El Consell sólo indemnizará a 92 de los 5.500 represaliados del franquismo
Levante - 22/09/2005

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El colectivo reclama a la Administración autonómica que abra un nuevo proceso

José Parrilla, Valencia

La Asociación de Represaliados del Franquismo denunció ayer que el «censo definitivo» de personas que recibirán indemnización de la Generalitat Valenciana es insuficiente y pidió a la Administración autonómica que abra un nuevo proceso para las 5.500 personas que a su entender también debería cobrar este dinero en toda la Comunidad.

Haciendo un pequeño resumen histórico, el presidente de la asociación, Eduardo Del Alcázar Zambrano, recordó que en el año 1990 el Estado ya recibió 12.980 solicitudes de indemnización de la Comunidad Valenciana, de los que 7.500 recibieron su compensación y 5.500 quedaron fuera, la mayoría por no tener 65 años. Posteriormente, en el año 1999 la Cortes Valencianas decidieron indemnizar a estas personas y abrieron un proceso que ya dura seis años. En 2003 salió un primer censo de 46 personas y después de recibir varias quejas este año ha salido un «censo definitivo» de apenas 92 personas del que, además, se han caído 16 nombres de la primera lista.

Para Eduardo del Alcázar, esta cifra es insignificante y la situación general injusta. A su juicio, las indemnizaciones deben abarcar también a las personas que estuvieron menos de tres años en prisión y a las que no tenían cumplidos los 65 años en diciembre del año 2000. Por tanto, solicita una nuevo proceso al que puedan acogerse todos los represaliados.

Entre tanto, exige que se acelere el pago de las indemnizaciones a las 92 personas que ya tienen el aprobado o, si han muerto, a sus herederos, independientemente de que haya fallecido también el cónyuge o no tenga hijos discapacitados. «La Generalitat espera quevayan muriendo paulatinamente los beneficiarios para, así, reducir el importe de las mismas al tener que abonarlas a tan sólo unos pocos», dijo Alcázar en referencia a las personas que están muriendo antes de cobrar.

Uno de los que están en el censo definitivo es Luis Villagarcía. Él no percibió las indemnizaciones del año 1990 porque no tenía 65 años y sabe que antes y ahora eso es injusto. «Me detuvieron a los 18 años, pase 18 años en prisión, tuve dos condenas a muerte y no he cobrado nada porque no había cumplido 65 años», recordó contundente. «Vosotros no sabéislo que es estar en una celda de condenados a muerte. Pasaban los compañeros y decían ýadiós Luis, a mi ya me llevan, que tengas suerteý. Y luego escuchaba los disparos», añadió.

Ahora, sin embargo, mira la vida sin rencor y sólo pide que se hagan las cosas bien. Lo mismo reclama Remedios Montero, que pasó ocho años en la cárcel y también esta en la última lista. Ella no busca venganza. Incluso el dinero le preocupa menos que la dignidad, su gran objetivo. «Yo he salido sin uñas en las manos y con la piel metida entre la carne a palos. No entiendo que a una persona porque ha estado dos años en prisión no la pongan en la lista. Si esto nos lo concedieron, lo normal es que nos lo paguen a todos. Eso es lo justo», dijo.

En representación de los excluidos estaban presentes Antonio Palomares y Amparo Peris. Para el primero esto no es una pataleta de abuelos. «La reparación no es sólo por la cárcel, la cárcel a veces era un escape de los torturadores», explicó Palomares, quien recordó que en otras comunidades se ha pagado a la gente desde el primer mes de prisión.

Peris, por su parte, denunció que su padre, de 90 años, tuvo una condena de tres años y «como estuvo en barcos» no ha podido demostrar todo su calvario. «Para hacerse graduado social tuvo que pedir certificado de buena conducta. Eso significa que bastaba con poner los pies en la cárcel para estar marcado toda la vida», sentenció.