Su traslado como asesor a la Corte Penal Internacional dejaría sin objeto su suspensión

 

En vísperas de su suspensión como juez y de su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).

La solicitud tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, pero no hay razón para que no lo haga. Lo que pide Garzón encaja con uno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): realizar una misión por un periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La suspensión cautelar se refiere no a la condición de juez, sino a la función jurisdiccional ejercida; al dejar la que ejercía en la Audiencia Nacional, la suspensión queda sin objeto inmediato: aplazada durante el tiempo que esté en situación de servicios especiales. Durante ese tiempo tendrá derecho a percibir la remuneración que le corresponda por su antigüedad en la carrera y a que se le reserve su actual plaza de juez. Será al solicitar su reingreso, al término del periodo de servicios especiales, cuando se le planteen los problemas que ahora elude; pero quizás para entonces haya sido absuelto.

La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el «mundo necesita jueces como Garzón», lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo, más que temeraria.

Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.

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