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Más de 100 profesores universitarios de EEUU firman en apoyo a Garzón

RadioCable.com, 23-04-2010 | 24 abril 2010

Documento completo en inglés y castellano. Listado de Firmantes

 

 

Más de 100 profesores, investigadores y docentes de diversas universidades de Estados Unidos han salido en apoyo del Juez Baltasar Garzón y denuncian en una carta la perpetuación de la impunidad en España. Scott Boehm, investigador del Archivo audiovisual de la guerra civil y la represión franquista de la Universidad de California, San Diego, ha sido uno de los impulsores de la misiva. En esta entrevista de radiocable.com explica el punto de vista de los firmantes sobre el proceso contra el Juez de la Audiencia Nacional que marca “claramente la diferencia entre ley y justicia”.

Entrevista a Scott Boehm: Escuchar

http://www.radiocable.com/boehm-garzon621.html#

 

Scott Boehm explica que muchos docentes universitarios e hispanistas de EEUU están en contra de la impunidad porque consideran que “más que una guerra civil hubo un genocidio y eso se tiene que investigar”. Recuerda que existe legislación internacional que permite hacerlo a pesar de la Ley de Amnistía y cree que una condena de Garzón sería “además de una vergüenza para la Justicia española, otro ataque a las víctimas del franquismo”

    Explica que no están luchando por Garzón o por su imagen, sino porque “el representa a ua población que ha pedido ayuda y apoyo al Estado español a través de él y su cargo. Y es mujy peligroso si la Falange hoy en día pueden tapar y parar un proceso de investigación que es fundamental para la España democrática.”

Cree que una condena a Garzon dejaría una imagen “fatal” del país y su justicia en el extranjero: “No se entiende muy bien esto fuera de España y no es porque la gente simplemente no entienda la historia o la justicia especial de España como muchos han dicho aqui, sino que se ve claramente la diferencia entre ley y justicia fuera del marco español”

Entre los firmantes de la carta hay catedráticos, profesores titulares, investigadores, y doctorandos. Este es el contenido de la carta de apoyo:

    “Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón. Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista.

    Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

    La causa abierta contra el franquismo por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo.

 

    El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional  en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. “los rojos”) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española.

    Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio

    Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias, que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista.  Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España –la II República—es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.

    Por todo ello,  pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por  historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de desamparo legal sin parangón en el mundo. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación.

    Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos.

    Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.”

http://www.radiocable.com/boehm-garzon621.html

 

 

 

Más de 100 profesores, investigadores y docentes de los Estados Unidos apoyan al Juez Garzón

Más de 100 profesores, investigadores y docentes de los Estados Unidos apoyan al Juez Garzón y denuncian la perpetuación de la impunidad en España. Entre los firmantes hay catedráticos, profesores titulares, investigadores, y doctorandos. Están representadas universidades de todo el país

 

More than 100 professors, and researchers of the United States Support Judge Garzón and denounce the perpetuation of impunity in Spain. Among the supporters there are full Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Lectures and Graduate Students from the entire country.

Contactos de prensa/media contacts

Estados Unidos/ USA: Luis Martín-Cabrera, University of California, San Diego. Email. lmartincabrera@ucsd.edu teléfono 001 5104599270

España/Spain. Scott Boehm Email. sboehm@ucsd.edu 0034 622250383

 

As professors and researchers of the Spanish Civil War and the Francoist dictatorship from various universities in the United States, we would like to express our most profound disagreement with the recent decision of the Spanish Supreme Court to prosecute Judge Baltasar Garzón.  Independently of the opinions we may have about the actions of Judge Garzón in other legal spheres, we are convinced that the decision and legal arguments of Judge Luciano Varela contribute to the consolidation of impunity in Spain and the neglect that the victims of Francoist repression suffer to this day.

Many of the survivors and family members of the exterminatory violence carried out under the Francoist dictatorship have been waiting for decades for the Spanish justice system to expose and punish those responsible for committing crimes as serious as enforced disappearance, torture and the kidnapping of children.

The case Jugde Garzón opened against the dictatorship was a first step to reverse the situation of impunity established under Franco and consolidated during the transition to democracy.

Invoking the 1977 Amnesty Law as a key reason to prosecute Judge Garzón, and using it to claim that he did not have jurisdiction to open the case, is nothing more than a legal formula to perpetuate the state of impunity dictated by the legal apparatus of the dictatorship.  In his indictment against Chilean dictator Augusto Pinochet, Judge Garzón, like other judges of the Spanish National Court in similar cases, revoked such amnesty laws for the reason that the crime of enforced disappearance never expires according to principles of international criminal law.  In addition, the planned, systematic extermination of a group (in this case, “los rojos” or “the reds,” the all-inclusive name given to those considered political adversaries by the Francoist dictatorship) constitutes crimes against humanity and/or genocide that can be prosecuted by any court in the world, regardless of national laws.

In this sense, it is fitting to point out that these legal arguments, applied by Spain to other countries such as Chile and Argentina, were used without any judge being prosecuted for doing so, including Garzón himself, and that the majority of Spanish civil society supported those cases.  For this reason, we demand that the Spanish judiciary be consistent with its own legal decisions and applies the same international laws in Spain that it has applied with such vehemence in other countries that have suffered similar episodes of political violence and extermination.

Likewise, we observe with additional worry that the Supreme Court has admitted a lawsuit presented by Manos Limpias (“Clean Hands”), a group that is a direct descendant of the Falange, the Spanish fascist party.  In the majority of other European countries, like Germany and Italy, such groups are simply illegal, as are expressions that exalt or glorify the fascist past.  To legitimize those who participated in the violent destruction of the first democratic period in Spain (i.e., the Second Republic, established in April 1931 and overthrown by Franco in July 1936) is a cruel irony of fate and the epitome of senseless politics.

For these reasons, we ask Judge Varela to desist in his attempt to try Judge Garzón, or to at least consider the testimony of international law specialists and historians of Francoist repression as part of the trial. 

However, even more important than the case opened against Judge Garzón is the necessity to understand that, in Spain, victims of the Francoist dictatorship continue suffering a situation of legal neglect without parallel in the world.  In spite of the Law of Historical Memory and other reparatory measures, the majority of mass graves are exhumed without the presence of a judge and without establishing any legal responsibility for the alleged crimes revealed by the exhumations.  No democracy worthy of the name can leave hundreds of thousands of citizens lying prostrate in roadside ditches and unmarked fields, while ignoring the possible legal responsibilities that derive from such disgraceful discoveries.

If, in the end, Judge Garzón is found guilty and removed from the judiciary, Spain will have the sad privilege of being the only country in the world in which the victims and their family members will continue being silenced and judged by their torturers and executioners.

We would like, furthermore, to express our most absolute solidarity with all the civic associations working for the recovery of historical memory and to demand the end of impunity in Spain and the reopening of legal processes that are necessary in order to take a decisive step towards the establishment of justice.

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Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón. Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista. Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

La causa abierta contra el franquismo  por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo. El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional  en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. “los rojos”) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio

             Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias, que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista.  Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España –la II República—es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.   

             Por todo ello,  pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por  historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de desamparo legal sin parangón en el mundo. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación. Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos.

Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.

 

 

Virgnia Adán-Lifante Foreign Language Coordinator, University of California, Merced.

Carlos Aguirre, Associate Professor, History, University of Oregon

Enrique Álvarez, Assistant Professor, Florida State University.

Tabea Alexa Linhard, Assistant Professor, Washington University

Emilia Alonso Marks, Associate Professor of Spanish, Ohio University.

Ana María Amar Sánchez, Professor, University of California, Irvine.

Pepa Anastasio, Hofstra University, Nueva York

Reinhard Andress, Professor, Saint Louise University.

Alicia Arribas, Department of Romance Languages, University of Georgia

Daniel Arroyo-Rodríguez, Researcher and Graduate Student, University of Michigan

Edward Baker, Professor Emeritus University of Florida

Alda Blanco, Chair Departament of Spanish and Portuguese, San Diego State University

Carlos Blanco Aguinaga, Profesor Emérito de la Universidad de California, San Diego

Erick Blandón, PhD,Professor, University of Missouri-Columbia.

Maria Bernath, Researcher, University of California, San Diego

Aaron Boalick, Graduate Student, University of Michigan

Scott Boehm, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.

Kristina L. Bonsager, Chair of Department of International Languages & Literatures, St. Catherine University

José Antonio Cano, Director Overseas Program in Spain, University of Alabama

Nuño Castellanos, Lecturer of Spanish, Department of Romance Languages, University of Georgia.

Francie Cate-Arries, Professor of Hispanic Studie,The College of William & Mary

Mary Coffey, Professor, Pomona College.

Jaime Concha, Professor, University of California, San Diego.

Helena Contreras-Chacel, Escritora, Los Angeles.

Jessica Córdova, Researcher The Spanish Civil War Memory Project, UC, San Diego

Lucile C. Charlebois, Asistant Professor, University of South Carolina

Justin Crumbaugh, Associate Professor, Mountholyoke College.

Nuria Cruz-Cámara, Associate Professor of Spanish, University of Tennessee

Isabel Cuñado, Assistant Professor of Spanish, Bucknell University.

Juan Carlos de los Santos, Spanish  Lecturer and Language Coordinator, University of Michigan.

Andrea Davis, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.

Thomas Deveny, Professor, McDaniel College

Simon Doubleday, Associate Professor of History, Hofstra University.

Jodi Eisenberg, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.

Cecilia Enjuto Rangel Assistant Professor, University of Oregon.

Javier Entrambasaguas, Researcher, University of Michigan.

Sebastiaan Faber, Professor and Chair, Dept of Hispanic Studies, Oberlin College

Ofelia Ferrán, Associate Professor, University of Minnesota.

Francisco Fernández Alba, Assistant Professor, Weathon College

Joaquin Florido Berrocal, Assistant Professor of Spanish, Southern Illinois University Edwardsville

Pedro García Caro, University of Oregon.

José M. García-Sánchez, Professor of Spanish, Eastern Washington University

Yvonne Gavela, Assistant Professor of Spanish, University of Miami.

Anthony L. Geist, Chair, Division of Spanish and Portuguese, University of Washington

David T. Gies, Commonwealth Professor of Spanish, University of Virginia.

Juan M. Godoy Márquez, Associate Professor, San Diego State University.

Luis M. González, Assistant Professor of Spanish, Connecticut College.

Linda Gould Levine, Professor of Spanish, Montclair State University.

Margarita Graetzer, Professor of Spanish and General Studies, Berea College

Ginna Herrmann, Associate Professor of Spanish, University of Oregon.

María Hernández-Ojeda, Associate Professor of Spanish, Hunter College-CUNY.

Juli Highfill, Associate Professor, University of Michgan.

Roberta Johnson, Professor Emerita, University of Kansas

Santiago Juan-Navarro, Professor of Spanish, Florida International University

Patricia Keller, Assistant Professor, Cornell University.

Susan Kirkpatrick, Professor Emerita, University of California, San Diego

Kathy Korcheck, Assitant Professor, Central College.

Misha Kokotovic, Associate Professor, University of California, San Diego.

Larry La Fountain-Stokes, Associate Professor, University of Michigan

Margarita Lezcano, Professor Emerita, Eckerd  College

Ignacio López-Calvo, Chair of the World Cultures Graduate Group, University of California, Merced.

Kern L. Lunsford, Professor of Spanish and Chair, Modern Languages, Lynchburg College.

María Cristina C. Mabrey, Professor, University of South Carolina.

Viviana Macmanus, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.

Shirley Mangini, Professor Emerita, Cal State, Long Beach.

Monica Marcos-Llinas, Ph, Department of Romance Languages and Literature

University of Missouri.

Andreea Marinescu, Assistant Professor, Colorado College.

Jorge Mariscal, Professor, University of California, San Diego

Luis Martin-Cabrera, Assistant Professor and Director of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.

Eduardo Matos-Martín, Researcher, University of Arizona.

Elize Mazadiego, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project , University of California San Diego.

Nancy J. Membrez, Associate Professor of Spanish, University of Texas at San Antonio

Hugo Moreno, Professor, University of Western Ontario

Santiago Morales-Rivera, Assistant Professor, University of California, Irvine.

Cristina Moreiras-Menor, Associate Professor, University of Michigan.

Sara Nadal-Melsió, Assistant Professor, University of Pennsylvania.

Nancy Newton, Department of World Languages & Cultures, Indiana University

Janet Pérez, Miembro Numerario , Academia Norteamericana de la Lengua Española

Cindy Pinhal, Graduate Student, University of California, San Diego.

Beatriz Pita, Profesora, University of California, San Diego.

Jonathan Pitcher, Associate Professor,Bennington College.

Amanda Powel, Senior Instructor of Spanish, University of Oregon

Michael P. Predmore, Professor, Stanford University.

Alicia Ramos Jordán, University of California, Merced

Ricardo Ramos-Tremolada, University of Richmond

Christian M. Ricci. Assistant Professor, University of California, Merced.

Brandon Rigby, University of Oregon.

María Robles Gila, Graduate Student, University of Michigan.

Rodney Rodríguez, Ph.D., Manhattan College

Esperanza Roncero, Associate Professor of Spanish, Hartwick College

Víctor Roncero-López, Dept. of Hispanic Languages and Lit.

Stony Brook University

Benita Sampedro Vizcaya, Associate Professor, Department of Romance Languages and Literatures, Hofstra University.

Rosaura Sánchez. Professor, University of California, San Diego

Cintia Santana, Lecturer, Division of Literature, Culture and Languages, Stanford University.

John Snyder, Independent Scholar.

Jose Schraibman, Profesor, Washington University, Romance Languages

William Sherzer, Prof. Emérito, Brooklyn College y el Graduate Center (CUNY)

Doris Sommer, Profesora, Harvard University.

Juan Carlos Toledano Redondo, Associate Professor of Hispanic Studies

Lewis & Clark College

Sarah Thomas, Ph.D. Candidate, New York University

Joan Torres-Pou, Associate Professor, Florida International University, Miami.

Ángel T. Tuninetti  Associate Professor of Spanish / Chair, Department of Foreign Languages, West Virginia University

Michael Ugarte, Prof. de Literatura Castellana, Universidad de Missouri-Columbia

Amanda Valenzuela, Estudiante de Doctorado e investigadora, UCLA

Mabel Velasco, Profesora, Virginia Wesleyan College.

Alejandro Yarza, Associate Professor of Spanish, Georgetown Universtiy.

Barbara Zecchi, Assistant Professor, University of Massachusetts.