Sobre el trato inhumano del Gobierno y autoridades españolasCasi transcurridos ya dos años desde la promulgación de la ley de la memoria histórica y sin que se haya activado todavía ni un sólo mecanismo ante el robo de niños del franquismo – caso de desapariciones que la ley de la memoria ni siquiera menciona –, ni la localización de los desaparecidos de los cientos de fosas clandestinas, se ha puesto en marcha la elaboración de un Informe General sobre el trato inhumano e de las autoridades españolas en el caso de los más de 150.000 desaparecidos del franquismo para pedir la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, de conformidad con las competencias que le están reconocidas en materia de recibir información, dirigirse a los Gobiernos y realizar consultas sobre el terreno desplazándose a los países sobre la situación a fin de garantizar la protección de la integridad física y mental de la persona frente a este tipo de actuaciones del Estado.

Con el inicio de los trabajos para la elaboración del Informe General sobre el trato inhumano del Gobierno y autoridades españolas a las familias de los desaparecidos – el relato del dolor silenciado de miles de familias durante todo lo que llevamos de democracia – se pretende así dar cauce jurídico internacional, y visibilidad y conocimiento social dentro y fuera de nuestras fronteras, al inmenso dolor y la incertidumbre de los familiares de los desaparecidos del franquismo continúa todavía 30 años después, en medio de las ocurrencias de nuestra ley “de la memoria” – ni siquiera originales ya que están copiadas de la Orden de Franco de 1 de mayo de 1940 – y a pesar del reconocible consenso internacional en torno al incontestable deber de todo Estado de Derecho de buscar, identificar, y devolver a sus familias, a los desaparecidos, con todos los medios de su aparato de justicia. Una situación además de la máxima urgencia dada la avanzada de muchas de estas personas que tan sólo aspiran a conocer la suerte y paradero de sus pequeños arrebatados y de sus otros familiares cruelmente asesinados.

 En España, en el treinta aniversario de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 1979), nuestras autoridades continúan violando los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto las decenas de miles de desaparecidos del franquismo y sus familias, y continúan desatendiendo toda la normativa internacional en la materia al no proceder a una “investigación oficial efectiva e independiente” ipso facto y por propia iniciativa de las autoridades ante todo caso del que se tenga noticia tal y como ha venido exigiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este sentido la ley “de la memoria histórica” ha sido el mayor engaño a la ciudadanía española en materia de Derechos Humanos desde el final de la Dictadura.

 En un país, el de los niños perdidos, en el que los genocidas quedan impunes y jamás han tenido que prestar declaración y los jueces son los imputados, ante la situación derivada de las actuales políticas pro-impunidad del franquismo y de punto final que dicha ley representa, y la actitud indolente de nuestras autoridades ante semejante dolor, sólo nos queda la opción de intentar que las instituciones internacionales acudan a nuestro país a proteger los derechos humanos de todas estas personas; No es normal, nunca lo será, que en España sean los familiares los que tengan que acudir a recuperar, e identificar como puedan, a sus seres queridos atrozmente asesinados en vez de que sean las autoridades las que lo hagan mediante una Comisión Nacional de Búsqueda y otras medidas. Que sean los familiares los que tengan que buscar a los pequeños con medios privados. Y el daño social derivado del efecto desinformador generado por nuestro propio Gobierno en torno al alcance real, normal, de los derechos humanos de los desaparecidos españoles  y sus familias en su constante intento de inventar sucedáneos en todo este tema – en vez de dar normal aplicación a los deberes de “verdad, justicia y reparación” de Naciones Unidas – no debe ser tampoco aquí olvidado. Otros Gobiernos democráticos tendrán que abordar y reparar en el futuro ese daño explicando a nuestra sociedad los derechos que sí que tiene todo ser humano ante este tipo de crímenes, derechos que, lamentablemente, hoy nuestro Gobierno les sigue negando deliberadamente.