Comunicado ARMH
Por ARMH (23/11/2002)

Las organizaciones por la recuperación de la memoria histórica se felicitan por la aprobación, hace dos días, de una resolución para restituir moral y económicamente a los desaparecidos en la guerra, los asesinados durante la posterior represión y las personas exiliadas. La espera ha sido muy larga y estos colectivos ya han comenzado a presionar al Gobierno español para que la iniciativa se haga realidad lo antes posible. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha expresado su satisfacción por haber logrado dicho marco legal, que fue votado por todos los grupos parlamentarios.

El tiempo corre en contra de los colectivos de víctimas dado que los protagonistas de los hechos son personas que, en su mayoría, rondan los 80 años de edad. Uno de los puntos clave será la recaudación de fondos que debe hacer el Estado español para asignárselo a aquellos ayuntamientos que deban abrir tumbas de posibles caídos durante la guerra y la posterior represión franquista. Para hacer este trabajo se necesitará personal y maquinaria, así como científicos expertos en la realización de pruebas de ADN, ya que los restos estarán mayormente constituidos por huesos.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno español que elabore un plan de trabajo para organizar la búsqueda de desaparecidos, la apertura de fosas comunes y la repatriación de los 'niños de la guerra', descendientes de militantes y combatientes de la resistencia antifascista.

Otro aspecto es la recuperación de la nacionalidad de estas personas suprimida por la dictadura que siguió al levantamiento franquista. Esta organización también ha pedido la apertura de los archivos, tanto militares como civiles. Se sabe que en algunas instituciones militares existen objetos personales como cartas y otros documentos y enseres que pueden ser claves a la hora de realizar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos.

Para la restitución moral de los luchadores antifascistas se ha pedido que los símbolos públicos de los sublevados como nombres de calles y estatuas sean eliminados por 'suponer un recuerdo constante que no corresponde con la realidad de la Historia para las víctimas del totalitarismo entre 1939 y 1975', concluye un portavoz de esta asociación.