El vocal José Manuel Gómez Benítez impugna la decisión de la Comisión Permanente de pedir varios informes sobre la solicitud de traslado al TPI del juez de la Audiencia Nacional

 

NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 17.05.2010

Algunos sectores de la judicatura manifiestan serias dudas sobre la legalidad de la decisión adoptada el pasado viernes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial solicitando varios informes a distintos organismos para que decidan sobre el traslado de Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional una vez que el máximo órgano de los jueces dictaminó su suspensión tras la apertura del juicio oral por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Las interpretaciones en el caso Garzón son varias sobre todo después de que no se cumpliera el supuesto ’pacto’ al que habrían llegado los jueces progresistas para que la unanimidad tuviera como condición el permiso al juez para ser asesor externo en el TPI.

Algunos juristas creen que el CGPJ debería haber debatido la inhabilitación del magistrado de la Audiencia Nacional teniendo en cuenta que se trata de una acusación particular y que además contó con la oposición del ministerio fiscal. Es más, entienden que el Consejo debería haberse pronunciado sobre su petición de traslado a La Haya antes de dictar automáticamente la suspensión de funciones.

Lo que quiere saber el CGPJ es si el puesto de Garzón como asesor externo en el TPI lleva aparejada la inmunidad. Pues bien, para José Manuel Gómez Benítez, la respuesta es evidente, su puesto como asesor no conlleva tal inmunidad. Este vocal (que se abstuvo en el caso Garzón por amistad manifiesta) ha presentado este lunes un escrito de impugnación a la decisión de la Permanente de pedir dichos informes y exige que, sin más dilaciones, se dé vía libre a Garzón para trasladarse a la Corte Penal Internacional. En declaraciones a la Cadena Ser el pasado viernes, Gómez Benítez, consideró que “ha habido una no razonable interpretación del derecho” ya que cuando un magistrado decide voluntariamente apartarse de la judicatura –es decir, ‘autosuspenderse’- no existen motivos para su inhabilitación. Además, Gómez Benítez mantiene que la Comisión Permanente “no tiene competencias” para pedir dichos informes y que por tanto tal decisión “carece de fundamento jurídico”.

Para Rafael Escudero, profesor de Filosofía del derecho de la Universidad Carlos III, el paso dado por el CGPJ no es más que una “maniobra dilatoria” para impedir a Garzón marcharse a La Haya. Como Gómez Benítez, este jurista afirma que el cargo de asesor externo no lleva aparejada la inmunidad y que lo único que busca el Consejo es dilatar todo lo posible dicho traslado.

El ex magistrado Antonio Doñate tampoco cree que Garzón pueda gozar de inmunidad por el hecho de asesorar al TPI y considera que el CGPJ debería haber debatido este asunto antes de pronunciarse para apartar al juez de sus funciones después de que Luciano Varela dictara la apertura del juicio oral. También como Gómez Benítez, Doñate confía en que el Tribunal Supremo termine por absolver a Garzón del delito de prevaricación por el que se le acusa. El juicio daría comienzo el próximo mes de septiembre y aún está por decidirse si el tribunal que le juzgue admitirá como testigos a distintos juristas internacionales.

EL CARGO NO INCLUYE LA INMUNIDAD PROCESAL DICE EL TPI

El primero en dar respuesta a la petición del CGPJ ha sido la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que este lunes ha dicho a través de un escrito que la suspensión de Garzón no supone ningún obstáculo para el acceso del magistrado a un puesto de asesor. Aclara además que el cargo ofrecido no incluye ningún tipo de inmunidad procesal.

En la misiva, firmada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, la Fiscalía del TPI señala que ya conocía la investigación abierta a Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo, y que «comprende que debía ser suspendido de sus funciones» de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). No obstante, Moreno Ocampo subraya que la Fiscalía «respeta el principio de inocencia» establecido en el artículo 66 del Estatuto de Roma «y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación».

LA FISCALÍA PIDE LA ABSOLUCIÓN DE GARZÓN

La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió hoy la libre absolución de Garzón de los delitos que se le imputan. En su informe de conclusiones, El Ministerio Público asegura que Garzón no cometió prevaricación cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y ordenar la apertura de las fosas donde descansan los restos de decenas de represaliados.

Además, la Fiscalía propone que se incorporen como prueba documental los votos particulares de los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Ballarri y Ramón Sáenz Valcárcel, que apoyaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar dichos crímenes.

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