El Gobierno andaluz ordena a los ayuntamientos que cooperen en la búsqueda de las fosas de la guerra civil
Noviembre 2003

Las exhumaciones de los fusilados durarán sólo dos años. Miguel Lorente, director del Instituto de Medicina Legal de Granada, supervisará y coordinará todas las tareas

MARÍA JOSÉ PÉREZ/SEVILLA

Tres consejeros de Chaves tuvieron víctimas entre sus familias

El Gobierno de Manuel Chaves ha puesto un plazo de tiempo a la búsqueda de las fosas de la guerra civil y la postguerra, que se investigarán por toda la geografía andaluza. Sólo durarán dos años sus actuaciones para recuperar la memoria histórica y el homenaje institucional y social que se rendirá casi 60 años después, según el borrador del decreto, que está ya listo para su aprobación en Consejo de Gobierno y con el que se satisface la demanda de quienes nunca pudieron enterrar a sus muertos. A los ayuntamientos y a los jueces se les podrá ordenar que cooperen en la investigación de incontables fosas comunes que se excavaron secretamente durante la guerra civil y, después, a comenzar a abrir las fosas e identificar los cadáveres que yacen en ellas.

El borrador, al que tuvo acceso este periódico, prevé la exhumación de los cuerpos en los lugares en los que se hallen y el traslado a los cementerios, sólo de forma excepcional, «previo informe del comité técnico y con las autorizaciones judiciales y pertinentes». Entre las actuaciones previstas, consta el esclarecimiento de los hechos acaecidos y dónde se produjeron los acontecimientos que derivaron en la muerte de miles andaluces, así como la identificación del lugar donde se ubiquen las fosas o enterramientos, además del estudio y localización de los restos humanos. En las fosas que se localicen se erigirán 'monolitos' o monumentos conmemorativos.

Las familias que quieran buscar el cuerpo de algún antepasado asesinado tendrán que dirigirse a a los ayuntamientos o a las asociaciones, según el texto legal, «a fin de canalizar de forma coordinada y operativas aquellas pretensiones que puedan considerarse viables técnicamente».

Ayuntamientos, universidades y asociaciones sin ánimo de lucro colaborarán en esta penosa tarea, que el Gobierno andaluz se ha decidido a apoyar decididamente, y para ello concederá subvenciones. De momento, el decreto cuenta con una dotación económica inicial de 300.000 euros en los Presupuestos andaluces de 2004.

Supervisión

Miguel Lorente, destacada figura de la medicina forense y director del nuevo Instituto de Medicina Legal de Granada, supervisará todas las tareas y coordinará a las diferentes instituciones y asociaciones que participarán en la denominada «memoria histórica de las víctimas de la guerra civil española y posguerra». Este prestigioso médico granadino formará parte de un comité técnico que coordinará y tendrá la última palabra en las excavaciones e identificación de las víctimas. La Consejería de Justicia también designará un comité de seguimiento posterior, integrado por un médico forense.

Participación activa

El decreto, que ha sido elaborado por la Consejería de Justicia, ha sido guardado con celo por la Administración andaluza debido a la especial sensibilidad que despierta en muchos pueblos andaluces, en los que la represión de Franco fue más dura, en especial en Granada, donde la muerte de Federico García Lorca hizo una honda mella.

Justicia promueve la participación «activa» de los municipios andaluces y les conmina a colaborar en la publicación anual de convocatorias de subvenciones que fomentarán la investigación y estudio de las víctimas de la guerra civil, como a facilitar la exhumación de los cadáveres. También les insta a que promuevan monumentos conmemorativos en los lugares en los que se determine que hubo enterramientos colectivos «derivados de la contienda civil». En el caso de que no se se pueda localizar con exactitud alguna fosa «por haber sido modificada por la orografía o haber sido cubierta por construcciones», si existen datos históricos de su existencia, se levantará monumentos en una zona próxima que decidirá la «administración pertinente».

Con todas las cautelas del mundo, el decreto pone plazos a este plan para divulgar los terribles sucesos de la guerra civil y los lugares olvidados donde se cree que yacen 15.000 personas asesinadas sin más memoria que la tierra, aunque la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, tendrá poderes plenos para prorrogarlo «cuando se produzcan circunstancias que así lo aconsejen.»