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Cerca de 70.000 andaluces sufrieron la asfixia económica de la dictadura

El Plural, | 6 mayo 2010

Franco logró 4,5 millones de euros en multas a represaliados en Andalucía

 

EL PLURAL / ANDALUCÍA

En Andalucía los asesinatos llevados a cabo por el bando franquista durante la Guerra Civil y la postguerra reciente ascienden a cerca de 49.000. Esa es la cara más conocida, la de los fusilamientos, las fosas y la pena máxima. Sin embargo, el castigo no acababa con la muerte, porque los fascistas se encargaron de gravar a los izquierdistas, republicanos y sospechosos varios con multas, embargos y liquidaciones de patrimonio que, hasta bajo tierra, debían abonarse. De ahí que la represión económica fuese una muerte en vida para las familias de los fallecidos.

Según el estudio que están acabando 30 investigadores de nueve universidades andaluzas, bajo la dirección del profesor de la almeriense, Fernando Martínez López, sólo el volumen de las multas superó los actuales 4,5 millones de euros (unos 700 millones de pesetas de las de entonces) y las incautaciones de casas, terrenos y otras propiedades rozan las 10.000. A propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia , los expertos han indagado hasta encontrar 70.000 expedientes, que ya empiezan a conformar la mayor base de datos de España sobre los tribunales de responsabilidades políticas.

25 millones le impusieron a Alcalá Zamora

En la mayoría de los casos, explica el profesor en sus conclusiones, las sanciones impuestas a andaluces oscilaron entre las 150 y las 500 pesetas, cifras que en aquellos años suponían un patrimonio de familias medias -el equivalente a una casa o a una pequeña granja-, las más afectadas. Algunas sanciones, sin embargo, fueron ejemplarizantes, como los 25 millones de pesetas impuestos al cordobés Niceto Alcalá Zamora (primer presidente de la II República), el millón impuesto a la malagueña Victoria Kent (directora general de Prisiones en la etapa de Manuel Azaña) o las 2.000 pesetas que le reclamaron a la viuda de Blas Infante a los cuatro años de su fusilamiento.

Encausados como socialistas peligrosos

Esta represión económica -superada la física y las depuraciones profesionales, especialmente dañina con oficios como el de maestro: el 18% de los profesores andaluces fueron expedientados- iba contra los «causantes de los males de España», una alusión tan vaga como peligrosa; como decía Enrique Suñer, primer presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, «había una responsabilidad difusa sobre la guerra de casi todos los españoles». «Más del diez por mil de la población de Andalucía», según Martínez, fueron encausados como «socialistas peligrosos» y «empedernidos marxistas». La provincia de Almería, la más afectada, duplica esta media.

30 años pagando deudas

Como la condena no se extinguía con la muerte, hay familias que estuvieron 30 años pagando las deudas, lo que las llevó a una bancarrota total: sin bienes, sin créditos, sin los cabezas de familia para ganar el sustento. Las sanciones -que en toda España acabaron por pagar los gastos de la campaña franquista- se establecían sobre 17 delitos diferentes, no podían ser recurridas, tenían carácter retroactivo, no había presunción de inocencia ni el acusado podía defenderse.

Colapso del país

Fue tan gigantesca la «operación quirúrgica» contra los antifascistas que el Banco de España tuvo que alertar de que, si se seguían paralizando cultivos, fábricas y empresas se podría llegar al «colapso» del país. Ese cuello de botella fue tal que en 1945 se sobreseyeron 40.000 expedientes. Lo grave es que los sindicatos y partidos políticos, llegada la democracia, recibieron de vuelta lo que le habían quitado, pero los particulares no recuperaron nada, ni los mulos, ni el aceite, ni el reloj del abuelo.

Fuente: Getor D_J Andalucía

 andalucia@elplural.com

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