Dicen que detrás hay «un acto de represión» contra los memorialistas. Critican que los órganos judiciales tienen «herencias» de la dictadura

 

15/02/2010 J.S.R.

La Federación Asturiana Memoria y República que agrupa a las asociaciones y foros que trabajan en el Principado por la recuperación de la memoria histórica y la restauración de los derechos de quienes fueron víctimas del franquismo y la dictadura, denuncian que detrás de las acusaciones contra el juez Garzón hay «un acto de represión encubierta contra el movimiento memorialista y republicano».

Las asociaciones asturianas en sintonía con las federaciones de toda España ven «con enorme preocupación» el auto acusatorio por presunta prevaricación del Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su intento de investigar los crímenes del franquismo. Para estos colectivos la decisión del Supremo es «un paso más en la impunidad» porque porque el alto tribunal actúa a instancias de denuncias presentadas por organizaciones de la extrema derecha que son herederas del franquismo. » Qué legitimidad puede tener Falange en un estado realmente democrático?», dicen.

Si bien la Federación Asturiana Memoria y República nunca estuvo de acuerdo con la vía elegida por Garzón a la hora de instruir causas de los asesinados y desaparecidos del franquismo, al considerar que la Audiencia Nacional no era el órgano competente, como así fue, rechazan que se ataque a un magistrado que «se atrevió» a abrir una investigación e intentó que las normas del derecho internacional se aplicaran en España para que no continuase «la impunidad» del franquismo.

«Decisiones como esta demuestran una vez más que en los órganos judiciales de este país siguen presentes las herencias del franquismo» se afirma en una resolución de la junta directiva de la Federación presidida por Javier de la Fuente, en la que también se denuncia que la decisión del Tribunal Supremo «pretende amedrentar a jueces y fiscales y al movimiento memorialista y republicano, para que nadie se atreva en el futuro a cuestionar el modelo de impunidad de la sacrosanta Transición».

Las acusaciones contra el juez Garzón se basan sobre todo en que el magistrado no aplicó la ley de Amnistía de 1977. Pero los memorialistas y muchos juristas entienden que ninguna ley puede amnistiar los crímenes contra la humanidad.

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