El Congreso encarga al Gobierno una ley de solidaridad con las víctimas del franquismo
LA VANGUARDIA - 02/06/2004

http://www.lavanguardia.es/web/20040602/51156405199.html

Por otra parte, el Congreso instó ayer al Gobierno a remitir un proyecto de ley sobre ayuda a las víctimas del franquismo, que contó con la abstención del PP, aunque seis diputados populares votaron en contra del texto aprobado. También ayer, el Congreso aprobó la toma en consideración de una propuesta del Parlament para facilitar el uso normalizado del catalán en la administración de Justicia en Catalunya.

El Gobierno deberá elaborar antes de fin de año un informe sobre la situación legal de los represaliados por el franquismo y remitir a la Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que “sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas" durante la dictadura. El texto aprobado ayer alude también a las víctimas “que se hubiesen podido producir durante la transición a la democracia". El PP pidió que se retirase esta mención, que el PSOE admitió que podía entenderse como referida, entre otras etapas, a la de Manuel Fraga como ministro del Interior. Pero los grupos proponentes rechazaron la petición de los populares. La proposición fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos, salvo el PP.

Ramón Jáuregui (PSOE) dijo que “no es posible construir el futuro sobre el olvido" y que ha habido “zonas opacas" en aras de la reconciliación. Joan Tardà (ERC) afirmó que “algo no se habrá hecho bien" cuando el Valle de los Caídos sigue siendo “lugar de peregrinación de franquistas". Isaura Navarro (IU-ICV) señaló que “más vale tarde que nunca" y Jordi Xuclà (CiU) estimó, a su vez, que el acuerdo aprobado ayer es “de mínimos e insuficiente".

Por otra parte, el Congreso tomó en consideración una iniciativa del Parlament para incorporar el conocimiento del catalán como requisito para acceder a una plaza de magistrado, juez o funcionario de la administración de Justicia en Catalunya. El PP votó en contra porque, a su juicio, supondría la disolución del cuerpo nacional de secretarios judiciales. El PSOE aclaró que la toma en consideración no implica el apoyo absoluto a la propuesta.

Finalmente, la Cámara aprobó una moción urgente de CiU para conseguir un acuerdo estable sobre Educación que implique a grupos parlamentarios, administraciones y comunidad educativa. La moción fue aprobada con el único voto en contra del PP y el apoyo del resto de formaciones. El propósito de CiU es “sentar unas bases compartidas y evitar que cambien cada vez que cambia el Gobierno".