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Gijón, M. C.

Gregorio Díaz Dionis, experto informático de 58 años, argentino hijo de exiliados canarios, es el presidente de Equipo Nizkor, una asociación internacional de derechos humanos que se encarga de la divulgación de documentos a través de internet. Hoy ofrece una conferencia, a las seis y media de la tarde, en la Biblioteca Jovellanos de Gijón, invitado por la Mesa de Diálogo por la Recuperación de la Memoria Histórica - Frente Norte. "

-¿Qué va a exponer?

-Hablaré sobre el modelo de impunidad español y los crímenes franquistas.

-¿Modelo de impunidad?

-Está basado en el no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo en la guerra civil y en la dictadura.

-¿A qué se refiere con reconocimiento jurídico?

-Una resolución de Naciones Unidas de 1946 dice que en la España franquista se cometieron crímenes de lesa Humanidad, algo que no han reconocido ni el Parlamento ni la justicia españoles.

-¿Quiere decir que habría que juzgar a los culpables?

- Eso lo tendrá que decidir la justicia. El problema no es que existan verdugos o no. El problema es que se niegan derechos civiles a un tipo de víctimas. No se trata de venganza; no queremos colgar a nadie. Es un problema de justicia. Por ejemplo, con los “niños de la guerra" los supervivientes del campo de exterminio de Mauthausen, los oficiales españoles en ejércitos aliados en la Il Guerra Mundial o los hijos de emigrantes a México (que no reconocía a la dictadura) perdieron la nacionalidad española. Aún no se les ha devuelto.

-¿No supuso la transición un borrón y cuenta nueva?

-La Constitución no recoge nada de eso. Además, reconoce que en cuestiones de derechos humanos se aplicarán las convenciones internacionales. Ningún Parlamento puede decir a los ciudadanos de un país que no tienen derecho a la justicia. En España las libertades civiles, como discurso, se perdieron en el golpe de Estado de 1936. Hoy no hay ningún partido político que asuma Ias libertades civiles, al contrario de lo que ocurre en Francia, donde existe una comisión parlamentaria de derechos humanos. IU tenía una secretaría de derechos humanos, pero ya no. Y no hablo de algo que afecte al abuelo Batallitas; también afecta a ciudadanos actuales de este país.

-¿Afirma que se vulneran los derechos humanos en España?

-En el Consejo de Europa hay ahora 14 denuncias por torturas en España. También en Naciones Unidas. Los jueces en España no hacen caso de las denuncias por torturas que se pueden producir en calabozos de los juzgados o en cuarteles.

-¿Y Latinoamérica?

-Las leyes de impunidad de Argentina y Chile las diseñó España. La Constitución chilena, que garantizó la impunidad a Pinochet, se redactó en la Embajada española. Felipe González asesoró a Alfonsín sobre la ley de punto final y la ley de obediencia debida en la Argentina. Ahora España apoya incondicionalmente al presidente colombiano Uribe, cuando hay procesados 18 senadores acusados de narcotráfico.

-¿Cómo ve el proyecto de ley de la Memoria Histórica en España?

-Es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. En la presentación de la ley se dice que ésta no pretende ser de aplicación en el derecho penal. Entonces será una fanfarria, pero no una ley. Nace muerta. Si se aplica, además, será demoledora para las libertades porque dice que los datos necesarios para saber qué pasó con las víctimas son secretos. La ley impediría hacer públicos los nombres de los represores.

-¿Cómo explica la actuación de EE UU en Guantánamo?

-Hay un sector de norteamericanos, encabezado por la Casa Blanca, que pretenden implantar un estado de excepción global. Eso forma parte de un ataque al derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas. Los que componen la primera división de la Casa Blanca están planteando ahora lo que plantearon teóricos del nacional socialismo alemán cuando en los años treinta terminaron con la Sociedad de Naciones, un proceso que desembocó en la 2ª Guerra Mundial.