El botÃn andaluz de Franco
El régimen se quedó con los bienes de los vencidos y arruinó a sus familiasEl botÃn franquista incluÃa casas, terrenos, ganado y hasta aperos de labranza
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ISABEL PEDROTE – Sevilla –
A Blas Infante lo fusilaron unos señoritos derechistas en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pero su sentencia no llegó hasta casi cuatro años después de mano de uno de los 18 tribunales de responsabilidades polÃticas que puso en marcha el franquismo para castigar a los vencidos, quitándoles sus propiedades y a golpe de multas. No importaba si habÃan muerto, como en el caso de Infante (le sancionaron con 2.000 pesetas notificadas a su viuda), que estuvieran en prisión o en el exilio. Igual que la represión fÃsica, la económica fue también implacable, un enorme botÃn de guerra que tuvo, sobre todo, una repercusión terrible en las familias, empujadas al hambre y la miseria.
Impulsado por la ConsejerÃa de Justicia de la Junta, un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas trabaja en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades polÃticas en AndalucÃa entre 1936 y 1945. «El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes», sostiene Fernando MartÃnez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de AlmerÃa y coordinador del macroproyecto.
La represión del nuevo régimen abarcó todas las vertientes posibles, desde las ejecuciones y encarcelamientos a las depuraciones ideológicas para el ejercicio profesional (docentes, jueces, médicos, arquitectos, etcétera). Hubo un tercer cÃrculo, la confiscación de las posesiones del enemigo, a quien también se le multaba. La intención era doble: que nadie quedara sin castigo y recabar fondos. Francisco Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. Primero se crearon comisiones de incautación, enseguida desbordadas, y a partir de 1939 la jurisdicción especial de responsabilidades polÃticas.
Estos tribunales llevaron el delito polÃtico hasta extremos desconocidos en la historia de España, tenÃan carácter retroactivo y podÃan purgar hechos cometidos a partir de 1934, como se ve en el ejemplo de Blas Infante, asesinado en 1936 y, sin embargo, condenado y sancionado en 1940. Las responsabilidades no se extinguÃan con la muerte, las heredaban sus descendientes.
En AndalucÃa la persecución y el saqueo fueron devastadores. «El mero inicio del expediente, aunque no hubiera condena, era ya fatal porque el acusado no tenÃa acceso a su patrimonio. Muchos estaban muertos o en la cárcel y la familia no podÃa vender ni mover un papel, era la ruina y la necesidad», explica Fernando MartÃnez.El historiador relata un caso hallado en AlmerÃa que simboliza lo que significó esta represión invisible, y las situaciones angustiosas que generó en la economÃa del hambre de la posguerra. José Enciso Amat, masón, murió en 1937. Dos años más tarde le abrieron una causa que no se falló hasta 1940. A la viuda, multada con 12.000 pesetas, se le interviene la farmacia de la que era propietaria, a cuyo frente se coloca un administrador que percibe 10 pesetas diarias. Las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias también fueron inmovilizadas. Desesperada, la mujer escribe al tribunal y relata en tono dramático la pobreza que sufre. Alega a su favor que tiene dos hijas que van a un colegio de monjas y que es de comunión diaria. Estuvo pagando plazos de la multa hasta 1951.
«HabÃa 17 supuestos delictivos por lo que se abrÃa expediente, entre ellos militar o haber representado a los partidos o sindicatos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran responsabilidad polÃtica», señala MartÃnez. Los tribunales no convocaban vistas orales y el encausado sólo podÃa enviar un pliego de descargo a través de un abogado.
En la base de datos del trabajo se ha introducido toda la información que aparece en los expedientes: nombre y situación polÃtica y social de los encausados, denunciantes, jueces y fiscales, informe e informantes (curas, Guardia Civil, alcaldes y Falange), las sentencias de los consejos de guerra, las condenas económicas, la inhabilitación, los destierros y el cumplimiento de las condenas.
La mayorÃa de los bienes confiscados eran fincas urbanas y pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases. La comisión de Sevilla decÃa en 1939 que no era posible determinar el volumen de lo decomisado porque en los expedientes no constaba su valor. «Existe un gran número de expedientados a los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas rústicas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantÃa». Si bien no habÃa freno, se han encontrado relaciones que detallan la apropiación de ropa, aperos de labranza y utensilios de cocina.
El régimen acapara igualmente los llamados bienes «semovientes»: caballerÃas, ovejas, vacas, cerdos, gallinas… Los inventarios (con su estimación monetaria) que hubieron de confeccionar las vÃctimas, sobre todo en los pueblos, dan una idea de hasta dónde llegó el escarnio. En uno de los legajos se lee lo que poseÃa una de las familias caÃdas en desgracia: una finca valorada en 200 pesetas, una casa, 300; una cama para el matrimonio, otra para los dos hijos, una mesa, seis sillas.
MartÃnez apunta que cuando las sentencias eran condenatorias, las multas más frecuentes oscilaban entre 150 y 500 pesetas, que eran las que se pagaban. «Hay que tener en cuenta que por entonces con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo», apunta el historiador, quien llama la atención respecto a que las más afectadas fueron, en consecuencia, las capas medias bajas.
El nuevo estado se apoderó de inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la sublevación. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, se les devolvieron (o un equivalente). A los particulares, nunca.
Según los primeros datos del estudio, que ha llegado a su ecuador, por ocupación, los más mortificados fueron los del sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 64% de los encausamientos; el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 21,7%; y el terciario (abogados, empleados, administrativos, etcétera), el 9,9%.
Los cargos públicos desafectos cayeron todos, la mayorÃa alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron exorbitantes. En 1945 el colapso hizo imposible continuar, se cancela la jurisdicción y los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Pero la represión polÃtica no decae. El historial es comunicado a los gobernadores civiles, quienes usaron sus ficheros de rojos en futuras depuraciones para seguir estirando el infierno.
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Multados y saqueados aunque hubieran muerto
BLAS INFANTE Precursor de la autonomÃa y considerado como «padre de la patria andaluza». Se le sentenció casi cuatro años después de ser asesinado en Sevilla en una saca de elementos falangistas. La sentencia dice que se le habÃa aplicado el bando de guerra por significarse como «propagandista» de un «partido andalucista». A su viuda se le notificó una multa heredada de 2.000 pesetas
Victoria Kent Abogada malagueña, feminista, que ocupó cargos relevantes en la República (directora general de Prisiones), tuvo un castigo doble: 30 años de cárcel y una multa de un millón de pesetas. Se exilió primero a Francia (donde fue perseguida por los nazis) y más tarde se estableció en EE UU. No tenÃa hijos, razón por la que ni pagó ni nadie heredó su deuda con la «nueva España»
NIceto Alcalá Zamora Primer presidente de la República nacido en Jaén, fue procesado pese a que su partido DLR (Derecha Liberal Republicana) no estaba entre los partidos comprendidos en la ley de depuraciones polÃticas. La multa fue de 25 millones de pesetas, reducida en 1953 a tres millones. Sus descendientes pagaron al Estado franquista 1.204.555 pesetas. El último abono fue en 1967