La UE renuncia a la prohibición de los símbolos del nazismo
El Periódico de Catalunya - 25/02/2005
ELISEO OLIVERAS BRUSELAS
La Unión Europea (UE) renunció ayer en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior a prohibir los símbolos nazis para intentar aprobar durante este semestre el proyecto de ley marco europea contra el racismo y la xenofobia, que permanece bloqueado desde febrero del 2003 por culpa de Italia. El proyecto de ley establece penas de por lo menos tres años de cárcel por incitar públicamente a la discriminación, al odio y a la violencia racista o xenófoba. Gran Bretaña, Hungría y Dinamarca se opusieron a incluir la "prohibición de los símbolos que inciten al odio y a la violencia" en el proyecto, como había planteado la presidencia luxemburguesa de la UE a raíz del escándalo provocado por el príncipe británico Harry al disfrazarse de oficial nazi. "Los símbolos nazis no son el núcleo del problema del racismo", argumentó Cathy Jamieson, la ministra de Justicia británica. La presidencia de la UE optó finalmente por renunciar a ampliar el proyecto de ley marco con la prohibición de los símbolos nazis para no reabrir los debates y retrasar aún más su aprobación. Pero Italia consiguió que se vuelva revisar el texto del proyecto en base a sus reservas. Roma quiere que se limite al máximo su alcance práctico en nombre de la libertad de expresión, de asociación y de acción política.
NUEVO DIRECTOR DE EUROPOL Por otra parte, el Consejo de Ministros de la UE acordó nombrar al alemán Max Peter Ratzel como nuevo director de Europol, la policía europea, cargo que ejercerá por un periodo de cuatro años. Ratzel era hasta ahora el jefe de la división del crimen organizado de la policía alemana. El español Mariano Simancas, quien también aspiraba al puesto, fue confirmado como director adjunto.
INMIGRACIÓN Los ministros europeos también expresaron un amplio respaldo a la propuesta de la presidencia luxemburguesa y de la Comisión Europea de crear un sistema de intercambio de información y alerta preventiva sobre las decisiones nacionales en materia de inmigración, como la regularización que lleva a cabo ahora el Gobierno español. La Comisión Europea presentará un proyecto concreto en abril. España apoyó la propuesta porque considera que "facilitará el desarrollo de una política europea común en materia de inmigración".
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