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Uruguay - Procesan por crímenes contra la humanidad al Gral Gregorio Álvarez y detienen en Italia al oficial naval Néstor Jorge Fernández Troccoli
La justicia italiana pasó a engrosar la lista de países que buscan hacer justicia contra quienes dieron vida al ignominioso Plan Cóndor, la pérfida maquinaria opresiva que ejecutaron varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.
(Equipo Nizkor, 26-12-2007)


 

 

 

i) Procesan por crímenes contra la humanidad al General (r) Gregorio Álvarez.

El General retirado Gregorio Álvarez, actor clave del golpe de Estado cívico-militar de junio de 1973 en Uruguay y cabeza del último tramo de la dictadura que se prolongó hasta 1985, ha sido procesado y conducido a prisión.

 

Poco más de un año después de que el primer dictador de ese periodo, Juan María Bordaberry, fuera encarcelado también por crímenes de lesa humanidad, le tocó el turno a su cómplice de la primera hora, apodado "Goyo"...

 

La actuación judicial está enfocada en la desaparición de 39 detenidos en Argentina, la mayoría militantes de los proscriptos Partido Comunista Revolucionario y Grupos de Acción Unificadora, trasladados a Uruguay en distintos momentos de 1978 por avión y lancha, según explica la fiscal del caso Mirtha Guianze.

 

Dueño de vida y bienes de cientos de miles de uruguayos, Álvarez firmó en julio de 1978 la circular 7777 en la que asumió su responsabilidad por las eventuales violaciones de derechos humanos que se pudieran cometer en el "combate a la subversión".

 

Ese documento se constituyó en una de las principales pruebas de los querellantes en muchos de los procesos por la suerte de unas 200 personas desaparecidas por la dictadura, la mayoría de ellas en Argentina. Álvarez fue comandante en jefe del ejército entre 1978 y 1979, periodo en el que se cometieron los crímenes imputados, y primer mandatario del régimen desde el 1 de septiembre de 1981 hasta febrero de 1985.

 

El juez en su fallo afirmó que "La noción de crimen contra la humanidad no quedó congelada en el Estatuto de Nüremberg, sino que evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía, definió sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) y se materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de esos delitos devino un imperativo universal"...

 

ii) El último dictador tras las rejas.

 

La ley promulgada en 2006 en Uruguay sobre desaparición forzada logró finalmente el procesamiento y prisión del general retirado Gregorio Álvarez, actor clave del golpe de Estado cívico-militar de junio de 1973 y cabeza del último tramo de la dictadura que se prolongó hasta 1985.

 

Poco más de un año después de que el primer dictador de ese periodo, Juan María Bordaberry, fuera encarcelado también por crímenes de lesa humanidad, le tocó el turno a su cómplice de la primera hora, apodado "Goyo", a quien el juez Luis Charles imputó la máxima responsabilidad en la desaparición de uruguayos enmarcada en el Plan Cóndor.

 

La actuación judicial está enfocada en la desaparición de 39 detenidos en Argentina, la mayoría militantes de los proscriptos Partido Comunista Revolucionario y Grupos de Acción Unificadora, trasladados a Uruguay en distintos momentos de 1978 por avión y lancha, explicó a IPS la fiscal del caso Mirtha Guianze.

 

En la investigación no se pudo confirmar si todos los detenidos, que pasaron por distintos centros ilegales de detención de la dictadura argentina (1976-1983) como Automotores Orletti, llegaron a Uruguay, excepto Carlos Cabezudo y Célica Gómez Rosano, quienes fueron vistos por sobrevivientes en la cárcel clandestina de La Tablada, en las afueras de Montevideo, agregó.

 

El resto de los secuestrados pudieron haber sido trasladados a Uruguay en distintas tandas y ejecutados, o haber sido arrojados vivos desde aviones militares al Río de la Plata, una acción practicada con miles de detenidos-desaparecidos por la Armada de Argentina.

 

También en esta causa fue procesado con prisión el marino retirado Juan Larcebeau y, según confirmó Guianze, se cursó el pedido de captura internacional del también retirado capitán de navío Jorge Tróccoli, quien tiempo atrás reconoció en un libro de su autoría haber torturado a detenidos. Se supone que hoy estaría embarcado en un navío comercial en el exterior.

 

A media mañana de este lunes, el ex dictador Álvarez fue llevado a la jefatura de policía de Montevideo para su fichaje penal y luego trasladado a una cárcel en la que ya están alojados una decena de ex uniformados, presos por una gama variada de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por el régimen dictatorial.

 

Su abogado, Juan Curbelo Tammaro, intentó detener la acción judicial renunciando a su función con el pretexto de "inexistencia de los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa" y acusando a la fiscal, ante lo cual se deberá nombrar a un defensor de oficio.

 

Pero el magistrado Charles ya había tomado su decisión. Corren a partir de ahora cinco días hábiles para presentar apelación, por lo cual Guianze entiende que el ex jefe militar pasará las fiestas de fin de año tras las rejas y hasta febrero no habrá novedades, por el asueto judicial del verano. El cargo que se imputa a Álvarez tiene una pena de 25 años de prisión.

 

A fines de los años 60 e inicios de los 70, Álvarez jugó un papel clave en el combate a la guerrilla de los Tupamaros y en la gestación del golpe de Estado de 1973.

 

Cuando Bordaberry disolvió el parlamento e ilegalizó los partidos políticos y las organizaciones sociales, Álvarez, hoy de 82 años, pasó a ser en el general más influyente desde su cargo de secretario permanente del recién instaurado Consejo de Seguridad Nacional.

 

Dueño de vida y bienes de cientos de miles de uruguayos, Álvarez firmó en julio de 1978 la circular 7777 en la que asumió su responsabilidad por las eventuales violaciones de derechos humanos que se pudieran cometer en el "combate a la subversión".

 

Ese documento se constituyó en una de las principales pruebas de los querellantes en muchos de los procesos por la suerte de unas 200 personas desaparecidas por la dictadura, la mayoría de ellas en Argentina.

 

Álvarez fue comandante en jefe del ejército entre 1978 y 1979, periodo en el que se cometieron los crímenes imputados, y primer mandatario del régimen desde el 1 de septiembre de 1981 hasta febrero de 1985, cuando dejó el cargo en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Addiego, mero encargado de entregar el poder al gobierno electo democráticamente.

 

Durante su régimen, decenas de miles de personas fueron torturadas y encarceladas ilegalmente, mientras otras tantas partieron al exilio.

 

Con su detención, se completa el procesamiento y prisión de los máximos responsables de la dictadura que aún están vivos y de los más importantes represores que actuaron bajo sus órdenes en el país, en Argentina y en otros países vecinos.

 

Bordaberry, que condujo el régimen hasta 1976, cumple prisión domiciliaria por razones de salud en espera de una condena por 14 homicidios especialmente agravados. Su canciller, Juan Carlos Blanco, está preso en Cárcel Central acusado de cuatro asesinatos y la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

 

En la prisión especial a la que fue llevado Álvarez este lunes, permanecen recluidos los ex uniformados Ricardo Arab, José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina, entre otros imputados de delitos de lesa humanidad, todos también con cuentas pendientes en Argentina en los procesos por el Plan Cóndor y por desaparición de menores nacidos en cautiverio.

 

Una de las particularidades del juicio a Álvarez es la aplicación de la figura de desaparición forzada, contenida en el artículo 21 de la ley 18.026 que el año pasado incorporó a las normas penales nacionales ese delito de forma expresa, acorde a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay.

 

El abogado querellante Óscar López Goldaracena, autor de ese texto legal a pedido del gobierno del izquierdista Frente Amplio apenas asumió en 2005, comentó a IPS que su aplicación es una muestra de que "la cultura de la impunidad no tiene más cabida en la sociedad uruguaya".

 

"Es un día histórico para el país", apuntó, pero esto no debe quedar aquí, sino que debe servir para impulsar las investigaciones del Poder Ejecutivo para conocer el destino de los desaparecidos, exigiendo de las Fuerzas Armadas toda la información que posean de los crímenes de la dictadura, agregó

 

"Los familiares de las víctimas no podrán procesar su duelo hasta no saber lo que pasó", insistió.

 

"La noción de crimen contra la humanidad no quedó congelada en el Estatuto de Nüremberg, sino que evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía, definió sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) y se materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de esos delitos devino un imperativo universal", dijo el juez en su fallo.

 

La llegada al gobierno del Frente Amplio, una de las fuerzas más reprimidas durante la dictadura, y los cambios normativos ajustados al nuevo perfil internacional llevaron a la justicia a actuar de forma más decidida, pese a que aún rige la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que alejó a los represores de los tribunales por años.

 

El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a hacer cumplir esa ley, que dispone investigar el destino de los desaparecidos y no impide enjuiciar a los máximos responsables de los crímenes (dictadores o jefes militares) ni a los acusados de delitos económicos y de apropiación de menores.

 

Sin embargo, esa norma ratificada por referendo en 1989, dejó en manos del Poder Ejecutivo decidir qué denuncia pasaba o no a la justicia. Los gobiernos derechistas y centroderechistas que sucedieron desde entonces cerraron casi completamente la puerta a la actuación judicial.

 

Vázquez pasó todas las causas que se le presentaron a los tribunales, y por esta u otras razones no hay ya casi ningún represor vivo que permanezca en libertad.

 

En esa promesa se funda Vázquez para negarse a sumar su peso político a la propuesta de anulación de la Ley de Caducidad, aunque el congreso de su partido aplaudió el domingo la iniciativa popular para conseguirlo, una señal de que, si funcionara la vía del referendo, se podría concretar en la próxima legislatura.

 

López Goldaracena destacó ese hecho, pero sostuvo que el procesamiento de Álvarez muestra lo inútil que es la Ley de Caducidad y la necesidad de una reforma constitucional que la elimine.

[Fuente: Por Dario Montero, IPS, Montevideo, 17dic07]

 

 

 

iii) Detienen en Italia a Néstor Jorge Fernández Troccoli.

 

El ex oficial de inteligencia uruguayo Néstor Jorge Fernández Troccoli fue arrestado este lunes en Italia, en el marco de una investigación sobre el acuerdo entre las dictaduras sudamericanas de los años ’70 conocido como Plan Cóndor.

 

Troccoli, de 60 años y ex miembro de los servicios de inteligencia de la Armada de su país (FUSNA), quien en los próximos días será transferido a una cárcel de Roma para ser interrogado, está acusado por la desaparición y la muerte de cuatro ciudadanos italianos durante la dictadura militar de su país.

 

Su detención se produjo en Salerno, al sur de Italia, y es por ahora la única entre las 140 órdenes de custodia cautelar en cárcel que emitió la jueza de investigaciones preliminares de Roma, Luisiana Figliolia, informó la agencia italiana Ansa.

 

Figliolia está a cargo de la causa que investiga las desapariciones forzadas de personas ítalo-latinoamericanos víctimas del Plan Cóndor.

 

En Uruguay, el 17 de diciembre pasado el juez Luis Charles procesó al ex dictador Gregorio Álvarez y al ex marino Juan Carlos Larcebau por el delito de desaparición forzada, debido a su participación en 1977 y 1978 en los traslados clandestinos de unos 20 prisioneros desde Argentina a Uruguay.

 

Charles debía juzgar también a Tróccoli por la misma causa, pero como la ley uruguaya no prevé el procesamiento en ausencia, el magistrado libró una orden de captura internacional contra el ex miembro del FUNES.

 

En ese marco, Interpol Uruguay solicitó entonces al gobierno de Italia información sobre la presunta presencia de Troccoli en ese país.

 

Según informó el diario uruguayo Ultimas Noticias en su edición del 20 de diciembre, las autoridades policiales locales habían recibido datos según los cuales Troccoli, quien tiene pasaporte italiano, había viajado a Europa para realizar un crucero y que había sido visto en Italia. Troccoli había abandonado Uruguay el 25 de septiembre, dirigiéndose a Brasil en un vuelo de la aerolínea brasileña Tam.

 

Italia requiere a militares y civiles de varios países por Plan Cóndor

 

La justicia italiana pasó a engrosar la lista de países que buscan hacer justicia contra quienes dieron vida al ignominioso Plan Cóndor, la pérfida maquinaria opresiva que ejecutaron varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80. Esto, luego que ayer un tribunal de Roma dictara 140 órdenes de captura contra personas que participaron en esa operación, entre los cuales se hallan relevantes ex jerarcas de los regímenes castrenses.

 

Las mandatos de detención fueron firmadas por la juez romana Luisanna Figliola, a petición de la fiscalía de la capital italiana, que conducía una investigación sobre este caso desde 1998. Las órdenes de arresto afectan a responsables de las juntas militares y servicios de inteligencia argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, paraguayos, peruanos y uruguayos implicados en la operación.

 

Inicialmente, los mandatos de detención incluían a 146 personas. Sin embargo, seis de ellas ya han fallecido, como es el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990). Por esta razón, el número de requeridos quedó finalmente en 140. En ese total figuran 61 argentinos, 32 uruguayos, 22 chilenos, 13 brasileños, 7 paraguayos, 7 bolivianos y 4 peruanos.

 

En el caso de los chilenos, fuentes judiciales indicaron en Santiago que entre los requeridos por la justicia italiana podrían figurar algunos encausados en el proceso por el Plan Cóndor que conduce el juez Víctor Montiglio. Entre ellos se encontrarían los militares en retiro Miguel Krasnoff Marchenko, Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Álvaro Corbalán Castilla y algunos ex ministros de la dictadura.

 

Lo que sí confirmaron las fuentes judiciales italianas es que en la nómina expedida desde Roma destacan el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla; el almirante trasandino Emilio Eduardo Massera, ex responsable de la marina argentina, y el ex dictador Juan María Bordaberry, ex jefe de la junta militar en Uruguay.

 

Las personas involucradas están acusadas de diversos delitos, en función de su posición personal, sobre todo de "masacre, secuestro u homicidio múltiple agravado". El Plan Cóndor fue organizado por las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay para reprimir la oposición a estos regímenes. En el marco de esas operaciones de exterminio, unos 25 ciudadanos de origen italiana desaparecieron.

 

La investigación de la justicia italiana había comenzado a fines de los años 90, cuando las familias de algunos de esos ciudadanos de origen italiano presentaron demandas ante la justicia del país europeo.

 

Hasta ayer, de estas órdenes de arresto, sólo pudo ejecutar la del ex miembro de los servicios secretos de la Marina uruguaya y ex capitán de navío Néstor Jorge Fernández Troccoli, de 60 años, y que residía en la ciudad de Salerno. Sobre Troccoli pesa también una orden de captura emitida por las autoridades judiciales de Uruguay por desapariciones forzadas durante la dictadura en ese país (1973-1985).

 

En los próximos días, la justicia italiana pedirá al Ministerio de Justicia que se active la búsqueda y extradición de las restantes 139 personas.

[Fuente: La Nación, Santiago de Chile y Agencia Telam, Arg,, 25dic07]

 

iv) Los civiles que gobernaron en la dictadura.

 

Informe especial: Nombres de una historia para no olvidar nunca más.

Los civiles que gobernaron en la dictadura

Por Walter Cruz (Carta Popular)

 

La política de terrorismo de Estado aplicada en Uruguay durante la dictadura, no fue obra de cuatro fanáticos y genocidas. Fue producto de una muy planificada acción contra nuestro pueblo, donde participaron y fueron ideólogos una cantidad muy grande de civiles.

 

Decenas de hombres ocuparon altos cargos de gobierno desde 73 al 85. Como contundente ejemplo baste decir que tres civiles fueron presidentes de la República en ese negro período. Hubo médicos cómplices -que extendieron certificados de defunción falsos- y grandes empresarios que denunciaron a sus trabajadores.

 

En estos días donde algunas luces aparecen en el horizonte y se vislumbra que al fin se hará justicia con quienes fueron violados en sus derechos humanos, vale la pena dar a conocer los nombres de los que intervinieron en aquella orgía de terror y muerte. La lista de civiles es tan amplia que, en esta recopilación de datos, sin ninguna duda existen no pocas omisiones.

 

Poder Ejecutivo:

 

* Presidentes: Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli y Aparicio Méndez.

 

* Secretaría de la Presidencia: Álvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Ángel Mario Scelza.

 

* Ministerio de Defensa: Walter Ravena y Justo M. Alonso.

 

* Ministerio de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.

 

* Ministerio de Economía y Finanzas: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi y Walter Lusiardo.

 

* Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Jorge León Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.

 

* Ministerio de Trabajo: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis A. Crisci.

 

* Ministerio de Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo De Betolazza, Juan Bautista Schoeder y Armando López Scavino.

 

* Ministerio de Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.

 

* Ministerio de Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.

 

* Ministerio de Transporte Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos, Eduardo Crispo y Eduardo Sampson.

 

* Ministerio de Justicia: Fernando Bayardo Bengoa, Julio César Espínola y Enrique Frigerio.

 

Cada uno de los nombrados fue ministro en distintos períodos y algunos pasaron de un ministerio a otro o a diversas dependencias.

 

Subsecretarios:

 

* Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia y Jorge Amondarain Mendoza

 

* Defensa Nacional: Armando Chiarino Aguirre

 

* Relaciones Exteriores: Guido Michelín Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbounet

 

* Economía: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi

 

* Ganadería: Lázaro Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges

 

* Trabajo: Alfredo Baeza, y Ramón Malvasio

 

* Educación: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez Industria: Elías Pérez

 

* Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Terchelo

 

* Justicia: José Pedro Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Schoeder y Dante Barrios de Angelos.

 

Los 4 Consejos de Estado que Suplantaron al Parlamento Nacional

 

La dictadura disolvió ambas cámaras, ilegalizó los partidos políticos e inventó el Consejo de Estado. 113 civiles integraron los cuatro Consejos en distintos periodos:

 

* Martín Recaredo Etchegoyen, Aurora Alvarez De Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Cooghan Sanguinetti, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez, Hamlet Reyes, Emilio Siemens Amaro, Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, Alfredo Lamaison, Mario Gaggero, Raúl Clerc, José Francisco Franca, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, Eduardo Praderi, Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangerberg "legislaron" en el primero.

 

* Luego en 1976 se produjeron algunos cambios con la siguiente nómina: Hamlet Reyes, Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Mario Arcos Pérez, Mario Jorge Copetti, Julio Cesar Espínola, José Francisco Franca, Mario Gaggero, Eduardo Pradera, Daniel Rodríguez Larreta, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Jorge Laborde Bercianos, Martín C. Martínez, Willy Patocchi, Blanca Amorós de León de Dutra, José Carlos Brum Cardoso, Marcial Bugallo, Eduardo Crispo Ayala, José Enrique Etcheverry Stirling, Bertrand Gruss, Rafael Ravera Guiria, Pedro P. Rivero, Alberto Rodríguez Marghieri, Jorge Seré del Campo.

 

* Asume Gregorio Alvarez en 1981 y se produce otra renovación del Consejo de Estado, que integran estos civiles: Hamlet Reyes, Marcial Bugallo, Federico García Capurro, Eduardo Praderi, Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, Adolfo Gutiérrez, Néstor Bolentini, Pedro W. Cersónimo, Wilson Cravioto, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assunçao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hugues, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, Eduardo Esteva, Juan Santana Echeverrito, Antonio Gabito Barrios, Manuel Gastelumendi, Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamanna, Ricardo Milessi, Genero Perinetti y Rubén Riani.

 

* Por último la lista es completada por: Jorge Amondarain Mendoza, Maria Ruth Andrade Ochoa, Enrique Arocena Olivera, Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borillo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, Werther Martínez, Miguel Pereira Serra, Cesalino Silveira, Armando Bahaburu. Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelle, Pablo Millar, Daniel Ordóñez, Víctor Ortiz, Miguel Peirano, Ricardo Reilly Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonnetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.

 

Las 13 intendencias gobernadas por civiles

 

Si bien hubo varias que -en su momento- estuvieron a cargo de militares, también estos civiles fueron sus titulares:

 

* Oscar Racchetti y Juan Carlos Payssé (Montevideo),

* Bastillo Borgatto (Artigas),

* Gervasio González (Canelones),

* Juan José Burgos (Cerro Largo),

* Pedro Ramos Mañe (Flores),

* Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada (Lavalleja),

* Walter Belvisi (Paysandú),

* Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez (Rivera),

* Milton de los Santos (Rocha),

* Néstor Minutti (Salto),

* Juan Chiruchi (San José),

* Norberto Bernachín (Tacuarembó) y

* Rubén Silveira Zuloaga (Treinta y Tres).

 

En todas estas -y también en otras- los funcionarios de más alto rango fueron civiles.

 

Como se puede apreciar en esta extensa nómina -integrada en su inmensa mayoría por representantes de los denominados partidos tradicionales- aparecen quienes han ocupado u ocupan cargos en democracia.

 

Embajadores Y Representantes

 

Entre otros cargos de embajadores en la dictadura:

 

* Jorge Pacheco Areco, Adolfo Folle Martínez, Carlos Manini Ríos, José Enrique Echeverry Stirling, Edgardo Abella, Raúl Soriano Mesia, Fernando Gómez Fyn, Osvaldo Soriano, Francisco Mario Ubillos, Raquel Lombardo De Bertolaza, Francisco Bustillo del Campo, Buenaventura Caviglia, Álvaro Alvarez, Gastón Sciara Rebollo, Carlos Duarte, Raúl Benavides y Adolfo Silva.

 

* Ocuparon los cargos de representantes permanentes de nuestro país ante las Naciones Unidas, Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno; en la UNESCO estuvo Martín C. Martínez y en la OEA Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo del Campo. En una misión muy difícil en aquellas épocas, les tocó representar a Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de la o­nU a Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrere, Carlos Nadal, Carlos Barroes Oreiro, Álvaro Moerzinger, José Calatayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.

 

* También hubo civiles en Pluna, UTS, ANCAP, OSE, AFE, ANP, ANTEL, BPS, Consejo del Niño, Asignaciones Familiares, Banco Central, Primaria, Secundaria, Enseñanza Técnica, Universidad de la República, etc.

 

Como se puede apreciar no es del todo correcto hablar de cómplices civiles de la dictadura, porque centenares de ellos la integraron. Desde la Presidencia de la República, ministerios, embajadores e intendencias para abajo.

 

El presente informe fue elaborado en base al abundante material que al respecto existe en la Biblioteca Nacional.


[Fuente: Por Walter Cruz (Carta Popular), COMCOSUR al día, Montevideo, Ury, 25dic07]

 

 

http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/