29.02.08 -A. CANTO

La Asociación Víctimas del 3 de Marzo pidió ayer a los partidos un «compromiso» para «mejorar» la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero y que, a su juicio, «se queda corta». La legislación española les concedió una indemnización al considerarles víctimas del tardofranquismo. «Los grupos políticos deben hacer un esfuerzo en la medida de sus posibilidades para mejorar la ley porque es de justicia reconocer a todos los afectados», demandó Andoni Txasko, portavoz del colectivo.

Txasko considera que casos como el del 3 de marzo vitoriano «no se van a abrir con la nueva ley. Sólo se reconocen indemnizaciones para los familiares de los asesinados y para las personas que sufrieron lesiones incapacitantes». En esta misma línea, la asociación criticó también al Gobierno vasco por «no contemplar este tipo de terrorismo» en la Ley de Víctimas, y a las Juntas Generales de Álava por no haber elaborado una norma foral en el marco de la Ley de Solidaridad.

El portavoz de las víctimas sí se mostró esperanzado con el trabajo que pueda realizar la comisión especial creada por el Parlamento vasco para estudiar los sucesos. «Queremos que se esclarezcan los hechos y se marquen las responsabilidades políticas», enfatizó. En este sentido, calificó como «cobarde y miserable» la decisión de Manuel Fraga Iribarne -en 1976 era ministro de Gobernación- de no comparecer en la comisión para explicar los hechos. «Decía en su momento que la actuación policial fue proporcionada y ahora le entra el miedo en el cuerpo», censuró.

Manifestación

Los actos de conmemoración del 32 aniversario del 3 de marzo se desarrollarán el próximo lunes. El acto principal será una manifestación que partirá, pasadas las siete de la tarde, desde la iglesia de San Francisco, de Zaramaga, hasta la plaza de España. Minutos antes se realizará un homenaje a los fallecidos en la plaza situada enfrente del templo.

Los convocantes solicitaron al consejero de Interior, Javier Balza, que la marcha «discurra sin acoso policial», reclamó Santiago Díaz de Espada, miembro del colectivo. Y es que en 2006 se produjeron cargas policiales y se abrieron diligencias por desórdenes públicos. La Audiencia Nacional ha archivado la causa al considerar que la manifestación era legal.