El encargo envenenado de Chacón al teniente general Coll con la supresión de los nombres franquistas
Si la aprobación de la ley de la Memoria Histórica coincidió con el mandato de Villar, la aplicación de la misma le corresponde a él, mal que le pese por razones familiares
Redacción – 09/03/2010
Encargo envenenado el que le ha hecho la ministra de Defensa, Carmen Chacón, al jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Fulgencio Coll, al ordenarle que inclusa en la próxima Orden General de Adaptación Orgánica la supresión de las denominaciones de militares franquistas de todos los cuarteles y unidades y que se retiren los escudos, símbolos y placas del régimen anterior. Envenenado porque el general Coll es consciente del valor sentimental que poseen algunas de esas placas y memoriales, que nada tienen que ver con la política sino con un pasado familiar que todavía tiene vívido en el recuerdo.
Téngase en cuenta que su abuelo, el coronel de Infantería Juan Coll Fuster, fue un hombre plenamente leal a Franco y a los principios del Movimiento y ocupó la alcaldía de Palma de Mallorca desde 1945 hasta 1952, y que su padre, Fulgencio Coll de San Simón, fue consejero y delegado provincial del Frente de Juventudes en Baleares, subjefe provincial del Movimiento en las islas y gobernador militar de Menorca. En el Ejército alcanzó el grado de general de brigada de Infantería. El 14 de septiembre de 1968 fue nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Vizcaya, cargo que desempeñó hasta noviembre de 1974. Entre las numerosas condecoraciones que recibió figuran las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Civil, así como las encomiendas de las órdenes de Cisneros y del Yugo y las Flechas.
Personas cercanas al general Coll no ocultan que hubiese preferido que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubiera encargado esa “operación de limpieza” a su antecesor, Carlos Villar Torrau, que perteneció a la Unión Militar Democrática, recientemente condecorado por la ministra Chacón con la Cruz al Mérito Militar, en cumplimiento de una resolución parlamentaria. Si la aprobación de la ley de la Memoria Histórica coincidió con el mandato de Villar, la aplicación de la misma le corresponde a él, mal que le pese por razones familiares.
