciones de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y por España víctimas de la barbarie roja", previa autorización del gobierno civil. En consideración a la patética muerte de esas personas el traslado quedaba exento del pago de derechos sanitarios.
Por otro lado, no fueron pocas las dificultades de los familiares de los muertos como consecuencia de la guerra a la hora de verificar las correspondientes inscripciones de defunción en los registros civiles y de regularizar situaciones referentes a herencias, derechos, segundas nupcias, etc. También en ese aspecto el Nuevo Estado tendió a ayudar a " sus Caídos " mediante la creación de un registro central de Ausentes, estipulado en el artículo 198 del código civil, que fue reformado con ese fin por una ley de 8 de septiembre de 1939 y un decreto del día 30 siguiente. En este se dispusieron detalladas medidas para que los registradores de la propiedad, notarios y autoridades judiciales, con una serie de requisitos, facilitaran dichas inscripciones de ausencia o defunción. De todos modos se puede observar en la documentación de la Causa General que muchos fallecidos aún estaban sin el correspondiente registro de defunción en 1940. (Es precisamente una de las cosas que se pregunta en la encuesta).
En principio, estas normas, a diferencia de las reseñadas en otros apartados, no hacían discriminación explícita alguna en cuanto al color político de los desaparecidos, pero, a la hora de llevarlas a la práctica, no pudieron ser utilizadas con igualdad por unos y otros. Por indicios documentales y testimonios personales nos consta que no se dieron demasiadas facilidades a los familiares de muertos republicanos en este aspecto. En particular, los familiares de personas "paseadas" o "desaparecidas" durante las primeras semanas en el territorio franquista tuvieron muy difícil o imposible su inscripción registral, y muchas veces los obstáculos burocráticos para ello los ponían quienes habían sido responsables o cómplices de los asesinatos. Es más, sabemos por esos testimonios que incluso en algunos lugares se les prohibía a los familiares mostrar el luto en la indumentaria, costumbre entonces muy general en España. (Vestidos negros las mujeres y brazaletes del mismo color los hombres).
La violencia institucionalizada -y socialmente asumida- y el miedo consiguiente impidieron luego durante muchos años que las familias de las víctimas se plantearan no ya reivindicar la memoria de estas, sino simplemente regularizar su situación registral o localizar los restos y conseguir un enterramiento digno. Cuando la ley 5/1979 otorgó por primera vez ciertas ayudas a estos familiares, algunos tuvieron dificultades para acogerse a la misma, precisamente por carecer de las certificaciones de defunción correspondientes. Obra en nuestro poder, por ejemplo, copia del expediente gubernativo promovido por la señora Basilisa Martín, que en 1981 (¡) solicitó el registro de defunción de su marido -uno de los muchos paseados en la Ribera del Duero burgalesa-, caso que no debió ser único en esa zona, ni mucho menos. Esta mujer logró los correspondientes certificados, pero después de muchos trajines de papeleos y abogados, que le gestionó un hijo suyo.
Tampoco, en general, se ha facilitado el acceso a los fondos documentales de los archivos para dar cuenta a los familiares de los antecedentes relativos a sus deudos. Por testimonio personal de José Luis Manjón Somavilla sabemos que, a principios de los años noventa, los responsables de los archivos militares de la capitanía general de Burgos le impidieron obtener la fotocopia del sumarísimo 339/1936, en el que su padre y otros 20 vecinos de Villadiego (Burgos) fueron condenados a muerte por haberse enfrentado a tiros, al comienzo de la sublevación, a un vehículo de falangistas que se acercaba a su pueblo, sin producir víctimas. José Luis debió ir a las oficinas militares para copiar a mano durante semanas el expediente judicial de su padre y sus compañeros. (Fueron ejecutados nueve, entre ellos su padre) .
Por otra parte, la inmensa población reclusa que originó la contienda padeció un alto índice de morbilidad y de mortalidad como consecuencia del hacinamiento, la mala alimentación, deficientes condiciones higiénico sanitarias, etc. En caso de fallecimiento en la cárcel, no siempre la noticia llegaba a conocimiento de de las familias, que muchas veces ni siquiera sabían dónde se encontraba su pariente, pues era frecuente el traslado de los presos de unos centros a otros (lo que ellos mismos llamaban " turismo carcelario "). Recientemente (en 2003) hemos tenido ocasión de informar telefónicamente a los familiares de un preso de Terrinches (Ciudad Real) muerto por septicemia en la cárcel de Burgos durante la inmediata posguerra. La familia le daba por fallecido, pero no sabía exactamente la causa ni el año ni otras circunstancias. No es la primera vez que atendemos este tipo de consultas.

3.- Grandes proyectos monumentales

Desde que los ejércitos adquieren históricamente un carácter nacional-popular en la época de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y de la Revolución francesa es usual la costumbre de orientar la memoria colectiva de los países hacia la rememoración de los muertos habidos en contiendas anteriores. Esos muertos resultan héroes y su recuerdo es elemento esencial para formar la identidad colectiva y dar cohesión ideológica a los Estados contemporáneos. Particular significación tienen, en este sentido, los monumentos al " soldado desconocido " muerto en alguna de las guerras mundiales del siglo XX (que se llevaron por delante a no menos de 65 millones de personas), y cuyas referencias simbólicas proliferan por todas partes en los países contendientes. Esto es algo independiente de las creencias religiosas, aunque la presencia de estas en esas manifestaciones conmemorativas les da un sesgo especial. Vemos, por ejemplo, que en el proyecto de " monumento a los Caídos " (sic) recientemente inaugurado en el jardín de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y dedicado " a los miembros del personal de las NN.UU. que perdieron la vida a en la defensa de la paz " se integran elementos fuertemente simbólicos (un surtidor de agua central, 191 losas de piedra traídas de los cinco continentes [191 es el número de los países miembros de Naciones Unidas], etc.), pero ninguna referencia religiosa, salvo la que puedan aportar los ánimos de los visitantes del jardín, concebido como " lugar de recuerdo y reflexión ". Por lo demás, esa referencia sería difícil de explicitar, dada la gran diversidad de credos en presencia.
Al acabar la GCE, o incluso antes, surgió una auténtica fiebre de iniciativas para erigir todo tipo de monumentos (cruces y altares, monolitos, grupos escultóricos etc.) encaminados a cultivar el recuerdo a "los caídos", surgiendo incluso cierta rivalidad entre distintas localidades por este motivo. Esto fue muy visible en zonas de reconstrucción y de nueva planta, como la ciudad universitaria de Madrid, muy castigada durante la guerra, cuya ejecución incluyó un monumental arco del triunfo y la inevitable estatua de José Antonio, entre otras cosas.
Por ceñirnos al caso de la provincia de Burgos -objeto preferente de nuestra investigación-, constatamos que, un año después del último parte de gerra, se hallaban inaugurados o a punto de estarlo varios monumentos, sin contar las numerosas lápidas e inscripciones a que ya hemos hecho referencia. El monumento al general Mola, inaugurado por Franco en junio de 1939, fue uno de los primeros primeros proyectos de este tipo. Se trata de una construcción megalómana con arcos y escalinatas hecha por batallones de prisioneros, una fuerza de trabajo muy empleada entonces para obras civiles o de este tipo. Poco depués estaban construídos el llamado "cementerio de los italianos" (ubicado ya en la provincia de Santander, en la subida al puerto del Escudo, pero muy próximo al frente burgalés, desde el cual las CTV participaron en la ofensiva de la primavera y verano de 1937); el monumento a la 62 división del general Sagardía; el de la cuarta bandera de falange de Palencia y otros de menor envergadura en distintos puntos del norte de la provincia, que fue frente de guerra durante el primer año de la GCE .
Al final de la guerra flotaba en el ambiente la idea de realizar, además de obras conmemorativas de este tipo en las provincias, un magno panteón con carácter nacional y máxima carga simbólica. Como es sabido, tal idea se atribuye comúnmente al propio Franco, que la materializaría en la basílica del valle de los Caídos, pero quizá convenga señalar que el proyecto, en términos generales, surgió mucho antes de 1940 (fecha en que aparece el decreto que ordena la construcción de la basílica de Cuelgamuros) y estuvo en vías de concretarse, teniendo a Burgos como escenario.

3.1.- El monumento nacional a los Caídos

Al parecer, la formulación inicial de la idea de un monumento a los caídos -o algo semejante- es una propuesta anónima de principios de noviembre del 36, que va dirigida a la alcaldía por "un buen burgalés" . En ese momento las vanguardias del ejército de África estaban llegando a los arrabales del suroeste de Madrid; la toma de la capital parecía inminente y, con ella, el fin de la Guerra Civil. En Burgos se habían preparado con antelación carteles y grandes fotos de Franco a repartir por la ciudad para celebrar el evento; y el Diario de Burgos tenía dispuestas las planchas que anunciaban la victoria a toda plana.
Es en ese momento cuando algunos ven con angustia la fugacidad con que Burgos ha disfrutado su papel de "Caput Hispaniae" y proponen paliar los efectos del traslado de la jefatura del estado a Madrid con el proyecto de un magno monumento en Burgos. " Próximo a caer Madrid -dice el "buen burgalés" en su escrito- (...) perderá Burgos la importancia que hasta ahora venían teniendo", de manera que había que aprovechar la coyuntura para hacer algunas obras que dieran más empaque a la ciudad. Entre ellas, se sugiere la urbanización del Castillo y la restauración de la fortaleza "para dar elocuentes lecciones de heroísmo". O, si ello resultaba demasiado costoso, se plantea la erección de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús con estatuas alrededor representando a "los actuales salvadores" y a los antiguos héroes (el Cid Campeador, Franco, Mola, etc). Como se ve, la idea inicial no se presenta muy perfilada, pero su intención fue asumida calurosamente por las autoridades locales.
En diciembre, el concejal Moliner presenta una moción al pleno que es tomada en consideración y el alcalde, en febrero del 37, se dirige a Mola anunciándole que el ayuntamiento promueve un museo nacional de la Cruzada -que, en principio, se iba a ubicar en la Casa de Miranda- en el que se expondrán "cuantos elementos puedan obtenerse relacionados con ella: uniformes, emblemas y banderines, armamentos y municiones, arengas y discursos patrióticos (...) recuerdos de esta segunda Reconquista (...) una cosa parecida a la muestra fascista hecha en Roma" . El alcalde pide a Mola que, con ese fin, le entregue un ejemplar de cada objeto mencionado, pero su estado mayor le contesta que todo ello va al servicio de recuperación y que no es posible complacerle. La idea del museo de la guerra cruzada quedó, de momento, aparcada, pero no olvidada, como veremos más adelante. Lo mismo puede decirse del monumento al Cid, por el que se pronunciaron el concejal Moliner, el "buen burgalés" y el general Orgaz.
En lo sucesivo, los esfuerzos se orientaron en otra dirección. El 8 de septiembre del 37 se constituyó, en el despacho que la alcaldía, una comisión pro-Monumento Nacional a los Caídos, bajo la presidencia del propio alcalde y con el jefe provincial de FET-JONS, el presidente de la Cámara de Comercio y otras autoridades como vocales. Su fin era la construcción de un "monumento a los caídos en la Santa Cruzada que a mayor gloria de Dios y salvación del mundo civilizado sostiene España" . El proyecto se concretó en un gran complejo monumental emplazado en el Castillo y en el cerro de San Miguel, que comprendería una plaza de armas, un "Museo de la Revolución" (sic), una biblioteca, una capilla y una cripta, además del monumento propiamente dicho, que consistiría en una gran torre o cruz con un grupo escultórico. (También se formó por las mismas fechas una comisión pro-Monumento a Calvo Sotelo, que no llegó a concretarse).
Aparentemente, la comisión tuvo halagüeños comienzos, pues pronto dijo haber logrado importantes apoyos políticos y económicos. El general Jordana -entonces presidente de la Junta Técnica- y el coronel Antonio Almagro, gobernador civil, aceptaron la presidencia y la vicepresidencia de honor de la comisión, respectivamente, y se anuncia que la suscripción había recaudado 800.000 pesetas en los tres meses iniciales. Pero el asunto enseguida se empantanó en gestiones que no dieron resultado alguno en años sucesivos. El estorbo mayor lo constituía la propia prolongación de la guerra -algo no imaginable en octubre o noviembre del 36-, que obligó a los poderes públicos a volcar sus esfuerzos en ella, dejando en segundo plano un proyecto de carácter histórico-artístico.
Por otro lado, la pretensión de que el monumento tuviera un carácter nacional resultaba desmesurada, al menos para muchos otros ayuntamientos que, al ser requeridos en ayuda, señalaron la existencia de otros lugares con tantos o más merecimientos que Burgos para tener el honor de albergar tamaño monumento (se hablaba de Salamanca, Pamplona o el Alto de los Leones), o bien eran partidarios de hacer no uno, sino varios monumentos de ámbito local o provincial (Bilbao, Cádiz, Córdoba, Oviedo, etc). Por lo que se ve, varios ayuntamientos se habían adelantado al de Burgos en la idea, pues alguno añade que su proyecto ya está dictaminado o incluso en vías de ejecución; es el caso que Las Palmas, que estaba haciendo un monumento en el lugar en que Franco tomó el "Dragon Rapide" para ir a la Península a dirigir el Movimiento.
Pero los concejales burgaleses no cejaron en el empeño. Una moción de enero de 1939 urge a comenzar de inmediato la obras del monumento y da algunas ideas para el proyecto: que en la cripta haya restos de "soldados desconocidos" de cada uno de los países amigos (alemanes, italianos y portugueses) junto a un puñado de tierra de cada una de las provincias españolas en artísticas arquetas con escudos, así como banderas de las distintas unidades fogueadas en combate. Pero estos planteamientos chocaban con los criterios estético-simbólicos que Eugenio D'Ors, Jefe Nacional de Bellas Artes, propugnaba; entre otros, que los monumentos no debían situarse en cumbres o sitios destacados del paisaje "que pudieran alterar su contorno o aspecto habitual"
Al acabar la guerra, los concejales burgaleses creyeron que el proyecto iba a entrar en una fase decisiva. El propio Franco, en la inauguración del monumento al general Mola (junio de 1939) señala que "nuestro monumento a la victoria no será un mausoleo más de piedra, ni un grupo escultórico, cosa de tiempos pasados, tendrá más grande dimensión, tendrá basílica, monasterio y cuartel" . Pero no consta que el dictador estuviera pensando en Burgos para su erección. De hecho, las circunstancias se revelaron adversas. A la competencia o indiferencia de otros municipios se sumó la actitud del propio gobierno, que en agosto del 39 decreta la suspensión de cuantas iniciativas de este tipo hubiera en curso. Un decreto posterior, de abril del 40, dispone que sea el paraje de Cuelgamuros, próximo a El Escorial, el que albergue el monumento a los caídos, así como una basílica y un cuartel de juventudes, y para allegar los medios económicos se ordena la oportuna suscripción nacional. La elección de dicho lugar -no muy lejano al alto de Los Leones, otro de los lugares propuestos - se atribuye al propio Franco, que en años sucesivos seguiría muy de cerca la marcha de las obras, realizadas por presos políticos.
La frustración de las autoridades locales burgalesas ante esta decisión se agranda cuando la Inspección General de Suscripciones ordena que le sean transferidos los fondos recaudados en Burgos. Hubo varias gestiones y maniobras dilatorias para tratar de evitar esto, incluso una petición de audiencia ante Franco -al parecer, no atendida-; y se pide que, al menos, el dinero pueda emplearse en un monumento de tipo local o provincial, hasta que un escrito-ultimátum del gobierno civil, con fecha de 3 de octubre del 40, ordena que en un plazo de veinticuatro horas "sin excusa ni pretexto alguno, que implicaría desobediencia a una decisión de Su Excelencia el Jefe del Estado" se haga dicha transferencia, como así se hizo al día siguiente, fecha en la que, además, tuvo lugar la última reunión de la junta, en la cual decide su autodisolución.
El dinero recaudado (231.175, 25 pts.) ni siquiera fue empleado en la construcción del Valle de los Caídos, sino que fue a parar a la Asociación de Familiares de los Mártires de Madrid.

3.2.- El Palacio de la Isla, residencia del Generalísimo y ¿Museo de la Cruzada?

Relacionada con la idea del proyecto antedicho, estuvo también la de hacer un " museo de la Cruzada " en el palacio de la Isla, residencia oficial del dictador desde el verano de 1937 hasta la despedida oficial de Franco. Cuando esto tuvo lugar, 18 de octubre de 1939, el alcalde Manuel de la Cuesta llamó a todos los burgueses para que despidieran al Caudillo fervorosa y multitudinariamente, y en la nota pública que redacta al efecto exclama: "... la ciudad, como al Caballero de Vivar, le dio como presente el corazón y hoy le dice: Caudillo, aquí está Burgos, gloria a Dios en las alturas y alabanza a ti, Salvador de España" .
Pero, como expresión de agradecimiento hacia él por parte de la ciudad, no era suficiente el haberle otorgado la medalla de oro de la ciudad, nombrado alcalde honorario de la misma, dedicado una de sus mejoras avenidas, lucir su efigie en paredes y medianerías o felicitado una y mil veces por sus victorias. El ayuntamiento quiere tener un último gesto de generosidad e hidalguía con su heroico guerrero y para ello le cede gratuitamente como residencia personal el palacio donde había vivido los dos últimos años y desde donde había dirigido la guerra hasta el "Primer Año de la Victoria ", que se esperaba fuera el comienzo de la Nueva Era nacional-sindicalista.
El palacio se hallaba en la zona más elegante de la ciudad, un ensanche lujoso urbanizado desde finales del siglo XIX, tras la demolición de los lienzos de muralla contiguos al arco de Santa María. En la zona se levantaban los imponentes edificios de la Audiencia, el Banco de España y el hotel "infanta Isabel", contiguos al ambiente más tradicional del hospital de Barrantes, del palacio episcopal y del paseo de los Cubos, flanqueado este por lienzos de muralla hasta la puerta de San Martín. Al otro lado del río había construcciones de no menor calidad: la Merced, (que albergó milicias falangistas durante la guerra y luego fue devuelta a la Compañía de Jesús), el instituto "cardenal Mendoza", la iglesia del Carmen, el seminario menor y la lujosa urbanización de "la Castellana", que estaba entonces en vías de construcción. Todos estos edificios había jugado un papel destacado durante la guerra: el palacio de Justicia albergó al ministerio franquista del mismo nombre (y al tribunal regional de responsabilidades políticas desde su constitución), el hotel había estado monopolizado durante varios meses por pilotos de la legión "Cóndor", etc.
El Palacio de los Muguiro estaba hecho al gusto de la época -una estética historicista emparentada con el modernismo de fin de siglo- y había servido de segunda residencia a una familia de origen navarro ennoblecida por Alfonso XII en los primeros años de la Restauración. El lugar ofrecía algunas ventajas: cierta amplitud, un jardín que proporcionaba un aislamiento favorecedor de la seguridad, y proximidad al centro urbano; pero durante la guerra se había revelado muy insuficiente en cuanto a espacios y dotaciones, pues debía albergar a las familias de Franco, de Serrano y de Franco Salgado-Araujo, además de parte del Estado Mayor, un retén de la Guardia Mora y a la servidumbre. Pero ahora, en época de paz, podía muy bien desempeñar otro papel .
En 1938, la ciudad de La Coruña había donado a la familia Franco el castillo de Santa Cruz y el pazo de Meirás, que habían pertenecido a la familia de Emilia Pardo Bazán. No sabemos si fue por influencia de este donativo el que las autoridades burgalesas decidieran tener aquí un gesto semejante con Franco. El caso es que la corporación, a propuesta del alcalde, decide adquirir el palacio y ceder su propiedad al Caudillo "para que sirva de residencia al Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos nacionales en sus estancias en Burgos, a fin de que esta ciudad disponga siempre de alojamiento digno de tan egregio huésped". Las estancias, se dice, "habrán de ofrecer al Caudillo Salvador de España mansión, jardines y oratorio que sirvan de reposo, solaz y comunicación con el Altísimo" .
En el expediente que se inicia se añade que el edificio, cuando no se halle habitado por el Jefe del Estado, podrá servir de residencia a altas personalidades que se encuentren en tránsito por Burgos. Pero, además, se pretendía que el palacio tuviera cierto carácter de monumento o museo de la Cruzada. Para ello se conservarían los despachos y habitaciones como habían sido utilizados desde mediados de 1937, incluso con los mapas de operaciones militares y los documentos de las últimas órdenes de guerra, que Franco deja expresamente. El jardín se adornaría con placas, alegorías y leyendas de los principales hechos "durante el tiempo en que el Generalísimo llevó desde Burgos sus ejércitos por rutas de inmortalidad y de Victoria". (De hecho, la idea del museo era ya vieja al acabar la guerra, pues en marzo de 1937 ya se había planteado la posibilidad de reconvertir la Casa de Miranda con ese fin, para "testimonio vivo y perenne que diga a las generaciones venideras lo que significa y es el actual Movimiento Nacional y cómo obra la joven y antigua España y cómo se ha conducido la anti-España" ).
Se constituyó una comisión mixta especial, integrada por concejales y diputados provinciales, bajo la presidencia del edil José Ramón Echevarrieta, con el fin de hacer gestiones, planear las reformas y, en lo sucesivo, garantizar el mantenimiento que el edificio necesitara. La compra de este supuso un desembolso 821.025,22 pesetas, que fueron costeadas a partes iguales por el ayuntamiento y la diputación. Ambas instituciones, en lo sucesivo, harían frente del mismo modo a cuantos gastos originara el mantenimiento del palacio. En el año siguiente la comisión empleó más de 300.000 pesetas adicionales para la adquisición de muebles, vajilla y enseres, lo que obligó a ambas corporaciones a pedir un nuevo préstamo por más de 600.000 pesetas, que se añade a los contratados anteriormente, con el consiguiente aumento de las cargas financieras.
Por otro lado, la comisión solicitó del Alcázar de Toledo y de los ayuntamientos de Badajoz, Teruel, Madrid, Oviedo, Andújar (Santa María de la Cabeza) y otros lugares el envío a Burgos de "sillares, tierras, piedras o restos de columnas" que recuerden las gestas pasadas y que puedan adornar y servir de testimonio para la posteridad en los jardines del palacio. El conjunto, así adornado, adquiriría cierto carácter museístico que se creía interesante. Según el expediente, hay testimonios de que algunos objetos fueron enviados a Burgos , y debieron colocarse en el jardín del palacio, al menos por un tiempo, pero no hemos podido averiguar qué fue de ellos posteriormente. (A título de hipótesis, sugerimos la posibilidad de que fueran enviados al Alcázar de Toledo cuando este fue habilitado como una especie de museo de la Cruzada).
Mientras tanto, la penuria financiera de las corporaciones burgalesas les obligó a solicitar a la Dirección General de Bellas Artes en 1942 que reconociera el edificio como monumento histórico-artístico, y se hiciera cargo de su mantenimiento. Y aunque el director general, marqués de Lozoya, señala que "el edificio carece de cualquier valor artístico", el informe de la Real Academia de la Historia resalta su valor porque "durante la Cruzada Nacional sirvió de residencia al Generalísimo de los ejércitos y Caudillo de España, en la ciudad de Burgos, y en el cual se concibieron los más gloriosos hechos de armas". El palacio pasó al patrimonio nacional y en lo sucesivo las reformas y gastos de mantenimiento debieron ir, en teoría, a cargo de los presupuestos del Ministerio de Educación. (Decimos "en teoría" porque la comisión mixta siguió existiendo durante muchos años, hasta la década de los sesenta, al menos, haciéndose cargo del mantenimiento del edificio) . Por fin, el Ministerio de Hacienda, respondiendo a requerimientos del alcalde Martín Cobos y del presidente de la Diputación, Dancausa, otorga una compensación económica de 1.175.613, 17 pts. por los gastos efectuados en el palacio los años anteriores, gastos que, según las citadas autoridades ascendían a más de 2.500.000 pts., si bien harían falta aún 1.670.000 pts. más para "completar el proyecto que permita quede el palacio con la prestancia y decoro que corresponde" . Así pues, el edificio siguió generando gastos unos cuantos años más.
Franco, al parecer, no quiso aceptar la cesión como patrimonio personal, pero usó el Palacio como residencia en las frecuentes ocasiones que visitó Burgos durante los años siguientes. Generalmente solía ser en los veranos, a veces yendo hacia el norte o en visita expresa para alguna celebración protocolaria en Burgos. Ocasiones destacadas fueron las celebraciones del Milenario de Castilla, en 1943, (cuando por segunda vez se entregó a Franco la medalla de oro de la ciudad), el X Aniversario de la Exaltación a la Jefatura del Estado, en 1946, o la inauguración de la estatua del Cid, en 1955. Como señala el profesor Peña Pérez, el nuevo régimen usó la figura del Campeador como uno de sus mitos de referencia privilegiados: "... al Cid, cuya estampa simbólica se actualiza en la estatua ecuestre (...) le correspondía, en este proyecto de rehabilitación cultural del régimen, la gloria de ser el guardián intimidador de la identidad y unidad de la Patria, ya casi eterna" . El franquismo asumía y refrendaba con todos los honores uno de los viejos sueños de "buenos burgaleses".

4.- Canonizaciones y beatificaciones

El régimen nacional-católico -que, entre otras cosas, bautizó a la GCE como " cruzada "-, tenía que dar una consideración muy especial a los religiosos muertos durante la guerra. Según datos oficiales de la Conferencia Episcopal Española, serían 6.832 los religiosos, tanto seculares como seglares, que habrían sido asesinados entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 . (Ignoramos si en ese total se incluyen los 16 sacerdotes vascos fusilados por el ejército franquista). La inmensa mayoría de ellos fueron víctimas de la persecución religiosa en zona republicana durante los primeros meses de la sublevación, especialmente en las grandes ciudades, donde el anticlericalismo estaba muy arraigado entre las masas proletarias y ciertas clases medias.
La Causa General, a la que haremos referencia, mostró una atención específica a los desmanes de los que fue víctima el clero español, así como a los robos, profanaciones y destrozos que sufrieron los templos en zona republicana, lo cual quedaba ilustrado con multitud de fotografías tremebundas centradas en esos hechos.
A pesar del tiempo transcurrido, este sigue siendo un tema polémico, incluso en torno a la cuestión básica de fijar el número de víctimas habidas. Las mismas fuentes confesionales son parcialmente contradictorias. Así, por ejemplo, mientras la Conferencia Episcopal Española fija la cifra de muertos antedicha sólo para el período de la GCE, la asociación Hispania Martir avanza los mismos dígitos exactamente, pero incluye en ellos los religiosos víctimas de la violencia durante los años 1931 y 1936, y particularmente los habidos a consecuencia de la revolución de Asturias de octubre del 34. Más significativo resulta que, cuando la guía de la iglesia en España, en 1954, es decir, con una distancia temporal respecto de la contienda ya notable, cuantifica en 7.287 el número de víctimas entre los religiosos, advierte que su relación incluye los sacerdotes muertos en el frente como capellanes, los que fallecieron " por penalidades " (sic) e incluso, en algunas diócesis, los muertos naturales. El listado integra asimismo a los seminaristas muertos en las trincheras " por Dios y por España ", de los que nos consta hubo una aportación considerable a las filas de los sublevados .
A la vista de estos datos, no parece suficiente la diferencia numérica entre los datos citados de la Conferencia Episcopal y los de 1954 (455 personas), para poder incluir todos esos casos ajenos a la violencia deliberada en la retaguardia republicana y para poder calibrar los efectos destructivos que para la mayor parte del clero español trajo su beligerante alineamiento -no sólo ideológico- con los sublevados. (Sin que con estas reflexiones queramos aminorar lo más mínimo la condena moral que merecen estos crímenes). Por el mismo motivo, habría que considerar hasta qué punto, en muchas iglesias rurales próximas a los frentes de combate, los destrozos se deben a la propia guerra y no a la violencia anticlerical, teniendo en cuenta que los campanarios, por ejemplo, eran excelentes puntos de vigilancia y de tiro frente al enemigo, y así fueron utilizados por unos y otros.
Sea como sea, este amplio cupo de religiosos asesinados fue considerado desde el primer momento como una gigantesca promoción de mártires, merecedores, en buena medida, de iniciar su camino hacia los altares a través de los correspondientes procesos de beatificación y canonización. Estos fueron iniciados en 1939, siendo uno de los primeros beatificados el hermano Jaime Hilario, fusilado en Tarragona en 1937. Y continuaron con cierta rapidez durante el pontificado de Pío XII, cuyo inicio coincide prácticamente con el final de la GCE. Para septiembre de 1953 había 353 españoles entre los incluidos en causas de beatificación y canonización incoadas ante la Sagrada Congregación de los Ritos, de los cuales 174 -la mitad aproximadamente- habían muerto entre 1936 y 1939. Estos procesos siguieron tramitándose durante el pontificado de Juan XXIII, pero fueron paralizados por Pablo VI hasta llegar al papa actual.
El período de Juan Pablo II (1978- ), tan notable por otros conceptos, también lo ha sido en lo relativo a las canonizaciones. Baste decir que el número de nuevos santos y beatos elevados en sus veinticinco años de ejecutoria -443 y 1227 respectivamente-, supera ampliamente al total de los existentes en toda la historia anterior de la iglesia católica -296 santos y 808 beatos-. Entre esos nuevos beatos, 471, -el 38%-, corresponden a religiosos muertos durante la GCE, lo cual constituye un aspecto de la política pastoral del papa Wojtyla que ha resultado bastante polémico, y no sólo entre sectores laicos, de la sociedad española.

5.- La " causa general "

Los sublevados el 18 de julio trataron de justificar su golpe presentándolo como una reacción preventiva ante el supuesto peligro de una inminente y sangrienta revolución comunista en España. Según esa idea, los grupos de izquierda españoles, actuando como longa manus de malignas fuerzas internacionales -el comunismo y la masonería- tenían ya fecha fija para una insurrección generalizada en todo el país, a la cual seguiría un mortífero ajuste de cuentas contra las personas de orden, los eclesiásticos, los patronos y los terratenientes. El país se hundiría en el caos y la barbarie, siguiendo las pautas de la revolución bolchevique y continuando una diabólica tendencia cuyo objetivo último sería la desaparición de la civilización cristiana occidental.
Esta peregrina idea, ya avanzada por los nazis, no es sino una versión más de la entonces ya vieja noción de la conspiración judía internacional, que, con distintos tonos y variaciones ha quejado a algunas conciencias europeas desde hace siglos. Resulta un mito negativo muy poderoso, que sirve para corporeizar en un grupo humano determinado -los judíos, los masones, los jesuitas, los comunistas,... los marcianos, etc- las causas de los sentimientos de ansiedad o angustia generados por los cambios en la sociedad contemporánea y por la emergencia de formas de vivir y pensar distintas a las de la cultura propia . Los apologistas del franquismo elaboraron cuidadosamente ese mito, que en su origen era una burda patraña, tal como demostró hace años el profesor Southworth , y luego fue incorporado a la historia de la Cruzada dirigida por Joaquín Arrarás, repetido por la historiografía franquista y, ya en tono menor, asumido por los revisionistas actuales.
No vamos a entrar en ese debate, que para nosotros está concluso hace ya mucho tiempo solamente vamos a señalar cómo el mito del complot se halla explicitado en la formulación de la Causa General, incoada a principios de 1940. El decreto que la ordena, de 26 de abril (BOE de 4 de mayo) enuncia que se trata de un " proceso inquisitivo " destinado a investigar

cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados, lo mismo en el orden material que en el moral, contra las personas o contra los bienes, así como contra la Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio nacionales

Estos crímenes y daños materiales, se dice, en sintonía con el concepto de complót antes aludido, convenía averiguarlos de un modo sistemático, abarcando todo el territorio nacional, supuesto que, " por sus similitudes y coincidencias descubren un plan preconcebido, fruto de unas mismas inspiraciones al servicio de los más perversos ideales ". En consecuencia, el fiscal del Tribunal Supremo procedió a incoar un gigantesco expediente que comenzó con una encuesta dirigida a los alcaldes de todos los municipios de España, los cuales debían responder de inmediato con un informe certificado en que constara la relación nominal de las víctimas de " los rojos " avecinadas en el municipio, así como las circunstancias relevantes de los crímenes: responsables, encubridores, fecha, inhumación o no de los cadáveres, etc. Así mismo, se solicitaban informes acerca de los desperfectos ocasionados en el patrimonio cultural, en el eclesiástico o en bienes muebles o inmuebles de particulares y se ordenaba a las autoridades judiciales que hubieran incoado causas de este tipo que las entregaran al fiscal general.. Obviamente, aunque no se dice en el documento, se estaba hablando de los tribunales militares que venían actuando con procedimientos sumarísimos en las zonas " liberadas " desde 1936.
Es difícil que, para mayo de 1940, cuando se incoa la Causa General, quedara algún adversario real o potencial del Movimiento que no hubiera caído ya de una u otra forma bajo las garras de los tribunales militares, de la violencia " incontrolada " de las primeras semanas en la zona nacional, de las comisiones de incautación de bienes o del tribunal de responsabilidades políticas, creado un año antes que la propia Causa General. (y, por si fuera poco, el mismo año 1940 se públicó la ley de represión de la masonería y el comunismo), por lo que debemos ver en esta iniciativa, de carácter político simbólico, el designio de demostrar documentalmente la intrínseca perversidad de republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, librepensadores y cuantos hubieran sostenido al régimen republicano. (Los que vulgarmente -y no sólo vulgarmente- eran denominados " rojos ").
La intención era que, una vez concluida la causa, el Ministerio de justicia publicara una " memoria resumen comprensiva de los resultados de las actuaciones y estudio de la delincuencia marxista en todo el territorio español ". Tal documento constituiría el monumento a la infamia, algo así como el reverso de la labor conmemorativa y exaltadora de los Mártires y caídos por Dios y por la Patria, merecedores, como veremos a continuación, de un tratamiento "sagrado".
El carácter burdamente maniqueo de la Causa General queda acentuado si se considera el contenido de la ley de 23 de septiembre del mismo año, que estableció una amnistía para cuantos, desde el 14 de abril de 1931 hubieran cometido delitos " contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones (...) por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional".
Esta zafia y brutal separación entre buenos y malos, entre españoles y anti españoles, es quizá la formulación más vergonzosa de la teoría de las " dos Españas " y, lo que es peor, dio la pauta de lo que iba a ser durante muchos años la actitud deMovimiento a la hora de eliminar a sus adversarios. La posguerra no se inició con medidas de reconciliación y perdón hacia los vencidos, sino de consolidación de un régimen de represión permanente y de desprecio hacia las víctimas de su violencia.
En cualquier caso, contra lo que el régimen dictatorial esperaba, la tramitación de la Causa General no dio el resultado apetecido, pues los datos evidencian una represión republicana mucho menos significativa cuantitativamente de lo denunciado en un primer momento. Si al principio se hablaba de cientos de miles de víctimas de la " horda roja " (por ejemplo, Serrano Suñer, en un discurso de junio de 1938, decía hablar " en nombre de los 400.000 hermanos muertos martirizados por los enemigos de Dios " ) la Causa acabó con un saldo bastante inferior a las 100.000 personas, de modo que la síntesis general nunca se publicó, sino sólo un avance parcial en 1943, lleno, eso sí, de fotografías macabras. La documentación acumulada permaneció inaccesible a los investigadores hasta mediados de los años ochenta.

Además, la tramitación de la Causa General involuntariamente puso en evidencia realidades muy distintas a las que el régimen deseaban mostrar . No fueron escasos los alcaldes que, no teniendo víctimas de la violencia republicana a los que señalar, no tenían mayor inconveniente en mostrar la eficacia que en su municipio habían tenido los partidarios del Movimiento. Así, el alcalde de Fuentemolinos informa de que en su pueblo no ha habido ninguna víctima de la " barbarie roja ", pero -añade- " si tuvieran que ser incluidos los desaparecidos en los primeros días de estallar el Glorioso Movimiento, por sus ideas izquierdistas, ruego me devuelva el adjunto oficio para su cumplimiento ". El escrito de Mahamud es de parecido tenor, pero en este caso se envían los nombres y apellidos de tres " desafectos al Glorioso Movimiento Nacional (que) han desaparecido ". En Villamayor de los Montes del asunto es más grave. En la relación figuran ocho personas de las que, en algunos casos, se expresa su condición de concejales y alcalde del pueblo, así como su " desaparición " el 31 de agosto y el 12 de septiembre de 1936. Dado que el pueblo, situado en las proximidades de Lerma, se halló desde el primer momento en zona nacional, parece claro, y así lo hemos podido confirmar con testimonios de ciertos vecinos, que se trata de ciudadanos de significación republicana víctimas de la represión de los sublevados. Es más: se cree saber dónde se halla su fosa común, cerca de la cuneta de la carretera N-1, que discurre a pocos kilómetros del pueblo.
No son las únicas irregularidades que hemos podido advertir en la documentación de la Causa General. Son varios los casos en que quedan registrados fallecimientos que son consecuencia de acciones de guerra, no de la represión, ya sea entre militares o entre civiles, como es el caso de fray A. Campo Pascual, vecino de Yudego-Villandiego, a quien la guerra le sorprendió en Barcelona y que fue " muerto por la aviación nacional " (sic).
Es de suponer que este tipo de irregularidades y errores documentales no sea un exclusivos de esta provincia, lo cual, por sí mismo bastaría para invalidar un iniciativa política de todos modos viciada en origen.

6.- Toponimia callejera

Un aspecto de la simbología urbana que resulta muy afectado por los vaivenes políticos -especialmente si son drásticos o traumáticos- es el que se refiere a la denominación de las vías, lugares y edificios públicos (educativos, culturales, deportivos, etc). Ello queda reflejado en la dedicación de éstos a personas, hechos, conceptos o valores en sintonía con el régimen político bajo cuyo amparo actúa la administración denominadora, que suele ser el ayuntamiento, ya sea bautizando calles o lugares de nueva planta o mediante el cambio de nombres anteriores que se consideran inaceptables.
Dado que es un asunto de conocimiento general y que ha afectado a casi todos los núcleos habitados de España, sólo nos referiremos a la ciudad de Burgos a título de ejemplo (por lo demás, y contra lo que podría pensarse, no especialmente significativo, a pesar de haber ostentado con orgullo y durante décadas el título de "Capital de la Cruzada" )
Vemos en el cuadro del anexo la relación de vías públicas afectadas por este tipo de cambios, que no merecen mayor comentario en cuanto a su significación por ser análogos a los que se produjeron en otros núcleos urbanos y que sacamos aquí a colación porque, evidentemente, son un aspecto más del mantenimiento de la memoria histórica con un sesgo muy determinado.
Casi todas esas denominaciones surgieron durante la GCE o en la inmediata posguerra, en algunos casos para bautizar avenidas del ensanche urbano. Quizá vale la pena mencionar las peripecias de la actual calle de la Merced, una de las más céntricas y vistosas. En origen debe su nombre al monasterio mercedario y a la iglesia gótica de igual nombre (s. XV), que se hallaban situados en ella. El primero desapareció con la desamortización, siendo ocupado su solar por los jesuitas a finales del siglo XIX. Proclamada la II República y a instancias del grupo municipal socialista, esta fue una de las pocas vías cuya denominación fue alterada, en este caso para recordar al fundador del PSOE, Pablo Iglesias. El cambio fue duramente criticado por la derecha y el clero local, tanto más cuanto que, como es sabido, la Compañía de Jesús fue disuelta como consecuencia de un mandato constitucional. (La iglesia de la Merced pasó a depender del arzobispado). Así pues, cuando llegó el bienio radical-cedista, las derechas burgalesas aprovecharon para devolver a la calle su nombre anterior. Pero la época del Frente Popular y la franquista supusieron sendos cambios adicionales, en el sentido que se puede imaginar. El nombre propuesto por las izquierdas era máximamente inconveniente, si tenemos en cuenta que el inmenso caserón jesuítico fue usufructuado durante la guerra por el cuartel general de FET de las JONS y sirvió luego como alojamiento provisional de la academia de ingenieros militares. (Posteriormente, la dictadura devolvió sus bienes a los jesuítas, que han acabado vendiendo el inmueble a una cadena de hoteles de lujo. Se conserva dentro de él su hermoso claustro: donde en otro tiempo deambulaban los discípulos de Loyola y se agitaban frenéticos los uniformados fascistas hoy se celebran desfiles de modas y convenciones de ejecutivos y empresarios. Llegó por fin la "modernidad").
Así mismo, cabe decir que el muy reciente expurgo del nomenclator franquista no es tan radical y exhaustivo como puede parecer, pues deja aún en el tintero muchos nombres de personajes ligados al bando nacional o a la dictadura ya consolidada, si bien por lo general se trata de gente no muy conocidos por la mayoría del vecindario con ese carácter. Así, encontramos aún nombres de próceres tan destacados como el cardenal Pedro Segura -de origen burgalés-; el arzobispo de Castro, primera autoridad religiosa durante la GCE y ferviente partidario del Movimiento-; los condes de Jordana y de Vallellano, figuras políticas de primer plano en el Nuevo Estado; de Julio Sáez de la Hoya o Máximo Nebreda (falangistas locales caídos los primeros días), por no hablar de los políticos locales o nacionales ligados al régimen: Manuel de la Cuesta (alcalde varias veces y diputado), Pedro Alfaro, Martín Cobos , Eladio Perlado, López Bravo, López Rodó...

Por otra parte, el recuerdo de los "viri illustres" queda también reflejado en la denominación de edificios y lugares públicos. En Burgos resulta muy notable, a este respecto, el tratamiento dado al General Juan Yagüe, que ocupó la capitanía general de esta región durante casi diez años (1943-52) y que ya antes, quizá desde su actuación represora en la llamada "revolución de Asturias", era muy popular entre las fuerzas vivas y la derecha sociológica burgalesa. Gustaba aquí su talante de hombre enérgico ante los envalentonamientos de las izquierdas y se le atribuía, en parte con motivo, su contribución al "éxito" de la Guerra Civil. Aunque era de origen soriano, se le consideraba burgalés de adopción, pues hizo estudios en Burgos y casó con una mujer burgalesa. Pues bien: en reconocimiento a esa ligazón con la cuna del Cid -con el que alguna vez se le comparaba, lo mismo que al propio Franco- el nombre de Yagüe figura en un polideportivo militar, un hospital general, una barriada y un grupo escolar, todos ellos construidos durante su mandato. El cambio de denominación de la avenida que llevaba también su nombre no fue del todo asimilado por muchos burgaleses, que le seguían considerando un gran militar y un gran español .