Catalunya impulsa una ley para anular condenas del franquismo
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 16/07/2003

• La propuesta afecta a las sentencias de los dos bandos de la guerra civil
• Todos los partidos menos el PP apoyan el proyecto, que será remitido al Congreso

ELIANNE ROS
BARCELONA

Todos los partidos catalanes menos el PP han suscrito una proposición de ley para que puedan ser anuladas todas las sentencias dictadas durante la guerra civil y la era franquista que estaban 'fundadas en motivos políticos, sociales o ideológicos'. La propuesta, que una vez aprobada por el Parlament deberá ser remitida al Congreso de los Diputados, garantiza la gratuidad y rapidez de los procesos judiciales que deberán interponer los afectados.
El proyecto, denominado 'de regularización de situaciones jurídicas originadas por la guerra civil', responde a una iniciativa del Institut de Drets Humans de Catalunya. El objetivo es hacer justicia tanto con los represaliados y fusilados durante el franquismo como con los afectados por sentencias judiciales durante la guerra civil, fueran éstas del bando nacional o del republicano.
CiU, el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds han presentado la propuesta en el registro del Parlament pese a que la legislatura está prácticamente agotada, por lo que la iniciativa se tendrá que retomar tras las autonómicas del próximo otoño. 'Hemos querido ser pioneros', argumenta el portavoz de Esquerra, Joan Ridao, que admite que el texto 'podría mejorarse' cuando se presente ante el Congreso.

COMO LA AMNISTÍA DEL 77
A juicio de Ridao, la legislación pretende ser 'una solución homologable a la ley de amnistía de 1977', aunque, a diferencia de ésta, obliga a revisar caso por caso. Según el texto de la propuesta, el Tribunal Supremo será la instancia judicial competente para anular las sentencias dictadas durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 --primer día del golpe de Estado de Franco-- y el 20 de noviembre de 1975, cuando murió el dictador.
Con esta ley se pretende acabar con el actual rechazo de los tribunales a revisar sentencias franquistas, puesto que las iniciativas planteadas en este sentido no son admitidas a trámite bajo el argumento de que la condena se realizó según las leyes vigentes en la época. En el único caso en que el Supremo admitió a trámite un recurso, presentado por el hijo de dos fusilados, falló en contra utilizando este razonamiento.

UN PLAZO DE CUATRO AÑOS
El proyecto prevé que, tras su publicación en el BOE, se abra un plazo de cuatro años para revisar las sentencias. Prevé también que los recursos puedan interponerse tanto por los afectados como por 'personas, grupos, sindicatos, asociaciones o partidos' que hayan 'sufrido perjuicio directo o indirecto' debido a una sentencia.
El único grupo que no ha suscrito la petición, el PP, aduce que no está en contra de la medida, pero que antes de suscribirla quiere conocer la posición del Gobierno.