'La otra deuda histórica' por María Teresa Cásedas
Heraldo de Aragón - mayo de 2002

Quienes sufrieron martirio en Aragón durante la Guerra Civil serán beatificados. Así rezaba uno de los titulares de este diario hace apenas dos semanas. Y lo hacía en una fecha de extraordinario valor simbólico para todos los que nos reclamamos demócratas: el 14 de abril, cuando se cumplía el 71 aniversario de la proclamación de la II República.

El aniversario pasó, un año más, sin pena ni gloria en nuestro calendario. Pero la publicación de la noticia de que la Iglesia católica prepara nuevas causas con el objetivo de beatificar a quienes cayeron 'por defender su fe' no ha hecho sino provocar en mi persona una seria reflexión sobre la mejor manera de honrar la memoria de quienes fallecieron en aquellos años turbulentos.

Ante todo, he de manifestar que no sólo mi ideología, sino también mi biografía, me obliga a afrontar esta tarea. Mi abuelo, alcalde de un pueblo aragonés elegido democráticamente en las urnas, fue asesinado junto a otros once convecinos en el mes de agosto de 1936. Pero, pese a su condición de católico, antepuso la defensa de los valores democráticos y laicos de la República de trabajadores que proclamaba la Constitución de 1931 a cualesquiera otros. Unos valores muy semejantes, sin perder de vista el contexto histórico de la década de los treinta, a los que postula nuestra Constitución actual, fruto del consenso y de la tan traída y llevada reconciliación nacional.

Es evidente que, de acuerdo con las premisas establecidas por la curia eclesiástica, mi abuelo nunca será beatificado. Ahora bien, ni a él, ni a tantos otros que, como él, murieron por defender la democracia les ha llegado aún el más mínimo reconocimiento por su labor como precursores de la actual España constitucional.

Hasta la fecha sólo recuerdo un hecho en el que de una manera solapada, sino silenciosa, su memoria ha sido rehabilitada. En los años ochenta se levantó en mi pueblo un pequeño monolito que rinde tributo 'a todos los vecinos que murieron durante la Guerra Civil'. Todo un ejemplo dado por la corporación municipal para no reabrir heridas que, sin lugar a dudas, mereció la aprobación general tras más de cuarenta años en los que dicho honor sólo tuvo como destinatarios 'los caídos en el bando nacional'.

Sin embargo, no creo que todo ello sea suficiente. Nuestra democracia nunca podrá cerrar el episodio histórico republicano si se ve obligada a postergar a quienes lograron que, por primera vez, en pueblos y ciudades de España se votara en libertad y se construyera un verdadero Estado de derecho.

¿Es razonable que pervivan aún en los callejeros de muchos pueblos denominaciones franquistas y se ignore a quienes fueron históricamente los primeros responsables municipales elegidos con el voto democrático de sus convecinos? ¿No constituye un desatino que nuestra democracia no haya movido apenas un dedo para restablecer la memoria de los vencidos, el honor mancillado de quienes alumbraron la primera democracia real que conoció España? Sin lugar a dudas, el hecho de que en la actualidad el Congreso de los Diputados no haya sido aún capaz de condenar el golpe de estado que dio lugar a la Guerra Civil explica nítidamente el estado de la cuestión.

Nos encontramos en los primeros años del siglo XXI y la luz debe iluminar ya todo el pasado oculto de nuestra más reciente historia. Constituye, ante todo, nuestra obligación ética como demócratas y un compromiso ineludible con quienes arriesgando su vida hicieron posible aquella extraordinaria experiencia democrática en la que, por primera vez, el protagonista de la historia fue el pueblo, el mismo sobre el que en la actualidad recae la soberanía nacional.

Esta es, a mi juicio, la otra deuda histórica. De la que nunca apenas se habla ni escribe. Pero para la que urge sobremanera articular un modo honorable con el que lograr su condonación. Porque sólo así se resarcirá, aunque sea parcialmente, a nuestros más veteranos demócratas. Y todo ello en favor de nuestro sistema democrático, heredero imperfecto de un modo u otro de aquel que se implantó en España hace más de setenta años.