Las tareas pendientes
EL PAÍS - 15/12/2002 - Emilio Silva

El pasado 20 de noviembre, 27 años después de la muerte de Francisco Franco, todos los grupos parlamentarios -incluido el Partido Popular- aprobaron una resolución que condena el uso de la violencia para imponer, como ocurrió en el pasado, convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios y reafirma el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron la represión de la dictadura franquista. En esta página se analiza desde diferentes perspectivas el alcance que debe tener el proceso de recuperación de la memoria de la dictadura.

Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El proceso de recuperación de la memoria y del conocimiento de la dura realidad de la guerra civil y del franquismo evidencia la necesidad que tiene la sociedad española de conocer su historia reciente. El impacto causado por la exposición sobre el exilio, realizada recientemente en Madrid, la apertura de las fosas comunes o el documental sobre los niños secuestrados a las presas republicanas, es un reflejo del desconocimiento generalizado de esa parte de la historia. Amplios sectores sociales se encuentran sorprendidos por lo que están conociendo, y los que ya lo conocían y lo padecieron están necesitados de reconocimiento, de ver ese reflejo de sus vidas en espacios públicos. Si no seguimos el proceso de países como Alemania o Francia en la revisión del pasado relacionado con el fascismo, y no se habla y se cambia el significado de ese pasado y de nuestra relación con él, seguirán en nuestra identidad y habitando en nuestro inconsciente colectivo efectos que causó directamente la dictadura.

Durante la excavación de una fosa común llevada a cabo este verano en Cubillos del Sil (León), el hijo de uno de los hombres cuyos restos estaban siendo exhumados vivió especialmente asustado el inicio de los trabajos arqueológicos. Pensaba que en cualquier momento podían aparecer por allí de nuevo los falangistas que se llevaron a su padre y repetía una frase que tiene que ver con los sentimientos de muchas personas que no han tenido la oportunidad de alejarse del miedo: 'Todo lo que brota, lo cortan'. En estos 27 años de democracia hay miles de españoles que siguen teniendo miedo y eso es algo que no debería subsistir en un régimen basado en la libertad.

Los acuerdos tomados por las élites en los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco garantizaron un proceso de estabilidad política, pero tuvieron graves consecuencias en las mismas familias que perdieron la guerra y padecieron la represión franquista. Pero cuando un individuo ha crecido, cuando una sociedad democrática es madura, tiene la obligación de asumir las consecuencias de sus actos. Y por eso es preciso que la sociedad española, alcanzado ya un amplio grado de solidez democrática, asuma las consecuencias de lo que hizo y recompense a esas miles de familias que fueron echadas al olvido. Las interpretaciones inmaculadas de la transición deben dar paso a visiones con matices, a un conocimiento más aproximado de los actores y del papel que desempeñaron que nos permita a las generaciones que no la hicimos valorar hasta qué punto fue necesaria la construcción de esta deuda histórica. Algunos de los partidos que firmaron la proposición sobre la condena del franquismo el pasado 20 de noviembre parecen haber acordado evitar el uso electoral de ese debate. Ésa es una opción que les compromete a ellos. Pero eso no debería convertir el proceso de recuperación de la memoria en un segundo acuerdo por el silencio. Se hace evidente que es primordial el compromiso de diferentes sectores sociales, desde el Gobierno a los medios de comunicación, para que se facilite ese debate, para que se escuchen las voces de las víctimas sin miedo a levantar la venda y ver lo que la herida esconde. Cuando comenzaron en El Bierzo las primeras exhumaciones de fosas comunes algunos columnistas conservadores anunciaron la llegada de la revancha. Existe un miedo en España a que este proceso vaya acompañado por nombres de los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron lugar tras la guerra civil. Miles de españoles participaron en ellas, las apoyaron y las aplaudieron y con la llegada de la democracia la ley de amnistía permitió que no tuvieran por ello ninguna responsabilidad penal. El derecho a conocer todos los rincones de esta que es nuestra historia no prescribió con aquella decisión política. Si eso no fuera posible habría que plantearse qué democracia hemos construido que no soporta revisar las consecuencias del franquismo.

Pero ese conocimiento está sembrado de obstáculos. Existen todavía en España miles de documentos, en gran parte bajo jurisdicción militar, que no pueden ser investigados. Decenas de miles de jóvenes españoles no han estudiado en sus centros de enseñanza ni la Segunda República, ni la guerra civil, ni la dictadura franquista. Es posible que la causa sea lo extenso de los programas académicos pero, ¿qué jóvenes está educando nuestra sociedad para los que esa parte de la historia no es su historia? ¿Qué identidad están tejiendo ajenos a esos acontecimientos? La recuperación de la memoria debe servir para poner las cosas en su sitio, para acercarnos a la realidad, a toda la realidad, sin temer que nadie vaya a cortar lo que está brotando. Y para ello es necesario un debate sembrado de propuestas que llene de contenido la proposición de reconocimiento moral de las mujeres y los hombres que padecieron la represión franquista, recientemente aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Habrá que ver si el Valle de los Caídos se queda como está o si en su nave central se instala una gran exposición permanente que explique cómo se hizo, quiénes lo hicieron y por qué fueron obligados a construirlo. Habrá que ver si los cuatro presidentes que han gobernado el país desde las elecciones de junio de 1977 realizan un acto simbólico de agradecimiento a estas familias o es suficiente con lo aprobado el pasado 20-N en la Comisión Constitucional. Habrá que ver si es necesaria la construcción de museos que recuerden aquellos acontecimientos o es suficiente con que formen parte de los libros. Habrá que ver si las empresas privadas que se enriquecieron con la mano de obra de los presos políticos tienen hoy alguna responsabilidad, ¿o ha pasado demasiado tiempo?

Se trata de llevar a cabo un debate que tras la muerte de Franco no se pudo hacer. Se trata de que la transición se convierta en lo que realmente se debió llamar y no se pudo pronunciar: una recuperación de la democracia que ya había llegado a España en noviembre de 1933, cuando votaron por primera vez las mujeres y los hombres con sufragio universal. También habrá que ver si ésa es una fecha que hay que celebrar, como lo hace cualquier democracia consolidada, o es mejor que siga habitando en la desmemoria colectiva. Con la restauración de la democracia tras la muerte de Franco miles de familias españolas renunciaron a sus derechos para permitir que el proceso político fuera estable. Esos hombres y mujeres, sus hijos y sus nietos viven todavía las terribles repercusiones emocionales de la dictadura. Ya es hora de que se les reconozca y se les agradezca todo lo que han sufrido por defender la democracia. Y que por fin, lo que desde ellos está brotando, nadie lo corte.