El sindicato ultra acusa a Berzosa de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias

EUROPA PRESS – MADRID – 14/04/2010

El sindicato ultraconservador Manos Limpias ha denunciado ante el juzgado de instrucción de Madrid de guardia al rector de la Universidad Compluense, Carlos Berzosa, y al ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por el acto celebrado este martes en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que los dos intervinieron.

A Berzosa le acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias. El juzgado de instrucción de Madrid llevará el caso a reparto y se conocerá en los próximos días a qué juez le corresponde.

El presunto delito de malversación de caudales públicos de Berzosa, según el sindicato, implicaría, por un lado, que la cesión del aula para que se celebrase ayer el acto, convocado por CC.OO. y UGT, fue dictada por el rector de la Complutense.

En cuanto al delito de prevaricación (que un funcionario público adopte una resolución injusta a sabiendas), Manos Limpias considera que se sustenta en la intención «deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado» del rector.

En relación con la denuncia a Jiménez Villarejo, alude a que «acusó públicamente» a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de ser «cómplices de las torturas» en la época franquista. También recuerda que «en el conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, es pieza fundamental la veracidad de la manifestación y, si la veracidad del hecho denunciado no tienen consistencia alguna, debe de prevalecer el derecho al honor».

Manos Limpias dice que el delito de calumnias supone la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, mientras que el de calumnias tiene que lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

En este sentido, el sindicato considera que el acto público, «en alguna de sus intervenciones, no está amparado en el derecho a la libertad de expresión». Asimismo, a su juicio, el desarrollo del mismo «supuso un ataque y subversión» del sistema democrático español y «una coacción a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un llamamiento a la Sociedad Española de enfrentaientos, la comisión de delitos e injurias», es decir, «una incitación al golpismo» contra la democracia.

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