El mapa de las voces y los nombres
Recuperar la identidad de los muertos y otorgarles la dignidad que se les arrebató está un poco más cerca aunque no lo suficiente
El ministro de Justicia, cuando todavía resuena el eco de las manifestaciones a favor del juez Garzón en las que se pidió “verdad, justicia y reparación”, aseguró en el Congreso que “muy pronto” se presentará el tan esperado mapa de fosas de la Guerra Civil. El mapa estará operativo y accesible pero también inacabado.
La elaboración del mapa fue posible gracias al consenso entre el gobierno central y varias comunidades autónomas, un acuerdo al que se llegó en el marco del cumplimiento de La Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) que reconoce y amplia los derechos de los que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Una búsqueda en la que el actual gobierno gallego no quiso colaborar y a la que puso freno.
Una reducción considerable
Tras la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta se redujo drásticamente el presupuesto destinado a la investigación de la represión que se produjo en Galicia durante la Guerra Civil y el franquismo y que desde el año 2006 se estaba llevando a cabo gracias a Nomes y Voces, proyecto surgido a raíz de un convenio entre la Consellería de Cultura y las tres universidades gallegas, un proyecto que tiene entre sus objetivos recabar información sobre las víctimas.
El olvido no es un buen argumento
En breve el mapa va a estar accesible en una página web abierta en la que podrá buscarse la localización de las fosas que se encuentran en alguna de las 1.793 excavaciones registradas y cuyo número está condicionado tanto por la negativa de los gobiernos autonómicos que se negaron a firmar los convenios de colaboración como por su desdén cuando se les requirió para que suscribiesen el protocolo de exhumaciones.
“No se trata de exhumar la venganza, sino de reparar el daño que se haya podido causar” como aseguró el ministro de Justicia. Una reparación que dio su primer paso con el reconocimiento moral de las víctimas de la represión y el compromiso de facilitar ayudas para reabrir las fosas comunes, un reconocimiento y un compromiso que se concretaron en la aprobación consensuada de una proposición no de ley en el año 2002 que condenaba por primera vez el alzamiento militar y la dictadura.
