El CGPJ no apartará al juez el día 22

 

ERNESTO EKAIZER –

Gentes menos conscientes pero más numerosas, aquí y en el exterior, lo aseguran. Algunos, mal informados, señalan que el juez Baltasar Garzón ya ha sido procesado. Otros dan por hecho que la suspensión de sus funciones tendrá lugar en el pleno mensual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), previsto para el jueves 22 de abril.

¿Y saben qué? Estos últimos se equivocan. Los miembros del Consejo adoptaron el acuerdo de que suspenderían al juez en sus funciones con el auto de apertura de juicio oral. Y el magistrado instructor, Luciano Varela, tiene que dictar el mencionado auto. Y no lo puede hacer hasta que las tres acusaciones populares personadas y la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) eleven sus escritos de acusación. Una vez recibido el material, Varela tendrá que redactar su auto. Y, mira por dónde, las partes tienen de plazo hasta el mismo 22 de abril, el mismo día que se reúne el pleno del CGPJ.

La posición de la fiscalía cobra importancia a la luz de la sentencia del caso Egunkaria en los últimos días, pero no sólo por ella. Hay otro precedente que tuvo resonancia en su día: la decisión de sentar en el banquillo, contra la posición de la fiscalía, al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe; al líder de la oposición y hoy lehendakari, el socialista Patxi López; al socialista Rodolfo Ares y a cinco dirigentes de la izquierda abertzale en 2009. En ambos casos, se reconoció la inexistencia de delito.

Ayer, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio pistas sin hacer referencia alguna al contenido del escrito que están elaborando el fiscal jefe de la sala de lo Penal del Supremo, Luis Navajas, y el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, para dirigir a Varela.

Según explicó en unas jornadas organizadas por juristas aragoneses, la Fiscalía sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no autoriza abrir juicio oral con el impulso exclusivo de las acciones populares. Hay que reformar la ley para acabar con las «fiscalías paralelas» portadoras de intereses «espurios» que ponen en jaque a la Justicia para cuestionar las instituciones, señaló. La fiscalía, pues, va a defender y desarrollar en su escrito la llamada doctrina Botín.

http://www.publico.es/espana/306183/suspensionretrasada