FERNANDO J. PÉREZ-Málaga

EL PAÍS - 07-12-2008

En febrero de 1937, cuando las tropas del general Queipo de Llano entraron en Málaga, el cementerio de San Rafael, situado entonces a las afueras de la ciudad, se convirtió en escenario de una de las mayores carnicerías perpetradas por el régimen de Franco. Entre 1937 y 1951, no menos de 4.371 personas -la mayoría hombres jóvenes, pero también ancianos y mujeres, dos de ellas embarazadas- fueron fusiladas en el recinto y enterradas, en ocasiones aún con vida, en seis fosas comunes a las que se rociaba luego con cal viva.

La expansión de la ciudad dejó al cementerio -clausurado en los años 80- como una isla de olvido y silencio en medio de un polígono industrial. Solo dos monolitos instalados en 1982 por el Ayuntamiento recordaban "a quienes perdieron su vida por la libertad y la democracia". Sin embargo, en 2003, los familiares de las víctimas de la represión, que acudían a San Rafael por separado a honrar a sus muertos, decidieron unirse para dar un destino digno a los restos de sus parientes.

El 16 de agosto de 2006 se abrió la primera fosa, llamada de San Francisco. Desde ese día se han desenterrado los esqueletos de 2.500 personas, que, tras su catalogación, reposan en unas urnas de madera en cuatro casetas de obra del cementerio. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga (ARMH) reclama al Gobierno que agilice el decreto que deberá regular la exhumación y la identificación de los cadáveres.

"Hay que darse prisa con las identificaciones de ADN, porque de los 400 afiliados ya se han muerto 20. Los descendientes más directos nos vamos muriendo. Quedan nietos de los fusilados, pero los hijos ya quedan pocos y con el paso de las generaciones el ADN se va degradando", alerta Francisco Espinosa, ex presidente de la ARMH. La identificación se complica porque muchos de los fusilados no dejaron descendencia y porque de los esqueletos es más complejo extraer el material genético que de cadáveres recientes.

El pasado 31 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó tres decretos que desarrollan la Ley de la Memoria Histórica. Uno es para pagar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos "por la libertad y democracia" entre 1968 y 1977; otro fija los criterios para que los brigadistas internacionales puedan obtener la nacionalidad española. Y el tercero regula la "declaración de reparación y reconocimiento personal" de los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Sin embargo, el decreto que regula el Protocolo científico para las exhumaciones deberá esperar un poco más, ya que tendrá que realizarse en colaboración con otras administraciones, según recordó De la Vega. Las asociaciones de familiares reclaman que este decreto incluya la metodología para la identificación por ADN, y lo más importante, su financiación.

Mientras tanto, la ARMH de Málaga sigue rescatando cuerpos y sus dirigentes se plantean la posibilidad de ganar tiempo creando un "banco de datos" de muestras de ADN de los familiares de las víctimas. No obstante, son realistas sobre la posibilidad real de identificar con exactitud a los suyos. "En Grazalema (Cádiz) se intentó con 16 mujeres de la misma fosa y sólo se consiguió identificar a una", recuerda el arqueólogo de la Universidad de Málaga Andrés Fernández, que participa a pie de fosa en las exhumaciones.

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, participa en las ayudas para la exhumación. En el futuro, cuando el cementerio de San Rafael sea un parque público, habrá un monumento en el el que se recogerán, uno a uno, los 4.137 nombres.

Un goteo constante de familiares sin miedo

El pasado miércoles, José Antonio Rivas del Río, empleado de banca, descubrió la fecha exacta de la muerte de su tío Juan Miguel, fusilado en el cementerio de San Rafael. Fue el 27 de agosto de 1940, un año y cinco meses después de acabada la Guerra Civil. Juan Miguel Rivas, agricultor de Alozaina, en la sierra de las Nieves, tenía 31 años y era el menor de los cuatro hijos de José y Carmen. "Era de izquierdas, pero no militaba en ningún partido. Su hermano huyó de la provincia por la carretera de Almería. Seguramente lo mataron por alguna rencilla", asegura el sobrino. Cientos de historias similares yacen en San Rafael, donde entre el 8 de febrero y el 31 de marzo de 1937 los nacionales fusilaron a 1.400 personas, según los registros.

A José Antonio Rivas se le humedecen los ojos cuando el arqueólogo Andrés Fernández encuentra en la base de datos la reseña de su tío, de quien había oído hablar unas pocas veces a su padre. La escena ocurre en una de las cuatro casetas de obra que sirven como oficinas y como almacén de las 2.500 urnas de madera en las que se conservan los restos de los fusilados. Cada esqueleto tiene una ficha arqueológica en la que se consignan los rasgos físicos (sexo, altura, posibles anomalías y deformaciones) y la disposición del cadáver (flexión, orientación, postura de brazos y piernas), entre otros datos.

Tras dar de alta a Rivas en la asociación de familiares, Andrés Fernández le acompaña a conocer la llamada "fosa civil", en la que un grupo de operarios desentierran los cadáveres con el mismo mimo que si fuera un yacimiento fenicio o prehistórico. Por la fecha de fusilamiento es posible que Juan Miguel Rivas esté allí enterrado. Los alambres con los que sus verdugos les ataron las manos han dejado una mancha de óxido en las muñecas de los esqueletos.

"Uno no termina de acostumbrarse a esto, pero el respeto, el cariño y la pulcritud con la que trabajamos le quita un poco la carga negativa", afirma el arqueólogo. En la actualidad se investiga si algunos de los enterrados de San Rafael fueron trasladados al Valle de los Caídos.

Cada día, un goteo de familiares nuevos acude al cementerio o telefonea desde toda España para saber si están allí sus antepasados. "Después de la investigación de Garzón hemos notado que llama más gente, y es que los más mayores todavía tienen miedo", asegura Fernández.