Cataluña adelanta a Galicia al regular la exhumación de las fosas franquistas
La Generalitat aprobó el pasado mes de junio una ley por la que financia la búsqueda de represaliadosSonia Dapena
La voz de los caídos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista sigue viva. Aunque algunas administraciones se esfuerzan en acallar por todos los medios los sonidos de un pasado vergonzoso, hay quién lucha por sacar toda la verdad a la luz. Es el caso de la Generalitat catalana que, mientras en Galicia la Dirección Xeral de Patrimonio trata de retrasar la exhumación de una fosa común en la localidad pontevedresa de Tenorio (Cotobade) en la que descansan 11 víctimas del Régimen franquista, aprobó en junio una ley para impulsar y subvencionar la búsqueda de este tipo de enterramientos. Además, la Junta de Andalucía también está a punto de dar a conocer su plan para dar más rigor a la política de exhumaciones.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva meses luchando para poder obtener los permisos que les den luz verde para recuperar los restos de esos 11 paseados que, según todos los indicios, fallecieron el 9 de noviembre de 1936. Sin embargo, como explicaba ayer en Xornal de Galicia el vicepresidente de la entidad, Santiago Macías, Patrimonio devolvió toda la documentación presentada por “defectos de forma”. Precisamente el pasado viernes, los papeles volvieron a salir hacia Galicia a la espera de que la burocracia los dé por buenos.
JUNTO A UNA IGLESIA DEL XVI
El problema viene porque según el Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la comunidad autónoma de Galicia, es la Dirección Xeral de Patrimonio la que debe decidir en todas aquellas actividades que “afecte a un ben de interese cultural, un depósito catalogado ou inventariado , ou un espacio onde se presuma a existencia de restos arqueolóxicos”. En el caso de Tenorio, la fosa podría encontrarse –según la ARMH puede haber desaparecido en las sucesivas reformas del cementerio– en las inmediaciones de una iglesia del siglo XVI y un monasterio, por lo que desde la Xunta piden numerosa documentación.
“El departamento de Patrimonio, como algunos de otras comunidades, está despersonalizado porque le dan el mismo valor a un azulejo fenicio que a los restos humanos”, denuncia Santiago Macías, que pide a los técnicos de la Consellería que les “faciliten el trabajo”. Macías alude a la gran experiencia de la asociación en este tipo de trabajos para asegurar que en ningún momento “una cata a mano” va a afectar a las estructuras de ambos edificios religiosos.
En este sentido, donde sí se fían de su profesionalidad es en Cataluña. Además, el apoyo a las familias es total. De hecho, mientras en Galicia la exhumación se rige por un decreto que regula los restos arqueológicos en general, el Parlamento catalán aprobó hace tan solo unos meses la Ley 10/2009 sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes.
Gracias a este texto legal, la Administración se ha comprometido a crear un Censo de Personas Desaparecidas en Cataluña durante la Guerra y la posguerra. En Galicia, según la ARMH, el bipartió intentó hacer algo parecido con la ayuda de la Universidad de Santiago. A juicio de Macías el trabajo resultante “no es riguroso y deja bastante que desear” ya que no han incluido todas las fosas descubiertas por la entidad y además no incluyen los lugares donde se ubican.
La comunidad gallega sigue perdiendo puntos si se compara el tema económico. La recién estrenada ley catalana incide en que “los gastos derivados de las actuaciones para la investigación y localización de las personas inscritas en el Censo de Personas Desaparecidas van a cargo de la Administraciónde la Generalitat, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, y sin perjuicio de la aportación de otras administraciones e instituciones públicas y privadas”. En Galicia, Macías asegura que nunca han recibido ninguna subvención por no estar inscritos aquí, pese a ser la única entidad que ha trabajado en la comunidad en la recuperación de restos humanos.
Los trámites a los que se enfrentan la asociación son muy difíciles pero peor lo tienen en Aragón. Patrimonio ya regula la búsqueda de los paseados “hasta en la mitad del campo” y amenaza con sancionar a un familiar por abrir una fosa sin su permiso.
