Á.V. / D.B. - Madrid - 25/09/2008 21:46 

La posible apertura de un proceso para abrir las fosas de las víctimas del franquismo ha provocado una avalancha de documentación en la Audiencia Nacional. El juez que ha abierto esa puerta, Baltasar Garzón, recibe casi a diario correspondencia e información con listas de fusilados de todas las partes de España. Con su providencia dictada el jueves advirtió a las asociaciones denunciantes de que el exceso de censos puede perjudicar la investigación y les pidió que elaborasen, "en el plazo de una semana", un listado "único".

El pasado lunes, varias de las asociaciones denunciantes entregaron a la Audiencia Nacional el censo más completo de fusilados, con 143.353 nombres y apellidos. El juez les recibió en su despacho y les pidió un esfuerzo para evitar las duplicaciones. Esa reflexión del juez demuestra que uno de los principales objetivos es la elaboración histórica del primer documento que registre los nombres de todas las víctimas del movimiento fascista que comenzó el 17 de julio de 1936.

Riesgo de solaparse

A partir de ahora, toda la documentación que ha sido enviada será catalogada por Comunidades Autónomas, Administración General, Organismos Autónomos y otras notificaciones. Antonio o­ntañón, investigador en Cantabria de la represión, encontró el pasado lunes sobre la mesa del juez su propio libro sobre las víctimas de las fosas en su región. Es este tipo de información junto a la enviada por muchos familiares de víctimas las que corren riesgo de solaparse.

El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, aseguró que los denunciantes comenzarán desde ya la labor exigida por el juez. Tratarán de coordinar a todas las asociaciones para elaborar una lista única. Magán añadió que muchos de los documentos que Garzón pide ya están en su poder. Es decir, que los investigadores le han ido enviando la documentación que orienta al juez para solicitar a los archivos.

Uno de esos casos es el de Fausto Canales, hijo de uno de los fusilados republicanos cuyos restos fueron enviados en 1959 al Valle de los Caídos desde fosas comunes de toda España. Canales acudió al Archivo General de la Administración hace 15 días. "Solicité la información de los traslados de las fosas precisamente para evitar las duplicaciones". Garzón se dirige a las asociaciones porque son los interesados en el proceso. Sin embargo, es el Gobierno el que debería elaborar el censo único y el mapa de fosas como le exige la Ley de la Memoria Histórica.