IU solicita la comparecencia urgente del Presidente del CGPJ
Para que explique la «inminente y escandalosa apertura de expediente de suspensión a Garzón”
Domingo, 21 de Feb de 2010
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado una solicitud de comparecencia urgente del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ante la Comisión de Justicia de la Cámara.
Llamazares solicita textualmente en el escrito presentado en el Registro del Congreso el pasado viernes 19 que Dívar explique “la inminente, escandalosa y sin precedentes apertura de expediente de suspensión por el Consejo General del Poder Judicial al juez Baltasar Garzón, en ausencia de sentencia condenatoria y ni tan siquiera de apertura de juicio oral, ni acusación por parte de la Fiscalía”.
El portavoz parlamentario de IU espera que esta solicitud sea calificada favorablemente cuanto antes por parte de la Mesa del Congreso y se lleve pronto a cabo a través de la Comisión de Justicia ante “la rápida evolución judicial de los acontecimientos en este caso concreto, que contrasta con la lentitud de que hace gala la Justicia y el propio CGPJ en otros quizá con protagonistas menos señalados. Parece que hay quienes tienen ganas de quitarse al magistrado Baltasar Garzón pronto de encima”.
Gaspar Llamazares lleva a cabo esta iniciativa parlamentaria a raíz de las acciones ya adelantadas por distintos miembros del CGPJ para suspender a Garzón de sus funciones en la Audiencia Nacional. “Éstas se abrían iniciado de forma paralela a la instrucción que el Tribunal Supremo lleva a cabo de la causa abierta por un presunto delito de prevaricación del que le acusan distintas organizaciones del entorno ultraderechista, tras intentar arrojar luz sobre los crímenes cometidos por el régimen franquista y la situación de miles de desaparecidos en fosas comunes”, detalla Llamazares.
A su juicio, “nos encontramos ante una actuación sin precedentes por parte del Consejo General, que ha dejado abierto de par en par un camino dando por hecho que habrá una sentencia condenatoria –en consonancia a lo que refleja el auto del instructor del Tribunal Supremo, antes de ni siquiera decretar la apertura de juicio oral- y sin tener en cuenta las reiteradas peticiones de archivo de esta causa lanzadas desde el Ministerio Público”.
Para el diputado de IU, “quienes desde fuera y dentro de la judicatura se han propuesto acabar con la carrera de Garzón por haberse atrevido a meterse con un tema tabú como las consecuencias aún en nuestros días de los crímenes del régimen franquista parecen que están pisando el acelerador. Nosotros, además de otras iniciativas que llevaremos a cabo, exigimos ahora que el máximo responsable de los jueces explique en sede parlamentaria lo que está pasando a uno de sus compañeros, que también debería tener todos sus derechos garantizados”.
Llamazares recuerda que “algunas decisiones ya tomadas, con un lenguaje y una redacción que nos retrotraen a otra época, dan mucho que pensar, sobre todo cuando estamos a las puertas de que Garzón se pueda convertir en el primer encausado en relación a los crímenes franquistas, en lugar de sus ejecutores o cómplices”.
Además de lo que ocurra con el CGPJ, espera que los próximos pasos a tomar por el Tribunal Supremo “tengan en cuenta las opiniones de la Fiscalía para cerrar este asunto y todos en el Alto Tribunal obren con el talante democrático y profesional que le ha caracterizado en su reciente trayectoria”.
En el caso concreto del voluminoso auto del instructor del Supremo que atribuye a Baltasar Garzón un presunto delito de prevaricación, Llamazares lamenta “la torticera interpretación que se hace del contenido de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el legislativo”.
El diputado de Izquierda Unida, que participó muy directamente en la tramitación, enmiendas y aprobación que se presentaron a esta ley durante la pasada legislatura, en estrecha colaboración con numerosas asociaciones de Recuperación de la Memoria, considera lamentable que “nadie que tenga un mínimo conocimiento de lo que aprobó el Parlamento, y menos desde la judicatura, pueda interpretar que en esta ley se pusieron limitaciones a la colaboración de los distintos poderes públicos en la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista”.
