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Discurso del Diputado Joan Tardà, de ERC
En el debate plenario en el que se aprobó la ley de la memoria
(31-10-07)


El señor TARDA I COMA: Gracias, señor presidente.

 

Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista rechazará de nuevo las enmiendas de los republicanos catalanes. Sin embargo, la sociedad conoce cuál ha sido nuestro rol a la hora de desencadenar el proceso. Si en esta Parlamento, en el año 2004, no hubiera desembarcado un grupo parlamentario republicano, y si Rodríguez Zapatero no nos hubiera necesitado para ser investido presidente --al gozar solo de una mayoría parlamentaria relativa--, hoy ni tan siquiera estaríamos hablando de ello. Esto lo decimos muy convencidos, porque conocemos cuál es la opinión de Felipe González, cuál es la opinión del señor Guerra y de otros dirigentes del Partido Socialista, corresponsables también de haberse perpetuado durante el posfranquismo el modelo español de impunidad contra la humanidad, contra los crímenes perpetrados por la dictadura.

 

Fue nuestro grupo el que planteó en el año 2005 el debate de las responsabilidades del Estado español en el holocausto. Miles de ciudadanos republicanos fueron reducidos a esclavos en los campos de exterminio gracias a los acuerdos alcanzados entre Himmler y Serrano Suñer, que los reducía a la condición de apátridas. Lejos quedaba la negativa de Felipe González a asistir en el año 1995 a los actos del 50º aniversario de la autoliberació n del campo de Mauthausen, una actitud que denota ya la voluntad clara de alejar al Estado español franquista de sus responsabilidades como parte activa del intento de aplastar la democracia en Europa. Ustedes aceptaron la propuesta de Esquerra y se comprometieron a abordarla en el proyecto de Ley de la Memoria. Dígannos, ¿en qué artículo de la ley se halla contemplado el compromiso adquirido? No lo hay, no aparece. El proyecto de ley esconde una voluntad manifiesta de alejar el régimen franquista de su condena por parte de Naciones Unidas. Ustedes pretenden reconocer en el artículo 10 a las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período 1968-1977; repito, en defensa de la democracia.

 

Uno debe preguntarse: ¿Por qué razón a partir de 1968? ¿Acaso las víctimas anteriores no luchaban en defensa de la democracia? ¿El compañero Julián Grimau, asesinado por la dictadura en 1963 con el asentimiento de Manuel Fraga Iribarne, ya entonces ministro de Franco, era menos defensor de la democracia que otros demócratas caídos con posterioridad a 1968? ¿Alguien de ustedes se atrevería a afirmar que los republicanos que liberaron París a las órdenes de Leclerc no eran conscientes de que protagonizaban una victoria de la democracia ante el fascismo? ¿Existe algún diputado de Izquierda Unida que se atreva a manifestar públicamente que los militantes del Partido Comunista de España o del Partido Socialista Unificado de Cataluña muertos en la incursión militar de la Vall d'Aran de 1944 no pretendían culminar la victoria parisina con otra en Barcelona o Madrid? ¿Acaso su lucha no tenía una finalidad democrática? Ustedes pretenden consagrar dos categorías distintas de ciudadanos antifranquistas, lo cual nos parece anticonstitucional y perverso, pero todavía existe otra derivada. Me refiero a su voluntad de legislar en contra de las normas que se han adoptado en Europa desde la derrota del nacionalsocialismo. Ustedes no se atreven a hablar claro, no se atreven a decir a la ciudadanía exactamente lo que hay detrás de todo ello. Detrás de todo ello existe la voluntad de crear un nuevo parámetro en la aplicación del derecho penal internacional y sobre las categorías y conceptos relativos a crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, conceptos todos ellos originados en la Declaración de Moscú, en la Declaración de Londres y por el Tribunal Penal de Nuremberg y consagrados como imprescriptibles por Naciones Unidas. En definitiva, hablamos de las bases estructurales de la cultura democrática europea desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

 

Ustedes ignoran deliberadamente la Resolución 95 de Naciones Unidas, relativa al reconocimiento de las sentencias y los principios de derecho internacional que surgen de Nuremberg. Ustedes ignoran deliberadamente las resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la cuestión española, a las que todos los Estados que se adhirieron a Naciones Unidas tuvieron que subrogarse obligatoriamente. En ellas se hace explícita referencia a que en origen, naturaleza, estructura y conducta general el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido gracias a la ayuda nazi y fascista y de igual manera se deja clara la ayuda franquista a las tropas del Eje. Ustedes ignoran deliberadamente todo ello porque saben que ningún Parlamento puede legislar en contra del derecho internacional de Naciones Unidas. Ustedes definen, pues, en esta ley la ilegitimidad del régimen franquista e incluso intentan definir el propio régimen, pero ocultan la única definición del franquismo que tiene valor jurídico en la jurisprudencia europea y en el derecho internacional, es decir, las resoluciones de la Asamblea General, que hacen explícita referencia al acuerdo de Potsdam y a los acuerdos que implementaron el llamado Pacto de las Naciones Unidas. Que nadie se engañe. A partir de la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, ley preconstitucional con voluntad de punto final, se levantó un modelo de transición que ha pretendido ser modélico. No importó nada que posteriormente la misma Constitución española recogiera que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se deberían interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. No les importó. Allí nació el modelo español de la impunidad que hoy ustedes piensan ratificar, aun sabiendo a ciencia cierta que ello les hunde en una contradicción profunda. Es posible perseguir a los dictadores de las repúblicas sudamericanas al amparo de la Constitución y en cambio continuar esquivando la justicia para las víctimas del franquismo. Ustedes niegan la equiparación de la democracia española al resto de democracias que tuvieron el infortunio de padecer regímenes totalitarios. Sociedades como la alemana o la italiana tarde o temprano metabolizaron su pasado. La República italiana anuló las causas judiciales de los tribunales fascistas finalizada la guerra y, como saben, en el año 1998 Helmut Kohl promovió la anulación de las causas de los tribunales nazis desde el año 1933. En este mismo año, la Fiscalía alemana ha anunciado la anulación de las sentencias de los tribunales militares del ejército alemán, que ejecutaron sentencias de muerte por traición a soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

 

Nosotros desconocemos cuál es el escenario ético desde el cual el Partido Socialista e Izquierda Unida pueden conceptualmente aceptar la legalidad franquista, porque saben bien que la declaración de legitimidad del régimen franquista conlleva aceptar su legalidad. De ahí viene la referencia muy acertada al debate fechado en 1930 sobre la nulidad del Código Penal de 1928, conocido como código Primo de Rivera. Para los juristas demócratas y para los demócratas de entonces el Código Penal, por ser hijo de la dictadura, era de ilegítima procedencia, y en consecuencia ilegal. Frente a ellos, el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, justificaba por qué dicho código puede ser ilegítimo y a la vez legal, y lo hacía de la siguiente manera --cito--: Ley no es, por tanto, lo que aprueba un parlamento, sino lo que aprueba el órgano legislativo de un régimen. Ese órgano legislativo pueden conformarlo las Cortes con el jefe del Estado o el Gobierno con el jefe del Estado. Las dictaduras siguen el segundo modelo. Luego, dentro del régimen de dictadura, un código gubernamental legislativo es un código legal. Cierro la cita de José Antonio Primo de Rivera. Ustedes, tal como defendía el padre del fascismo español, avalan con su ley un concepto que consolida --atención-- como legales los actos de la dictadura franquista, los mismos argumentos que José Antonio Primo de Rivera utilizaba respecto a las leyes de la dictadura militar de su padre. Huelga decir que, proclamada la República, el Código Penal de 1928 fue anulado y declarado sin ningún valor.

 

Para miles de catalanes, la vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, será recordada por haber protagonizado una gran impostura. No tuvo ningún reparo usted en profanar una de las demandas más sentidas en Cataluña. Me refiero a la anulación de la causa judicial del presidente de Cataluña Lluís Companys. Hacía tan solo unos días que el Grupo Socialista había aprobado en esta Cámara una iniciativa de Esquerra que instaba al Gobierno a anular su causa judicial, entendiendo que su anulación comportaría inevitablemente todas las otras, por cuanto en una sociedad democrática no puede actuarse de otra forma. La vicepresidenta presidió un acto de homenaje al presidente mártir en Montjuic el día 15 de octubre de 2004, aniversario de su asesinato, en compañía del muy honorable presidente de Cataluña Pascual Maragall, y allí se ratificó en la anulación de su causa judicial. ¿Acaso usted creyó que podía tomarse a la ligera lo que para nosotros, para nuestro pueblo, es un imperativo de justicia? En cualquier otra democracia, europea por supuesto, en donde el relativismo sobre lo que nos concierne aquí hoy no hubiera hecho mella, lo hecho por usted sería incluso motivo de dimisión, pero de vergüenza seguro. No le quepa ninguna duda, señora vicepresidenta, de que algún día vamos a conseguir la anulación de la causa del presidente Lluís Companys, no lo dude, incluso a pesar de usted.

 

Vamos enterrando ya a los hijos de los miles de ciudadanos fusilados, desaparecen sin ver anuladas las causas que llevaron a sus padres a la ejecución, personas que habían interiorizado tanto dolor y tanto terror que en los años de la transición tan solo se atrevieron a iniciar muy tímidamente un difícil trayecto hacia la reparación de la memoria de sus padres, y al cabo de treinta años topan con un proyecto de ley que al fin y al cabo no difiere en nada de la situación del año 1980. No es de recibo, señores Herrera y Llamazares, decir que con la declaración de ilegitimidad del régimen dictatorial se abre una brecha jurídica para poder acometer la anulación de las causas judiciales. No ha habido ningún jurista que se haya atrevido a publicitarlo. ¿Pueden decirnos por qué en un futuro un juez debería fallar a favor de la anulación, si el texto legislativo deja sellado de forma explícita e implícita que aquello que no se cuestiona es la legalidad de los tribunales? Creo que no deberían confundir a las víctimas, porque son víctimas y porque muchas de ellas son muy, muy mayores. Además, si les animan ustedes a iniciar un nuevo viacrucis y a establecer un pleito con el Estado por el reconocimiento de la nulidad, permítanme que les pregunte si es justo que la víctima sufra por partida doble. ¿Acaso la Administració n se hará cargo de los procedimientos? ¿Aceptarán el listado de diez, veinte, cincuenta mil personas fusiladas para que se abran consecuentemente los mismos procedimientos de anulación? ¿Qué institución del Estado se hará cargo de la representació n judicial de los ausentes? Porque, ustedes saben bien, que en la comisión de crímenes contra la humanidad la figura más representativa no son los presentes sino los ausentes.

 

Lamentablemente el Partido Popular no ha aprovechado la oportunidad de convertirse en un partido homologable al resto de partidos conservadores europeos, pero no les extrañe, todavía hoy un personaje como Manuel Fraga Iribarne, responsable del asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores en Vitoria en el año 1976, ocupa un lugar distinguido en su partido. Ello en el resto de Europa sería incomprensible. Solo cabe recordar la dimisión de Kurt Waldheim de su cargo de presidente de Naciones Unidas al descubrirse su pasado nazi.

 

Nos duelen también otras posiciones: El señor Duran i Lleida esperó casi treinta años a presentar una demanda parlamentaria de anulación de la causa judicial que llevó al patriota catalán, Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democrática de Cataluña ante un pelotón de ejecución. Al final se decidió a ello. Ciertamente la coyuntura le era favorable, el Gobierno se había comprometido con la anulación de la causa a Lluís Companys, a demanda de Esquerra, pero, a cambio, hoy ustedes van a legitimar un gran fraude.

 

En relación a los monumentos y espacios de la memoria retomo las frases pronunciadas por el diputado Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la Comisión Constitucional sobre los campos de exterminio del régimen de Pol Pot en Camboya y la Villa Grimaldi en Chile, que hoy también ha sacado a colación, en donde la trasgresión de los derechos humanos adquirió rango de categoría sistemática. Una vez más, nos encontramos con un intento de querer alejarnos del origen y las causas de la guerra civil española. Si el señor Herrera quiere conocer los centros de la memoria debería visitar Mauthausen, lugar en donde se halla la historia real de Europa y la realidad de los republicanos del Estado español. Llevarnos a Camboya o a Chile es pretender confundir el conflicto. Por ello uno no puede dejar de preguntarse: ¿Dónde se halla la pirueta intelectual que permite ser categórico en lo lejano y flexible en lo que concierne al régimen que padecimos?

 

Ustedes niegan la condición jurídica de víctima a los represaliados, no quieren asumir los riesgos que supone este reconocimiento, puesto que dotaría al ciudadano del instrumento necesario para que actuara en uso de sus libertades como considerara oportuno. He aquí la gran diferencia entre ustedes y nosotros los republicanos. Para Esquerra corresponde al Estado reparar a sus víctimas, dotándolas de una condición jurídica de víctimas y ampararlos, dando a poyo a las reclamaciones que consideren oportunas de canalizar por vía judicial, si creyeran que las reparaciones no les satisfacían. No hay pues reconocimiento de la condición de víctima en toda su casuística, desde las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las ejecuciones sumarísimas, juicios arbitrarios, torturas, exilios, destierros, depuraciones administrativas, saqueos, etcétera. Estos actos, que se cometieron de forma sistemática en contra de la población civil, constituyen crímenes contra la humanidad y están recogidos por el derecho internacional y por la jurisprudencia europea. No obstante, para sorpresa de Esquerra, en una sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005, que fue ratificada posteriormente por la Sala Penal del Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria española reconocía la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles y argentinos en Argentina. Esta imprescriptibilidad y su aplicación por la justicia ordinaria fue ratificada finalmente, de forma expresa, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el año 2006. En definitiva, esta ley no respeta ni tan siquiera las resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

 

Ustedes van cayendo en contradicciones que incluso lindan con el esperpento. Desde esta tribuna, el ministro Caldera defendió la restitución de los bienes incautados a las centrales sindicales. Así, la Unión General de Trabajadores recibió 149 millones de euros. La demanda era justa y Esquerra la apoyó. Por eso no somos capaces de asimilar la razón por la que no hacen extensibles los argumentos del señor Caldera a tantos otros miles de ciudadanos o entidades que fueron objeto también, como UGT, de la misma acción. ¿Por qué razón lo que se repara a UGT no debe aplicarse a los ciudadanos que sufrieron la incautación de bienes inmuebles o, por ejemplo, el dinero incautado por orden de las autoridades franquistas? ¿No pretenderán decirnos que los sindicatos merecen mayores dignidades que otras entidades, que otras instituciones, o que los ciudadanos particulares? Dirigentes democráticos europeos han pedido perdón en nombre de sus Estados. Cuando un dirigente alemán pide perdón al pueblo de Euskal Herria por el bombardeo de Gernika o cuando se arrodilla en las puertas de Auschwitz, la sociedad alemana se fortalece, se prepara para combatir presentes inquietantes y futuros inciertos para con las libertades y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a esperar que la Iglesia católica pida perdón por su colaboración con el Estado fascista si el mismo Estado español no pone en cuestión su pasado perverso?

 

Ustedes protagonizan una dejación que acarreará, a nuestro entender, graves perjuicios en un futuro inmediato, de la misma manera que la dejación anterior nos ha llevado a un mayor protagonismo de revisionismo histórico, el revisionismo que permitió al ministro Bono la desfachatez de hacer desfilar al unísono un liberador de París y un legionario de la División Azul, escenifica ción de una pretendida legitimación del bando fascista. Un revisionismo histórico que explica la catalanofobia existente en la sociedad española, causada por el desconocimiento de lo que significó el franquismo como agente activo de los genocidios culturales y lingüísticos de las naciones vasca, gallega y catalana.

 

El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, ya tiene que concluir. Lleva más de dos minutos de exceso.


El señor TARDA I COMA: Termino, señor presidente.


En definitiva, su ley ha sido rechazada por las entidades memorialistas, incluso ha sido deslegitimada por Amnistía Internacional y por supuesto da aire al intento de la derecha de banalizar los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Que no se engañe el señor presidente, hoy ausente, con su texto ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del fascismo y, atendiendo a las referencias contenidas en su discurso de investidura, me parece, francamente, muy, pero que muy deplorable.

Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá. Gracias