El ‘movimiento’ acusa a Garzón de vulnerar su derecho al honor

 

JULIO MARTÍNEZ LÁZARO – Madrid – 14/02/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela tendrá que decidir en los próximos días la fianza que impone a Falange Española de las JONS para actuar en el proceso y si ésta puede actuar bajo su propia dirección letrada o tiene que hacerlo bajo la de Manos Limpias, tal como le ha ordenado la Sala Penal en una providencia notificada 50 días después de la admisión a trámite de la querella de FE-JONS contra el juez Baltasar Garzón.

Falange parece ser la parte procesal más molesta en el proceso que instruye el magistrado Varela, quien, hasta ahora, «se ha olvidado clamorosamente de la querella de FE-JONS, presentada hace más de cinco meses y admitida a trámite hace dos», según aduce en su último recurso el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

El letrado se queja a la Sala Penal de que, si como afirma Varela, la imputación a Garzón tiene que deducirse del contenido de las querellas, la de Falange «no puede ignorarse olímpicamente», dado que contiene una imputación distinta de las de los otros querellantes, las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias y Libertad e Identidad.

En la querella de Falange se imputa a Garzón, entre otras cosas, «vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la Humanidad». Según Falange, tal proceder «es calumnioso y atenta contra el honor de nuestro movimiento». Martínez-Fresneda exige saber si Garzón tendrá que defenderse, además del delito de prevaricación que le atribuye Varela, del posible delito de calumnias que aparentemente le imputa Falange. Y hasta ahora, Varela ha guardado un «completo silencio» respecto de su querella, según la defensa de Garzón.

La propia Sala Penal ya se pensó durante dos meses y medio la admisión de la querella de Falange, pero una vez admitidas las de Manos Limpias y Libertad e Identidad no supo negarse, al ser las tres querellas «en todo punto coincidentes». Varela la ignoró -«olímpicamente», según Martínez-Fresneda- durante casi dos meses, pero justo al día siguiente de notificarse su auto incriminando a Garzón, el Supremo le recordó que tiene pendiente la fianza y la dirección letrada de Falange.

De hecho, el abogado del juez ya ha advertido sobre «las indeseables cuestiones de nulidad procesal a las que puede dar lugar no contar con una parte querellante admitida en el procedimiento». Y la asociación judicial de Varela, Jueces para la Democracia, no sólo ha criticado el auto del instructor sino que ha hecho especial mención a las organizaciones promotoras como «herederas ideológicas del franquismo».

No es el abogado de Garzón el único que se queja. A Falange, ni Manos Limpias la quiere en el proceso. En un escrito dirigido al Supremo, el pseudo sindicato del ultra Miguel Bernard alega que frente a la «objetividad» y «abstracción política» de Manos Limpias, Falange es un partido político, con ideario, objetivos e intereses políticos. Además, dicen sentirse ajenos a la «necesidad de rehabilitación honorífica» de Falange y sus miembros. Por eso, insisten a Varela en que separe o no acumule las defensas y representaciones letradas de Falange y Manos Limpias.

Varela tiene que resolver también sobre las pruebas solicitadas por Garzón, entre ellas la declaración de destacados juristas internacionales, tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron su competencia en la causa contra Franco y el fiscal jefe Javier Zaragoza, quien a pesar de las agrias discrepancias que mantuvo con el juez, acudirá como testigo de descargo y a su favor.

Por su parte, la Sala Penal debe resolver el recurso de Martínez-Fresneda contra el auto de Varela. Según fuentes del Supremo, la decisión corresponde a la sala que admitió las querellas a trámite, por lo que la ponencia debe corresponder al magistrado ultraconservador Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación Denaes (Defensa de la Nación Española), quien ha expresado públicamente su oposición a la Ley de la Memoria.

En una entrevista publicada en 2007 por la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos, Prego, preguntado por la «legitimidad» de esa ley, respondió: «La Historia debe estar en los libros de esa materia, y ahí es donde deben surgir los debates y las discusiones. Las leyes no crean la Historia más que en los Estados totalitarios. Por ejemplo, en la URSS, la Enciclopedia Soviética se reeditaba periódicamente para añadir o eliminar teorías históricas en función de los intereses del PCUS. Pero si nosotros nos vamos a acercar a ese método mal lo tenemos… La memoria histórica está en el debate intelectual, no en las leyes. Las leyes son normas sobre el comportamiento y no las verdades del pretérito». Este magistrado, es quien tiene que proponer si Garzón es juzgado por haber «eludido» la aplicación de esa ley.

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