Valoraciones respecto al protocolo andaluz de actuaciones en exhumaciones de la Guerra Civil y la posguerra.

  

VALORACIONES RESPECTO AL PROTOCOLO ANDALUZ DE ACTUACIONES EN EXHUMACIONES DE LA GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA

Primera.- Desde el Foro por la Memoria de Andalucía manifestamos nuestro acuerdo, deseo e intención de que se proceda, de acuerdo con la Ley, al levantamiento de todas las fosas de la represión franquista y que, tras los trámites necesarios, se proceda a la identificación y la inhumación de las víctimas según los deseos de sus familiares y teniendo también en cuenta que la gran mayoría de los defensores de la legalidad democrática de la II República que se encuentran en las fosas comunes no tuvieron descendencia o no existen familiares vivos, por lo que es responsabilidad del estado democrático de derecho, así como su obligación moral, garantizar que se les haga justicia. Pero entendemos, y esto es inamovible e innegociable, que las fosas en las que se encuentran ilegalmente inhumadas las víctimas de la represión franquista deben ser levantadas de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos, por lo que deben ser los Jueces de Instrucción los que acuerden las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en el marco de la investigación de los delitos que cometieron las personas que ejecutaron, directa e indirectamente, a los allí inhumados.

Segunda.- El levantamiento de la fosa sin que se realice bajo la autoridad judicial puede ocasionar la destrucción de las pruebas de los delitos cometidos y, además, supone que las pruebas de esos delito halladas en la misma carecerían de validez como consecuencia de la participación en su obtención de personas ajenas a la Justicia lo que conlleva, necesariamente, que quede rota la cadena de custodia de las pruebas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente. Los hechos que causaron la muerte a las personas que se pretendan inhumar, como por ejemplo en el caso de la fosa de Alfacar, son constitutivos de delito, seguramente el más grave de los previstos en cualquier legislación penal, a saber, los crímenes contra la Humanidad.

Tercera.- Respecto a los aspectos de confidencialidad que recoge el citado protocolo entendemos que hacen un flaco favor a la lucha contra la impunidad en nuestro país, y por consiguiente en la consecución de una democracia más avanzada. Este aspecto de la confidencialidad entendemos que pudiera suponer la negación del derecho de toda la sociedad a conocer y valorar en toda su magnitud los hechos acaecidos, porque nosotros defendemos que la memoria histórica debe ser colectiva, que pertenece a todos los andaluces no sólo a los familiares de las víctimas, ya que la sociedad tiene el derecho a conocer los hechos sucedidos en toda su magnitud tal y como se recoge en la legislación internacional. Entendemos que este conocimiento ha de ser público y ha de abarcar desde el esclarecimiento de las circunstancias históricas que llevaron al asesinato de las víctimas, su identidad y en el caso que sea factible la ubicación de sus restos; pero también los nombres de los responsables de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en nuestro país, tanto los verdugos materiales como y sobre todo los responsables morales. También entendemos que es imprescindible, de igual manera el conocimiento de quienes se beneficiaron económicamente con el golpe de estado, con las incautaciones, con el expolio de los bienes de los represaliados, con el trabajo esclavo de los prisioneros, y por supuesto la devolución e indemnización a los herederos de los represaliados. Sin olvidarnos tampoco de los niños y niñas robados por el franquismo a sus legítimos padres.

Cuarta.- Respecto a los aspectos de solicitud de permisos y autorizaciones que recoge el citado protocolo, respecto a la recuperación de los restos de las víctimas, han de ser sus derechos los que han de ser protegidos de manera prioritaria y ante cualquier otra consideración. Tanto en el proceso de recuperación de sus restos como en la defensa y recuperación de su memoria, siendo especialmente sensible y respetuoso con la ideología de las/s asesinadas/os.

 Quinta.- Es obligación de las autoridades judiciales de nuestro país la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos, por tanto han de ser estas las que realicen las exhumaciones de las fosas comunes. No han de ser entidades no vinculadas al ámbito judicial las que realicen las exhumaciones. Ni familiares, ni asociaciones ni ayuntamientos, ya que si no se procede a la judicialización de las pruebas, se podría estar destruyendo las pruebas de los crímenes o rompiendo las cadenas de custodia, con lo cual se fomentaría de una manera involuntaria a aumentar la carcasa de impunidad que poseen los responsables de crímenes contra la humanidad que se cometieron en nuestro país.

 Sexta.- No compartimos la posibilidad que por decisión de un familiar se pueda proceder a la no exhumación de los restos de algunos compañeros/as asesinados/as. Esta opinión esta fundamentada en primer término en que han de ser las autoridades judiciales las que procedan a la realización de las exhumaciones como pruebas judiciales que son, por tanto no se ha de atender a ningún tipo de oposición a las exhumaciones, considerándose la alteración, manipulación o destrucción de los restos como destrucción o alteración de pruebas de crímenes contra la humanidad, y si se hiciera de manera mal intencionada, como complicidad. En segundo termino porque han de ser los intereses de las victimas los que se han de proteger independientemente de los intereses, deseos u opiniones de los familiares. En tercer termino, y de manera meramente formal, mientras no existan identificaciones de los restos, en la mayoría de los casos, no se tiene la certeza de los parentescos.

 Séptima.- Respecto a la ocupación temporal de los terrenos no compartimos el planteamiento que se redacta en el citado protocolo, entendemos que es obligación de la justicia española la investigación de los crímenes contra la humanidad, y que las exhumaciones son una parte de esa investigación, por tanto y como en cualquier proceso de investigación, no contemplamos la posibilidad de indemnizaciones a los propietarios de los terrenos, sin embargo sí la restitución de los terrenos a su estado original. Exceptuando en los casos que los trabajos de exhumación produjeran algún perjuicio al susodicho. De igual manera alertamos sobre la posibilidad de que en estos casos se pudiera generar ánimos de lucro por parte de algunos propietarios. Independientemente de todo ello, no ha de ser impedimento la posible oposición de algún propietario a las exhumaciones ya que entendemos que siempre han de prevalecer la investigación judicial y los derechos de las víctimas y por tanto las exhumaciones no podrán ser paralizadas por este motivo.

Octava.- Protección de los terrenos donde se ubicaran restos cadavéricos, entendemos que se hace la exposición de una manera que puede ser contra producente, pues ya que al obligar a los propietarios de los terrenos a la protección de las fosas comunes se distrae la obligación del estado obligando a un particular a cumplir con las funciones que habría de realizar la función pública. Entendemos que de este modo se puede producir la destrucción de algunos lugares para así no tener que mantenerlos. Y exigimos que se legisle como delito la destrucción de los lugares relacionados con la represión realizada por el fascismo español, y en el caso de la destrucción voluntaria de fosas comunes, restos cadavéricos u otras evidencias o pruebas de crímenes contra la humanidad, esta legislación habría de recoger estos hechos como complicidad con los crímenes contra la humanidad y se le habría de aplicar la legislación penal pertinente.

FORO POR LA MEMORIA DE ANDALUCÍA

foroporlamemoria_andalucia@hotmail.com

 

Comunicado leído en la concentración celebrada en Sevilla el pasado 21 de noviembre

            Ante la reciente aprobación del protocolo de exhumaciones por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Andalucía, el Foro por la Memoria de Andalucía ha presentado, (al igual que hizo ante este organismo algunas valoraciones a dicho protocolo. En el cual se quiere seguir dejando constancia de que la justicia no puede quedarse al margen de las exhumaciones, donde se defiende que las fosas en las que se encuentran ilegalmente inhumadas las víctimas de la represión franquista deben ser levantadas de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos, por lo que deben ser los Jueces de Instrucción los que acuerden las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en el marco de la investigación de los delitos que cometieron las personas que ejecutaron, directa e indirectamente, a los allí inhumados.  Por eso estamos concentrados hoy aquí para protestar ante esta injusticia llamada protocolo de exhumaciones, bajo el lema «SIN JUSTICIA NO HAY MEMORIA. NO AL PROTOCOLO DE EXHUMACIONES DE LA JUNTA«.

            Otro motivo de esta concentración consiste en continuar con la campaña a nivel nacional, impulsada por la Federación Estatal de Foros por la Memoria, celebrando concentraciones a las puertas de los máximos órganos judiciales con el lema: «VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO«. Para mostrar a la sociedad que la impunidad es pedestal sobre el que se sustentan los actuales poderes fácticos, directos herederos de los anteriores y dispuestos a que la Historia siga siendo un espacio en el que ellos deciden las “reglas del juego”, las cambian a su antojo cuando no les son favorables y no dudan en cometer los crímenes más execrables en nombre de cualquier causa aparentemente noble. Nunca se suelen sentar en el banquillo de los acusados y suelen ser siempre los abanderados de “reconciliaciones” y “modélicas transiciones”. En el Estado Español, esas reglas vuelven a ser cambiadas. Un gran pacto entre los dos partidos mayoritarios (el que representa directamente los intereses de esos poderes fácticos, el PP, y el PSOE, que los está representando indirectamente, por cobardía, por interés, o por ser el refugio de muchos represores, y herederos de los represores, necesitados de una imagen de “demócrata de toda la vida”) quiere acabar con esa pequeña “trinchera” anti-impunidad en que se estaba transformando la Audiencia Nacional. A esto, tenemos que añadir el intento de amedrentar, mediante el procesamiento del juez Garzón, a los jueces de primera instancia, dispuestos a iniciar procedimientos para esclarecer, en sus jurisdicciones, los crímenes cometidos por el franquismo (amén de otras lecturas que puedan hacerse de este hecho). Se está tratando de evitar, por todos los medios, que la lucha contra la impunidad se abra paso ya que pone en peligro privilegios e intereses de esos poderes fácticos. En ese contexto es en el que nos tenemos que mover y en el que nos tenemos que movilizar.

             En los últimos años hemos visto como se procesaba a criminales contra la Humanidad de todo el planeta pero los de aquí –gracias a “la modélica transición”- iban muriéndose en la cama con obituarios que nos contaban su intachable historial “democrático”. El franquismo duro varias generaciones –es más, podríamos atrevernos a decir que todavía existe, al menos en el terreno ideológico- y ni los que torturaban y mataban “por Dios y por España” en los años treinta y cuarenta, ni los que lo hicieron en las décadas siguientes fueron nunca procesados. Esto ya es, de por sí, muy grave, pero si hay algo más grave aún es la falta de reconocimiento jurídico de sus víctimas.

             La Legislación Penal Internacional se basa en tres derechos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación. Tal como hemos visto a lo largo de los años, la falta de voluntad política y la pervivencia en numerosas instituciones del estado –en especial, en la judicatura, en las fuerzas armadas y en las de orden público- de verdaderos herederos biológicos e ideológicos del franquismo -con la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica, por supuesto- están impidiendo que ninguno de estos tres derechos se haga efectivo. No quieren que se haga justicia con las víctimas de la ilegal -y condenada por la ONU, por su carácter fascista- dictadura del general Franco.

            Por todo ello, volvemos a exigir VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO