La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucia amplía las ayudas a los ex presos del franquismo
Andalucía, 29 de septiembre de 2003

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La Consejería amplía las ayudas a los ex presos del franquismo con condenas inferiores a tres años
Hasta la fecha se han concedido 272 ayudas por un importe superior a los 2 millones de euros

La Consejería de Justicia y Administración Pública prepara un decreto por el que se ampliarán las ayudas a los ex presos y represaliados políticos del franquismo que estuvieron privados de libertad por un tiempo inferior a tres años.

Este nuevo decreto, anunciado en el Parlamento por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tiene prevista su probación para el próximo mes de noviembre. La norma permitirá regular las indemnizaciones a los andaluces que permanecieron privados de libertad por un periodo superior a tres meses y un máximo de tres años en prisión por razones políticas.

La Consejería tiene previsto destinar a estas indemnizaciones un importe superior a los seis millones de euros, de los que se beneficiarán cerca de 1.800 andaluces. Hasta la fecha la Consejería ha resuelto 3.726 solicitudes de ayudas de las 4.803 presentadas por los ex presos.

La mayoría de ellas corresponden a personas que estuvieron menos de tres años privados de libertad y que se acogerán a las ayudas del futuro decreto. De los andaluces que estuvieron más de tres años privados de libertad, un total de 272 ya han percibido sus correspondientes indemnizaciones, que ascienden a más de dos millones de euros.

La Consejería ha desestimado 1.748 solicitudes por no cumplir los requisitos exigidos, mientras que 1.077 se encuentran a la espera de la valoración y del pronunciamiento que haga el Ministerio de Interior y el Tribunal Militar de Defensa sobre el tiempo de estancia en prisión y la causa de su encarcelamiento.

Estas indemnizaciones de la Junta tienen como objetivo, más que resarcir el daño sufrido por estos andaluces, reconocer públicamente su lucha por la defensa de la libertad y la democracia durante la dictadura franquista.
Esta iniciativa de la Junta responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad andaluza expresada a través de partidos políticos, colectivos sociales y el propio Parlamento, que aprobó una Proposición no de Ley en Pleno instando al Gobierno andaluz a la concesión de estas ayudas.