El cerco al juez aplaza el fallo del Supremo sobre la fosa de Lorca
El alto tribunal debe decidir si un juzgado de Granada asume la exhumación de restos
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JOSE RICO. BARCELONA
ERC quiere reformar la ley de la memoria histórica para anular el juicio de Companys
El acoso al juez Baltasar Garzón no solo está provocando una cascada de reacciones polÃticas, sino que ya se dejan sentir algunos efectos judiciales en las causas que dependÃan del magistrado. Una de ellas, también del capÃtulo de la memoria histórica, quedó ayer paralizada. El Tribunal Supremo (TS) anunció que aparca la decisión sobre la apertura de la fosa del escritor Federico GarcÃa Lorca. Garzón remitió la cuestión al alto tribunal en junio del año pasado, pero este ha optado por suspenderla temporalmente al estar «directamente relacionada» con la causa que tramita el mismo tribunal contra el juez por un posible delito de prevaricación al investigar los crÃmenes del franquismo y la guerra civil.
En una providencia, el Supremo da por aplazado sine die su fallo acerca de la exhumación de los restos del poeta, que debÃa determinar la competencia de un juzgado de Granada para llevarla a cabo, después de que la jueza granadina Aurora MarÃa Fernández GarcÃa se negara a ordenar la exhumación al considerar que no era competente para tomar esta medida. Tres magistrados del TS tienen que dirimir la reapertura de la fosa de Lorca, reclamada por la nieta del maestro Dióscoro Galindo, que supuestamente está enterrado junto al poeta y el banderillero Francisco GaladÃ, en Granada.
LA PRUEBA DEL ALGODÓN / Si la muerte de Lorca es objeto de disputa judicial, otro asesinato del franquismo, el del president LluÃs Companys, genera una dura pugna polÃtica en Catalunya. ERC presentará en el Congreso una proposición para reformar la ley de la memoria histórica, a fin de que reconozca la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. El objetivo es obtener la anulación de la condena de Companys, fusilado en octubre de 1940.
Ahora mismo, la ley declara «ilegÃtimas» las sentencias, un precepto que la FiscalÃa General del Estado considera suficiente para concluir que dichas sentencias son «nulas de pleno derecho», sin necesidad de una revisión particular de cada una. Pero ERC, a diferencia de sus socios del tripartito, no comparte esta interpretación, y quiere aprovechar la resolución de la fiscalÃa e incluirla en el articulado de la norma.
AsÃ, se abrirÃa la puerta a que las sentencias franquistas pudieran ser revisadas por la Audiencia Nacional si los familiares de las vÃctimas lo reclaman. Según Ridao, la propuesta será «la prueba del algodón» para que los partidos, en especial el PSOE, se pronuncien sobre si quieren una ley de memoria «más ambiciosa».