«Es fundamental una Ley de Archivos, porque aún hay mucha documentación oficial en manos de particulares» BEGOÑA GALACHE. –

Acaba de publicar hace un mes el libro "Héroes y Caídos". ¿Qué aporta a las reflexiones en torno a la Guerra Civil y sus consecuencias?

- En realidad es un tema aún bastante virgen en la universidad, no como en otros países del mundo donde hay cátedras y centros de investigación de la memoria histórica. Lo que no se ha analizado es el uso político que se ha hecho del pasado en cada época. Generalmente, la clase política ofrece una visión determinada del pasado que rara vez es objetiva, porque se valoran los hechos que están en sintonía con los valores que se quieren mantener, y se olvidan y condenan aquellos otros que de alguna manera le pueden parecer una amenaza.

- ¿Eso ocurrió con la II República?

- Con todos sus defectos, la II República pretendió democratizar y reformar España. La formulación de la constitución republicana del 31 es muy parecida a la actual, por ejemplo en el tema de las autonomías. Por eso creo que se puede defender razonablemente que si no hubiera sido por el 18 de julio se hubiera producido un proceso de formación de comunidades autónomas muy parecido al que hay ahora.

- Usted ha dicho que es hora de levantar la "hipoteca ideológica" que pesa sobre el Gobierno republicano. ¿Cree que la historia ha sido injusta con este periodo?

- Ha habido una injusticia, porque se olvida una de las cosas más evidentes, y es que la Guerra Civil no surge por la República, sino porque se subleva un sector amplio del ejército, apoyado por sectores de la derecha y de la Iglesia. Es cierto que la República tuvo problemas muy serios y tensiones sociales, pero eso mismo estaba pasando en ese momento en toda Europa. La crisis del 29 afectó a todo el mundo occidental, y a eso se sumó el ascenso de los fascismos que hace que proliferen las dictaduras.

- En la Transición, con esa especie de pacto de silencio, ¿se hizo lo mejor que se podía haber hecho en ese momento político?

- Mi opinión es que no. Se hizo sobre la hipótesis de que reivindicar la memoria de los que habían sido perseguidos por la Dictadura hubiera sido desestabilizador. Ahora, sin embargo, sabemos que sin dar ninguna publicidad ya se hicieron exhumaciones, incluso durante la propia Dictadura. Y eso se hizo de forma espontánea por los propios familiares. Es normal que cualquier persona quiera para sus seres queridos una sepultura digna si sabe que sus restos están en una cuneta tirados. Si se hubiese tenido un poco de sensibilidad creo que no hubiera dado lugar a ningún problema, como tampoco los está dando ahora. Sólo en Burgos se han exhumado una veintena de fosas y más de quinientos cuerpos. Yo he estado en algunas y es una especie de catarsis. Hay que verlo. Cuando los familiares lo hacen se les quita un peso de encima.

- ¿Cuál es la mayor virtud de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica aprobada por el PSOE?

- Que finalmente haya salido. Mayor o menor era necesario un pronunciamiento de las Cortes españolas como representantes del pueblo español. Sinceramente, yo pensé que si no salía esta Ley ya no salía ninguna, porque la gente mayor se está muriendo y ya no tendría ningún sentido. Además en el año 2002 hubo un pronunciamiento unánime de condena a la Dictadura. Tarde, pero más vale tarde que nunca.

- ¿Y su mayor defecto?

- Sus muchas carencias. Exhumar fosas queda en manos de los particulares, familiares y las asociaciones, que no tienen apenas recursos suficientes. Esto debería costearlo la Administración. También está el tema de las sentencias de los tribunales especiales franquistas, porque se ha hecho una declaración genérica, pero sin consecuencias jurídicas, porque habría que hablar de incautaciones de propiedades, y a ver quién pone ahora el cascabel al gato. Y, en tercer lugar está el tema de los archivos, que es indignante. Uno de los problemas es que aún hoy hay mucha documentación oficial en manos de particulares. Hay documentos de ministros en las casas de los familiares, pero es que además no hay una Ley de Archivos, con lo cual en cada Comunidad hay una diferente. Por cierto, la de Castilla y León es la más restrictiva, porque obliga a que pasen cincuenta años desde el fallecimiento del afectado.

«El 23-F supuso un parón importante»

-¿Confía en que se produzcan nuevos avances legislativos?

- Es que si no se hace ahora ya no se hará. Insisto en que es muy importante que la Administración se haga cargo de pagar los importantes gastos de las exhumaciones, a pesar de que ha sacado algunas subvenciones con este objetivo.

-¿Hay un gran vacío legal?

- Sí. Con los ayuntamientos no hemos tenido grandes problemas, sino quizá cierta inhibición. Los problemas han llegado con algún particular cuando la fosa se ha detectado en terrenos particulares, aunque la Ley dice que se puede proceder a una expropiación provisional.

- ¿Cómo influyó el 23-F en los intentos de normalización?

- Lo frenó. Hay exhumaciones documentadas en los años setenta e incluso bajo la Dictadura, y a partir del 23-F ya no se hizo ninguna. Influyó claramente en este tema e incluso en el comportamiento electoral de la gente, porque los partidos más vinculados históricamente con la República fueron castigados, como el PC.