Los tribunales decidirán el destino de los documentos de Salamanca
Norte de Castilla - 11/02/2005

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La consejera Silvia Clemente pasa por delante de la ministra Carmen Calvo tras finalizar su primera intervención en el Senado. / RAMÓN GÓMEZ

El Gobierno anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional para que confirme la invasión de competencias y la Junta de Castilla y León critica «la decisión partidista» exigida por ERC

JORGE MORENO/ENVIADO ESPECIAL A MADRID

Sin acuerdo político entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, ambos ejecutivos se retaron ayer en el Senado a resolver la reclamación de la Generalitat de Cataluña de los fondos documentales del Archivo de la Guerra Civil en los tribunales.

La Cámara Alta sirvió para que la comunidades autónomas gobernadas por el PP dieran su respaldo a la Junta, al tiempo que reclamaron un Pacto de Estado para que defender el «patrimonio común de los españoles».

A esta propuesta, la ministra de Cultura, la socialista Carmen Calvo, que compareció en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado a petición de la Junta y del Grupo Popular, respondió con la decisión del Gobierno central de retornar a la Generalitat de Cataluña los fondos incautados por las tropas franquistas en 1937.

Calvo se amparó en la resolución mayoritaria del Comité de Expertos, en la legitimidad jurídica de la Generalitat, con un Gobierno constituido durante la Segunda República, y en el compromiso de cerrar «una vieja herida que dura ya 25 años». La ministra esgrimió, además, que la vuelta a Cataluña de las 507 cajas de documentación que hay en el Archivo General de la Guerra Civil suponen la cesión a una administración, la Generalitat, que «forma parte del Estado».

Por el contrario, atacó duramente la decisión de la Junta de 'blindar' mediante dos leyes que incluyen al centro de Salamanca en la red regional de Archivos de la Junta y su protección como bien de interés cultural.

«Son dos leyes de un parlamento autonómico que han vulnerado las competencias de un Archivo estatal. Han invadido ustedes las competencias y será el Tribunal Constitucional el que resuelva esta cuestión», señaló la ministra. La responsable estatal ofreció a cambio a la Junta su decisión de crear un gran centro de recuperación de la memoria historica, que recoja todos aquelllos fondos que tengan que ver con la Guerra Civil española.

Calvo negó que se tratase de un conflicto de competencias entre dos administraciones, «ya que la titularidad del Archivo es del Estado», y ha sido el nuevo Ejecutivo socialista el que ha decidido resolver una reclamación hecha por la Generalitat a quien se reconoce su legitimidad institucional.

La consejera de Cultura, Silvia Clemente, recogió el guante judicial y defendió la voluntad del Ejecutivo de Herrera de defender en los tribunales, «dentro del estado de derecho», lo que considera una desmantelación de un archivo nacional que se encuentra en Salamanca.

«Su decisión responde a criterios partidistas, y así lo ha reconocido ERC que ha dicho que se trata de un triunfo suyo por haber dado su voto al Gobierno de Zapatero», dijo Clemente.

La consejera, que recibió el respaldo de los responsables de Cultura de comunidades del PP, recordó en el Senado el informe de la Unesco de 1997 en el que se señala que los archivos sobre la memoria de las naciones se deben de constituir mediante «una unidad que no se rompa» .

Clemente insistió en que el Gobierno había vulnerado el acuerdo del Congreso de los Diputados de mayo del 2004 en que se emplazaba a buscar una solución escuchando a todas las instituciones implicadas, «y no solo a la Generalitat de Cataluña que ha tenido una presencia determinante en la Comisión de expertos».