Un vocal del Consejo impugna varias decisiones contra Garzón
Gómez Benítez ve ilegal la actuación de la Permanente
JOSÉ A. HERNÁNDEZ – Madrid – 17/05/2010
Hay serias dudas sobre la legalidad de lo que hicieron el pasado viernes los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial. El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez presentará hoy ante el Consejo un escrito en el que impugna el acuerdo adoptado el viernes por la Permanente.
Hay serias dudas sobre la legalidad de lo que hicieron el pasado viernes los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial. El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez presentará hoy ante el Consejo un escrito en el que impugna el acuerdo adoptado el viernes por la Permanente de solicitar cinco informes a diferentes organismos para que se pronuncien sobre la solicitud de Garzón para irse en comisión de servicios como asesor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI). Gómez Benítez, vocal y catedrático de Derecho, señala que, para estos casos, el Consejo tiene «su propio órgano consultor», que no es otro que «la Comisión de Estudios e Informes» del Consejo, que él preside. Y añade que lo que hizo el viernes la Permanente «carece de todo respaldo legal».
En su escrito, Benítez exige que se otorgue ya, sin más demora, el permiso al juez Garzón para irse a La Haya. Y, entre otras cosas, considera «ridículo» que esa comisión pida al TPI que certifique si el puesto de Garzón en este organismo lleva aparejada «inmunidad». Es notorio que Garzón actuará como asesor externo, lo que no implica inmunidad, sostiene Gómez Benítez.
En un sector de las filas progresistas del Consejo, más dividas y enfrentadas que nunca, se ha instalado la indignación por la actuación de sus dos representantes en la Comisión Permanente, Almudena Lastra y Margarita Robles, y también por la actuación de otras vocales del grupo progresista que hicieron todo lo posible porque Garzón fuese suspendido antes de que se estudiase el permiso.
Asimismo, fuentes del sector progresista del Consejo aseguran que la Permanente -con el presidente Carlos Dívar a la cabeza, «como gran urdidor»- carecía de facultad para redactar el escrito de suspensión del juez, tarea que, señalan, era competencia pura del pleno. Además, cuestionan la intervención en esa comisión de Robles, dado que «estaba recusada» por Garzón (y ella se había abstenido).
