En marzo de 2009 se envió una carta al Ministerio de Presidencia solicitándole que aclarara la responsabilidad y la financiación que le corresponde

 

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Según mantuvo ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, en marzo del año pasado se le envió una carta al Ministerio de Presidencia solicitándole que aclarara la responsabilidad y la financiación que le corresponde al Gobierno canario y, como no ha respondido, no se ha hecho nada.

«No vamos a firmar ningún convenio sobre memoria histórica sin que previamente el Gobierno central defina unos criterios mínimos de actuación de cada administración». Con esta afirmación, el consejero de Justicia del Ejecutivo canario, José Miguel Ruano, manifestó ayer, durante una comisión parlamentaria, la intención del Gobierno canario de «no asumir ninguna responsabilidad» en este asunto hasta que se le aclare qué papel tiene cada administración. «Somos un gobierno autónomo y por lo tanto no estamos en la tesitura de firmar un convenio que parece más de adhesión que de otra cosa», señaló en consejero.

Preguntado por el diputado socialista Manuel Marcos Pérez acerca de por qué en Canarias no se existe aún un mapa de fosas y no se está ayudando a las asociaciones en las labores de localización, exhumación e identificación de cuerpos, Ruano insistió en que «el Gobierno de Canarias tiene la voluntad de cumplir con la ley en los términos que ésta articula, es decir, favoreciendo la colaboración entre las administraciones públicas, pero se nos tiene que aclarar en qué términos. Esto no puede ser un yo invito y tú pagas».

Ruano se quejó de que no haya existido una estrategia conjunta del Gobierno central con las comunidades autónomas, y explicó que «tratando de definir esta cuestión se remitió una carta al Ministerio de Presidencia el 26 de marzo del año pasado sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta», añadiendo que «no se trata sólo de una cuestión de Canarias, porque me consta que otras regiones, como Navarra, están en las mismas circunstancias».

Además, señaló que «existe una división de competencias que no está clara entre el Ministerio de Presidencia y el de Justicia y eso dificulta que tampoco se sepa quién es el interlocutor válido».

Como solicitante de la comparecencia, Manuel Marcos recordó a Ruano «la urgencia que requiere hacer un mapa de fosas en las Islas, ya que se ha de recurrir al testimonio de personas que ya tienen una avanzada edad y que son los únicos que pueden indicar dónde pueden estar los cadáveres de esos miles de represaliados que continúan desaparecidos».

Asimismo, preguntó al consejero por qué nunca se ha reunido con las asociaciones de memoria histórica, si bien el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió a que sería su consejero de Justicia el que canalizara todas las actuaciones.

El responsable autonómico respondió que no tenía problema en hacerlo, pero que nunca se había registrado una solicitud formal por parte de dichas organizaciones.

Por su parte, el diputado del Partido Popular (PP) Carlos Ester indicó que «el Gobierno de España no se ha puesto las pilas y ha creado una ley populista sin definir bien lo que cada uno tiene que hacer y lo que cada uno debe pagar y luego se arman los líos que se arman», remitiéndose a que en el caso de la Ley de Dependencia sucede algo muy similar, que es el «yo invito y tú pagas».

«Me resulta sospechoso que sólo existan convenios de colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista», reflexionó la diputada de Coalición Canaria Flora Marrero, antes de instar al consejero a que «mantenga el diálogo con el Ministerio para tratar de dar una respuesta a las familias que no saben en dónde tienen a los suyos».

http://www.eldia.es/2010-06-03/CANARIAS/9-Gobierno-desconoce-como-aplicar-Ley-Memoria-Historica.htm