La depuración abarcó a los maestros) y a los alumnos de las escuelas normales; incluyó también a todos los que ejercían la docencia privada en centros o de forma particular

 

La segunda República comienza con gran interés por la educación, convirtiéndose en uno de los valores fundamentales del nuevo régimen. En consecuencia la valoración social del profesorado es alta y hay una importante proporción de profesores entre los dirigentes republicanos de los distintos partidos. Incluso el movimiento de Ortega, la Agrupación al Servicio de la República, es una asociación de intelectuales, escritores y profesores que obtuvo 13 escaños, de los que la mitad eran profesores universitarios. Algunos de los principales dirigentes como Jiménez Asúa o Fernando de los Ríos eran también profesores universitarios que habían tenido a su vez una gran influencia en la aceleración de la crisis monárquica que da lugar a la república. Julián Besteiro, dirigente de la UGT y del PSOE también era profesor, primero de Instituto y luego de Universidad.

Situación social del profesorado durante la República:

Además de lo anterior, muchos maestros, profesores de Secundaria y profesores de Normal eran diputados a Cortes, todo ello influyó en el desarrollo de las leyes y en la imagen pública de la profesión. El 13 % de la minoría radical, 7 % de la minoría radical socialista, el 36 % de la minoría de acción republicana y el 21 % del grupo socialista en 1931 definían su principal profesión como catedráticos o profesores en los distintos grupos políticos. Teniendo en cuenta la endeblez del sistema educativo monárquico su representación era mayor que su presencia numérica en la sociedad.

Sirva como ejemplo de la confianza del régimen republicano en los maestros las declaraciones de Lorenzo Luzuriaga: «El Magisterio hispánico ha de responder con todo su entusiasmo a la llamada de la República. El gran ejército de cerca de 40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su servicio […]. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos, pues, a la obra. ¡Arriba el magisterio republicano!».

El Ministerio de Instrucción Pública (MIP) en consecuencia, lanzó un ambicioso programa de reformas educativas: desde el proyecto de crear 27.000 nuevas escuelas en los siguientes cinco años, hasta la dignificación de los salarios (antes de hambre) de los maestros, pasando por la reforma de los planes de estudio de Magisterio, la democratización de las estructuras educativas, el impulso a una pedagogía activa y moderna, la implantación del laicismo escolar y la coeducación, o la utilización en la escuela de lenguas diferentes del castellano allí donde se diesen situaciones de bilingüismo.

El conjunto de las medidas educativas del primer bienio buscaba educar «para formar ciudadanos y no súbditos» y preparar nuevas generaciones de maestros dispuestos a transmitir los «valores políticos republicanos». Pero la escuela no pudo ser el escudo salvador de la República, los enemigos de ésta no hicieron la más mínima concesión que hubiese permitido la consolidación de la democracia, no permitieron siquiera que al menos una generación llegase a ser formada completamente en aquellos principios.

La voluntad de algunos gobiernos republicanos contrastaría en cambio con una parte del Magisterio indiferente a las cuestiones políticas y sociales, cuando no de ideología conservadora y derechista por su propia educación y por las influencias sociales y religiosas recibidas. No así los maestros más jóvenes, y muy especialmente aquellas pocas promociones formadas en el Plan Profesional de 1931 y los que accedieron a la docencia mediante el sistema de cursillos, que fueron mayoritariamente entusiastas de las reformas y se comprometieron personalmente con ellas. Durante todo el conjunto del periodo republicano se incorporaron 21.293 maestros al sistema educativo, un 56,5 % más de los existentes con anterioridad. En el presupuesto de 1937 se indica la existencia ya de 58.982 plazas de maestros funcionarios y 377 inspectores1.

Causas del conflicto social que da lugar al Golpe Militar y a su modelo de represión

La República pretendió hacer un gran cambio social en España, especialmente en su deseo de europeizarla y de modernizarla, pero grandes fuerzas conservadoras se opusieron frontalmente como la Iglesia Católica y los terratenientes, principales soportes del régimen anterior, junto con una parte de los militares.

España tenía 23,5 millones de habitantes, con una economía y una población predominantemente agraria (solo cinco millones vivían en ciudades) con una distribución de la tierra muy desigual, ya que 25.000 terratenientes disponían del 50 % de la tierra. Una presencia asfixiante de la Iglesia en el sistema educativo, en las costumbres sociales e impregnando el poder político en todos los niveles. Curiosamente la clase política monárquica se había prácticamente autodisuelto, pero no así su base social, que fue reconstruida desde dentro del régimen republicano por los grandes propietarios agrícolas y la Iglesia católica, aglutinando también a algunos sectores militares por la perdida de una parte de sus privilegios.

Los conflictos sociales tuvieron dos vertientes: la laboral y la territorial. En la vertiente laboral los sindicatos fueron sus principales agentes sociales: UGT y CNT, que canalizaron de muy diferente forma los conflictos que afloraron y que tuvieron una respuesta represiva por la república, en muchas ocasiones inadecuada en medios y en métodos. En la vertiente territorial los agentes sociales fueron los partidos nacionalistas, de fuerte presencia en Cataluña y el País Vasco, y en menor medida en Galicia, reflejando la tradición federalista de muchos años atrás. Esta tensión territorial se canalizó mediante los Estatutos correspondientes, pero que dieron pie en ocasiones a tensiones separatistas de graves consecuencias, dando razones e inseguridades a una parte de la población del resto de España.

Como resultado de lo anterior se produce el caldo de cultivo del golpe militar, que aunque fracasa en un primer momento no es tampoco sofocado. La guerra durará tres largos años con unos frentes en gran medida estabilizados. El objetivo final del conflicto para los golpistas no sería la victoria, sino el genocidio de una parte de la población, las diferencias sociales se habían exacerbado tanto que no parecía posible ninguna convivencia, el exterminio del que opinaba de forma diversa era juzgado como imprescindible, era el mensaje de limpiar España, ante esto la situación internacional (momentos antes de la segunda guerra mundial) lo alimentaba ampliamente.

Una parte de esa oposición al carácter reformador de la república hace responsable de toda la pérdida de privilegios a los maestros. Así en El Debate se indicaba ya en 1934… “Lo verdaderamente grave es que la preparación revolucionaria se ha hecho en gran parte en la escuela. Allí ha ido a nutrirse de ideología marxista la población infantil de pueblos enteros, sin que a esta elaboración lenta de un mañana aterrador pusieran coto los gobiernos laicos y masónicos”…“que en el movimiento sedicioso está complicada una verdadera legión de maestros socialistas y comunistas”…“Lo que desde ahora importa es que una acción de gobierno depure la clase del Magisterio, obligándola, ante todo, a salir de sus sindicatos y federaciones socialistas, desde las cuales se ha venido haciendo la labor criminal más execrable: la corrupción del alma de los niños y la propaganda subversiva en las clases de adultos”. Pocos años habrían de pasar para que la depuración deseada fuese hecha con tanta radicalidad como se pedía en 19342.

 

CAUSAS, OBJETIVOS y ETAPAS de la represión del profesorado:

   1.

      La primera represión: Objetivo militar. Búsqueda de impedir una respuesta al golpe, eliminación física de todos los dirigentes políticos y sindicales.

   2.

      La segunda represión: Objetivo ideológico. Anulación moral y envilecimiento de la profesión como paso indispensable para la imposición del nuevo orden con el máximo de complicidades.

   1.

      La primera represión:

El golpe pensaba ser una acción rápida y contundente capaz de anular toda respuesta civil y militar, dentro del plan previsto por Mola además de controlar los centros neurálgicos del poder civil y militar (gobiernos civiles, militares, fuerzas policiales, centros de comunicaciones, etc.) estaba la necesidad de actuar con extrema violencia en el ánimo de convencer por el miedo a los pusilánimes, el fascismo italiano y alemán habían dado la clave para el control social. La necesidad de contar con un brazo militar y uno civil (la falange y el tradicionalismo) permitía hacer actuaciones violentas de distinta naturaleza: si había resistencia se actuaba con los militares; si no la había era el brazo civil el que actuaba, armado para la acción violenta y eliminando, sin las molestias de un juicio, a quien pudiera encabezar el más mínimo atisbo de resistencia. Si no estaban detenidos se actuaba directamente mediante la delación; si lo estaban, se les solicitaba a la autoridad militar para un supuesto traslado y se les eliminaba.

La crueldad en la represión era un requisito consciente para inculcar el miedo en la sociedad, las pilas de cadáveres en las cunetas de los cruces de caminos, la represión a las familias para conseguir el paradero de los líderes sociales era lo habitual. La actuación arbitraria era imprescindible para llegar con el miedo a un espectro más amplio de la sociedad. La impunidad daba pie a un aumento de las delaciones (era el antiguo modelo inquisitorial), aunque en algunos casos se hiciera por razones de envidia o de interés campesino en tierras o bienes.

El caso de Galicia es muy significativo al respecto del modelo de esta primera represión: ocho de cada diez víctimas de la represión franquista en Galicia fueron paseadas. Sólo entre 1936 y 1939, se registraron 4.447 muertes extrajudiciales, frente a las 1.087 penas de muerte ejecutadas, datos analizados en julio de 20093.

La larga lista de la represión irracional por ejemplo da más de cuarenta maestros asesinados solo en la provincia de León, 21 en Burgos (más otros 11 que fueron detenidos y desaparecieron para siempre), 33 en Zaragoza (sólo en los primeros meses de guerra), entre otros fusilados en Ávila está Manuel Alonso Zapata maestro y secretario general de la FETE de 1929 a 1934, etc. en una larga lista.

Las autoridades franquistas justificaron a posteriori tanta barbarie al colocar a los maestros en el centro de las responsabilidades del desencadenamiento de la guerra civil. Así, José M.ª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la JTE, afirmaba en una muy conocida circular dirigida a las comisiones depuradoras del Magisterio que era necesario sancionar a «los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sentado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España», y que no eran otros que los maestros y maestras que se habían comprometido en el gran proceso de reforma republicano.

Biografía de NORBERTO CEREZO maestro de Canillas (víctima de la primera represión en Segovia):

Norberto Cerezo nació en el barrio de San Lorenzo de Segovia el 6 de junio de 1888. Estudió Bachillerato y Magisterio en Segovia. Estuvo destinado como maestro en Bercimuel (Segovia) donde se casó con Herminia Gil, teniendo tres hijos: Purificación (que fue Maestra y amiga íntima de María Zambrano), Manuel y Carmen. En 1918, se declaró una epidemia de gripe en España de la que murieron casi 300.000, entre ellas su primera mujer. Norberto por estas fechas había fundado en colaboración con Blas Zambrano García, también maestro, junto con un grupo de obreros, la Agrupación Socialista Segoviana, por la se presentó a diputado a Cortes en 1918, no siendo elegido.

Norberto, viudo de 31 años con tres hijos pequeños, obtuvo escuela en 1921 en Castrojimeno, pequeño pueblo de Segovia cerca de las Hoces del Duratón y de Sepúlveda. Al año siguiente se casó con Felisa Sacristán de 19 y tuvieron tres hijos: Leopoldo, Guillermo y Fernando. Formó parte de la tertulia segoviana que dinamizó la conservadora ciudad con acciones como la Universidad Popular, junto con Antonio Machado4; Pablo de Andrés Cobos, importante miembro de la FETE y de las Misiones Pedagógicas en aquellas fechas; de los hermanos Barral (escultores); de Segundo Gila, mecenas de la cultura en Segovia y luego Presidente de la Diputación Provincial; de Alfredo Marqueríe, autor de teatro y periodista, entre otros. Participó de la llegada de la República y fue articulista en diversas publicaciones y director del semanario Germen en enero de 1933 subtitulado Semanario segoviano del proletariado. Colaboró en la publicación de la obra de Blas Zambrano.

Norberto se trasladó primero a Carrascal del Río y posteriormente en 1934 a la escuela mixta del Cerro de la Cabaña, en el barrio de Canillas, en el extrarradio de la Ciudad Lineal de Madrid. Era según la descripción de su hijo Leopoldo, que fue además alumno en la misma, un barrio de basureros y traperos, donde el Gobierno de la República había construido una nueva y luminosa escuela para los hijos de tan modestos habitantes, casi todos analfabetos.

Se incorporó a la ATEMYP (FETE-Madrid), probablemente formó parte de su ejecutiva en 1935 y representó a la FETE (que se encontraba con los locales suspendidos, la revista clausurada, y una parte de la organización perseguida a consecuencia de los sucesos de octubre de 1934) en el Comité Nacional de la UGT del 29 de julio de 1935.

Norberto Cerezo fue detenido a los pocos días del inicio de la guerra civil por un grupo de falangistas mientras se encontraba de vacaciones en Castrojimeno y fue fusilado junto con su hijo de quince años5. Con posterioridad fue depurado en 1939 y expulsado del magisterio, lo que impidió a la viuda con cinco hijos, producto de sus dos matrimonios, cobrar la pensión, lo que les hizo pasar grandes penurias económicas.

 

La segunda represión:

El objetivo de la segunda represión fue complementar las acciones políticas que en el campo educativo se desarrollaron. Las medidas democratizadoras de las estructuras educativas realizadas por la república fueron suprimidas, al igual que el Plan Profesional del Magisterio, las medidas sobre bilingüismo, laicismo y coeducación, así como toda la legislación que limitaba la actuación de la Iglesia en el campo de la enseñanza.

Junto a esta obra de demolición, se inició otra de reajuste ideológico-político: reintroducción de la enseñanza religiosa, crítica demoledora de los principios democráticos (libertad, pluralismo, tolerancia…), defensa de un españolismo exaltado y excluyente, reinterpretación de la historia española poniendo el acento en lo que se consideraba nefasta la trayectoria iniciada con la Ilustración, seguida por el liberalismo y culminada con la república democrática, trayectoria que el invicto Caudillo estaba llamado a rectificar, devolviendo España a la senda de sus glorias pasadas, identificadas con la monarquía de los Reyes Católicos y los Austrias mayores. Toda esta vuelta al pasado se completaba con el rechazo de la moderna pedagogía, por extranjerizante y ajena a la tradición española, y con la vuelta a la enseñanza más tradicional, tanto en los métodos como en los contenidos.

Las primeras medidas depuradoras se tomaron ante la inminencia del inicio del curso escolar en septiembre de 1936. La Junta de Defensa Nacional, con el objetivo de expulsar de la enseñanza a quienes no se considerasen plenamente identificados con el nuevo estado de cosas, allí donde había triunfado la sublevación militar, ordenó a los Rectores de las universidades una rápida depuración del personal docente.

Esta primera depuración fue drástica; no hubo posibilidad de defensa para los interesados y la única sanción contemplada era la separación del servicio. Pronto se vio que con tales criterios la normalidad académica sería inviable por falta de profesorado, amén de haberse cometido innumerables errores al sancionar, por precipitación y falta de información, a maestros que eran de ideario conservador y católico. Todo ello llevó a replantearse la cuestión desde el principio.

Tras constituirse la Junta Técnica del Estado, su Comisión de Cultura y Enseñanza procedió a regular con más detalle la depuración del Magisterio: se crearon comisiones depuradoras de ámbito provincial, se establecieron los actos de obra y pensamiento perseguibles, y se fijaron las sanciones en función de la gravedad de lo considerado punible; también se delimitó el alcance de la depuración, y así sucesivamente en una cascada interminable de normas que regularon hasta los más pequeños detalles del proceso, para que la mecánica depuradora fuera la misma en todas las provincias españolas.

La depuración abarcó a los maestros nacionales (propietarios e interinos) y a los alumnos de las escuelas normales; incluyó también a todos los que ejercían la docencia privada en centros o de forma particular, pues sin haber superado el trámite depurador nadie estaba autorizado para ejercer como docente. Inicialmente, la depuración se planteó en términos puramente políticos, pero en la práctica se acabaron escrutando también cuestiones de tipo profesional, las creencias religiosas, los más variados aspectos de la vida privada, en una investigación de carácter netamente inquisitorial, en la que nada quedaba fuera de escrutinio ni había límite temporal en el que detener las pesquisas (a pesar de que la normativa fijaba octubre de 1934 como fecha de referencia).

Se penalizaban los actos y las ideas, con especial gravedad si habían ocurrido (o se habían profesado) con posterioridad a la revolución de octubre y antes de la sublevación militar (para los actos posteriores al 17 de julio se podía llegar a considerar la eximente -o al menos la atenuante- de estado de necesidad).

La militancia en partidos, sindicatos u otras organizaciones republicanas o de izquierdas, la aceptación de cargos políticos o de responsabilidad, la participación en mítines, manifestaciones, comités de cualquier tipo o hechos de armas, las ideas izquierdistas (en cualquiera de sus modalidades -comunistas, socialistas, anarquistas…-), o nacionalistas (igualmente bajo cualquier variante, fuese de lugar -catalana, gallega, vasca- o de intensidad -separatista, autonomista…-), la irreligiosidad en cualquiera de sus formas (desde el simple incumplimiento de los preceptos religiosos hasta el ateísmo), la orientación avanzada de la práctica pedagógica, y los comportamientos privados considerados incompatibles con la dignidad de un docente (entre los que los relativos a cuestiones sexuales ocupaban un lugar privilegiado) eran los principales objetos de investigación y, en su caso, sanción.

Las sanciones se fueron perfilando mediante diversas órdenes hasta encontrar una gama suficientemente amplia como para adecuar la dureza y la duración del castigo a la gravedad del acto sancionado.

En su configuración final, iban desde la simple inhabilitación para cargos directivos hasta la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para la enseñanza, pasando por suspensiones temporales de empleo y sueldo (entre un mes y dos años), traslados forzosos (dentro o fuera de la provincia, o fuera de la región) y jubilaciones forzosas, siendo frecuente la combinación de varias de estas sanciones en un mismo expediente (suspensión, traslado e inhabilitación para cargos, por ejemplo).

 

El mecanismo sancionador:

El trámite de la depuración era el siguiente:

De entrada, todos los maestros y maestras eran declarados cesantes y, quien lo desease, debía solicitar el reingreso en el escalafón mediante instancia que debía ir acompañada de una declaración jurada en un impreso preparado al efecto en el que se preguntaba sobre actuaciones e ideas del interesado, así como sobre los compañeros del mismo.

Con estos dos documentos, la comisión provincial abría el expediente personal de depuración y procedía a solicitar los informes considerados preceptivos por la legislación: los del alcalde, guardia civil, párroco y un padre de familia de solvencia contrastada de la localidad o localidades donde el maestro hubiese ejercido (y, en cualquier caso, de donde estuviese destinado en julio de 1936).

A partir de estos informes, más otros que se hubiesen podido recabar (de Falange, de las autoridades militares, de los Habilitados del Magisterio…) o que hubiesen podido llegar hasta la comisión (denuncias privadas, anónimas o no), se decidía si había materia punible, en cuyo caso se formulaba un pliego de cargos que el interesado debía contestar por escrito en el plazo de diez días, aportando toda la documentación exculpatoria que considerase oportuna.

Recibida ésta se procedía a estudiar el expediente, pudiéndose practicar nuevas diligencias si la documentación acumulada lo aconsejaba, o bien resolviendo definitivamente el caso, fuese con propuesta de confirmación en el cargo -si no había nada sancionable-, fuese con propuesta de alguna sanción -si lo había-. Cerrado el expediente, se enviaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la JTE que procedía a una nueva lectura del mismo (esta función fue desempeñada desde 1938 por una oficina creada al efecto -la «Oficina Técnico-Administrativa»-, y desde 1939 por la «Comisión Superior Dictaminadora de expedientes de depuración») y a decidir la sanción final (que podía coincidir o no con la propuesta de la comisión), que entraba en vigor una vez se publicaba en el BOE (en los BOP, desde finales de 1937 dado el enorme volumen de expedientes de depuración).

Desde 1938 era posible presentar recurso contra la resolución del expediente, pero sólo se admitía a trámite si el interesado presentaba nueva documentación que se considerase lo suficientemente importante como para reabrir el expediente. A mediados de los 50 todavía se seguían rechazando las revisiones sin más.

Los maestros republicanos del Plan Profesional depurados, consiguieron que se les admitiera como tales en una oposición restringida en 1960 tras multitud de pleitos, obligándoles a realizar los seis meses de prácticas, previo a la concesión de un destino en los peores lugares posibles, y sin reconocimiento de antigüedad, lo que les perjudicaba gravemente para la jubilación. La amnistía de 1976 permitió el reconocimiento de sus trienios, manteniendo otros perjuicios accesorios, que poco a poco fueron remontándose en la transición democrática, quedando muy pocos maestros por edad que pudieran por fin tener el reconocimiento adecuado.

Es de destacar que aquellos que habían sido fusilados o habían desaparecido se les sancionaba con la formula adecuada a cada caso para impedir que la viuda o los hijos pudieran cobrar pensión. ¿Cabe acaso más inquina?

Como ya se ha indicado en los dos artículos precedentes la escuela no pudo ser el escudo salvador de la República, produciéndose al finalizar el conflicto una intensa represión del profesorado de modo sistemático y continuado, con el fin de modificar en lo sustancial la composición del magisterio y cambiar los derechos adquiridos durante una larga lucha sindical: libertad de cátedra, derechos de traslados por antigüedad, direcciones democráticas de los centros, uso de pedagogías modernas en la escuela, etc..

Los escalafones del magisterio se manipulan sin pudor, hasta el extremo de colocar al obispo Segura como número 16 del escalafón del magisterio, habiendo sido uno de los instigadores más feroces del enfrentamiento entre la Iglesia y la República, una de las causas sustantivas de la justificación del golpe militar sangriento.

Después de estudiar la sistemática del mecanismo utilizado en la represión cabe hacer un cierto balance de su dimensión real. La composición del magisterio era más conservadora antes de la república, que incorpora más de 20.000 maestros que son sin duda los más entusiastas de las reformas, pero se produce además una importante evolución en la actitud de un gran número de maestros que valoran el apoyo republicano a las construcciones escolares y la mejora de sus condiciones de trabajo. En 1937 había ya 58.925 maestros funcionarios y 377 inspectores (según los datos del MIP).

Un dato aproximado de su composición sociológica lo tendríamos en 1933 al crearse el Frente Único y establecerse un mecanismo de coordinación entre las asociaciones más representativas. La Asociación Nacional era moderada y ampliamente mayoritaria, agrupaba a unos 20.000 maestros y apoyaba firmemente las reformas republicanas. La Confederación era la asociación conservadora y agrupaba a unos 7.000. La FETE-UGT minoritaria pero sin duda muy influyente, movilizaba a unos 4.500. Existiendo un importante número que no pertenecían a ninguna asociación. La CNT tenía una escasa presencia entre los maestros funcionarios hasta avanzada la guerra civil, donde tuvo un crecimiento significativo en el breve período del ministro Segundo Blanco. Había una gran diferencia en el compromiso republicano entre zonas rurales y urbanas, de ahí la importancia estratégica de las Misiones Pedagógicas.

Analizado lo anterior, la inquina empleada en la represión del magisterio no es explicable exclusivamente por una actitud de los maestros de firmeza republicana y el interés del franquismo en cambiar a una parte de los maestros por otros más cercanos al nuevo régimen, sino más bien por un deseo de disminuir la presencia del sector público cediendo una parte al sector confesional.

Para definir el ánimo con el que comienza el nuevo régimen, que mejor que reproducir unas afirmaciones de Romualdo de Toledo director del Servicio Nacional de Primera Enseñanza del Ministerio: “Vuelve la tradición: quiere decirse que vuelve la escuela española de nuestros siglos mejores, asentada en la Parroquia y la familia y adornada con las virtudes nacionales de disciplina, jerarquía, misión y hermandad (…) Frente al naturalismo político, nosotros colocamos la espiritualidad católica; frente al mentido respeto a la conciencia del niño, nosotros afirmamos la necesidad del dogma; frente al rousseanismo del hombre, nosotros proclamamos la caída de nuestro pecado original; frente a la felicidad ofrecida en su escuela con los goces materiales, nosotros predicamos la necesaria derrota de las pasiones humanas y la temporalidad de los bienes terrenos; frente al concepto darwinista, oponemos la existencia de un alma infundida en nuestro ser con destellos divinos; finalmente, frente a las teorías de un racionalismo pagano, nosotros afirmamos la existencia de la fe, de la revelación y la sabiduría de Dios (…) Todas estas diferencias justifican la contrarrevolución que España necesita en el orden pedagógico”.7

¿Cuál es el impacto que se produce en el Magisterio en el proceso de depuración? No ha sido fácil establecerlo durante muchos años, ante la opacidad de la administración para su estudio, en los años 90 se comienza a estudiar entre otros autores por Francisco Morente que realiza un primer estudio estadístico de los expedientes de depuración en 17 provincias, de donde se deduce que la mayor dureza represiva recayó en aquellas con un más alto nivel de urbanización y de secularización, con una larga tradición de luchas políticas y sociales, y que, en un momento u otro de la República y la guerra, se convirtieron en baluarte y referente de la causa republicana y antifascista. No puede sorprender, por tanto, que las provincias con mayor porcentaje de sancionados fuesen, por este orden, Asturias, Vizcaya, Barcelona y Madrid. Y que las tres con mayor número de separaciones del servicio e inhabilitaciones para la enseñanza —y a mucha distancia de las demás— fuesen, también por orden, Asturias, Barcelona y Madrid.

El porcentaje de definitivamente sancionados fue del 33% en Asturias, el 30% en Vizcaya, el 29% en Barcelona y el 27% en Madrid (la media en las 17 provincias estudiadas se situó en el 26%). Por lo que hace a las separaciones del servicio e inhabilitaciones para la enseñanza, alcanzaron el 17% en Asturias, el 15% en Barcelona y el 14% en Madrid (la media en las 17 provincias fue del 10%). En Vizcaya hubo muchos sancionados, pero relativamente pocos separados de la enseñanza (el 8%); ello se debió a que gran parte de las acusaciones que sufrieron los maestros tenían que ver con cuestiones relacionadas con las ideas o la militancia nacionalistas, que si no iban acompañadas de alguna otra no solían resolverse con la separación del servicio, sino con el traslado fuera del País Vasco y de Navarra (y, eventualmente, con suspensión temporal de empleo y sueldo)8.

Posteriormente se están realizando multitud de estudios de ámbito provincial9 teniendo presentes todos los expedientes y no sólo estudios estadísticos. Los docentes que fueron sancionados, atendiendo a diversos autores, se situaron en una media del 24-25% del magisterio nacional, que fue superado en las provincias de Gerona (40%) [Marqués, 1993], Orense (34%) [Ostalaza, 1996], Asturias (33%) [Morente, 2001], Albacete (31%), Valencia (28%), Madrid (27%), Cuenca (27%), Barcelona (29%), y Vizcaya (30%).

Una parte importante de maestros fueron separados definitivamente del servicio causando baja en el escalafón. Guadalajara (10%), Toledo (10%), Gerona (17%), Asturias (17%), Guipúzcoa (11%) [Ostalaza, 1996], Madrid (11%), Granada (8%), Valencia (8%) [Fernández y Agulló, 1999] y Burgos (8%) [Crespo Redondo, 1987].

 

Esquema de la arbitrariedad:

– Los maestros eran quienes debían demostrar su inocencia, y no al revés.

– Los informes preceptivos eran carentes en su inmensa mayoría del más mínimo rigor, redactados con brocha gorda, sin matices, recogiendo frecuentemente rumores como si fuesen verdades incontestables, cargados de animadversión personal contra el informado, o de prejuicios genéricos contra los maestros, contra los republicanos y, evidentemente, contra los maestros republicanos, teniendo un papel muy destacado los informes del cura párroco y de la Asociación de Maestros Católicos.

 

Ejemplos de las lindezas:

En el Informe de depuración de Norberto Cerezo (destacado sindicalista de FETE miembro del CN de la UGT y conocido miembro de las Misiones Pedagógicas y colaborador de revistas como Escuelas de España) se refleja por el cura párroco de Canillas: “el interesado del presente informe fue fusilado por ser mala persona en Segovia”, sin más pruebas ni comentarios. Por el contrario el informe del Teniente coronel de artillería de Segovia indica “…haciendo presente que ignorante por completo de cuanto se consulta, por no haber intervenido en cuestiones de tal naturaleza, he realizado gestiones y parece ser pública la idea que el maestro indicado fue fusilado en Carrascal del Río de la provincia de Segovia,….El informe de la guardia civil: se ignoraba su conducta en la escuela, sus ideales eran marcadamente izquierdistas desde antes del glorioso alzamiento, …no había perseguido a nadie, destacaba por sus ideas ¡!, creyéndose colaboraba con un periódico en Segovia, desde antes de la guerra pertenecía a FETE y al Socorro Rojo Internacional…

Otros informes curiosos reflejan la animadversión social como el cura de Pujarnos (Girona) que decía de una maestra de la localidad “se pasaba de roja, como casi todos los maestros”. El informe del cura de Calamocha (Teruel) sobre un maestro catalán que había ejercido en aquella localidad y al que, en el apartado de opinión general del impreso que le envió la comisión de Barcelona, se limitó a considerar como “fusilable”.

Un 10 % fueron apartados definitivamente de la enseñanza, otro 10% fueron trasladados a lugares remotos, un 5% fueron suspendidos de empleo y sueldo entre un mes y dos años. Todos los anteriores más otros 2000 fueron inhabilitados para cargos directivos (cerca de un 30%). Otros mil maestros recibieron sanciones diversas (jubilaciones forzosas, postergación en el escalafón, expedientes de disciplina). Sistemáticamente, se sancionó más duramente a los maestros que a las maestras, que se beneficiaron en este caso de una actitud paternalista por parte de las comisiones de depuración.

Desde 1938 se inició un proceso de revisión de expedientes que se alargó hasta mediados de los cincuenta, a los que se acogieron un tercio de los sancionados. Cuando se resolvieron muchas revisiones las penas ya se habían cumplido. Hasta la llegada de la democracia en los años 70 no pudieron muchos de ellos reincorporarse con dignidad al escalafón del magisterio, aunque tuvieron que aceptar ir a las plazas que les tocaron en un concurso especial. Caso de Palmira Pla en un pueblo de Castellón y de Julia Vigre en una escuela en Duratón en Segovia. Muchos se dedicaron toda su vida a la enseñanza privada en academias en pisos, donde en muchos casos consiguieron zafarse de los rígidos controles que se hicieron en la escuela nacional. Caso de Pablo de Andrés Cobos o de Vicente Valls.

De hecho, la purga fue enorme, como las cifras antes citadas muestran, y lo fue especialmente por la calidad de los afectados: el sector más dinámico, innovador, progresista y comprometido del cuerpo de maestros nacionales, así como de los estudiantes normalistas y, a su vez, futuros maestros. Pemán pretendía una depuración punitiva y preventiva, y desde luego lo consiguió. Los efectos de la depuración sobre la escuela del primer franquismo son difíciles de minusvalorar: no sólo se decapitó al Magisterio al eliminar a sus miembros más valiosos, sino que su lugar fue ocupado por miles de arribistas, excombatientes, mutilados de guerra y excautivos, familiares de caídos y, en general, individuos de reconocida adhesión al régimen y cuya competencia profesional nadie se molestó en comprobar, muchos dedicaban el tiempo en la escuela a rezar y a leer en voz alta la enciclopedia, su presencia en la profesión les permitía tener un sueldo y casa en momentos de penuria. La depuración sirvió, por tanto, para hacer limpieza ideológica, pero también para colocar a los adictos, y para paralizar cualquier tipo de contestación interna durante mucho tiempo. La innovación pedagógica desapareció, los maestros neutrales o indefinidos ideológicamente procuraron parecer fuera de toda sospecha, y los que habían sido sancionados o habían visto la sanción muy cerca, no tuvieron más remedio que incorporarse en la escuela gris, católica, tradicional y reaccionaria del Nuevo Estado.

 

La depuración del magisterio en Canillas

Como ejemplo de la situación en Madrid se estudia el pueblo de Canillas actualmente incorporado a la ciudad y que comprende el distrito de Ciudad Lineal y una parte del actual de Hortaleza. En 1936 tenía 14.000 habitantes y 36 maestros, mientras que en 1931 disponía de solo nueve escuelas unitarias (con sus nueve maestros), en 1934 la acción conjunta del ayuntamiento y el MIP habían conseguido alcanzar la cifra de 30 escuelas. La media de España antes de la república era de 1,59 maestros por mil habitantes, en 1936 era ya de 2,14, mientras en Canillas se había alcanzado 2,57.

Los resultados de un estudio de los 36 expedientes de depuración, realizado por el autor del presente artículo, indican que 15 de los maestros fueron depurados en distinta medida (42%), siendo 7 separados definitivamente (uno había fallecido en accidente en el frente, otro había sido fusilado en la primera represión, y uno jubilado forzoso), lo que alcanza el 19%. Cifras que resultan algo altas, pero estudiando los detalles de los expedientes sorprende que nueve habían sido previamente depurados por la República (un 25 %) pero eso sí, nunca habían dejado de percibir sus sueldos, solo habían sido suspendidos temporalmente de empleo (lo confirman todos en sus declaraciones en los expedientes), dejándoles fuera de las direcciones de los centros.

Respecto a la libertad de afiliación sindical los expedientes lo confirman, ya que solo 22 tienen compromiso sindical (16 a FETE y 6 a CNT), de los cuales 5 habían sido antes depurados por la República10 (4 a la CNT y 1 a la FETE) que puede suponerse era utilizado como tapadera, alguno sería afiliado y consiguió ocultarlo, luego estaría cercana al 50%. 13 mantienen posiciones de izquierda y 5 posiciones moderadas en el proceso, a pesar de la radicalidad del mismo, con lo que puede concluirse que existía un apoyo mayoritario al régimen republicano entre los maestros de esta población, pero que existía, eso sí, una fuerte minoría que mantenía otras posiciones y que había sido pasiva o claramente quintacolumnista.

Entre los principales depurados cabe destacar a: Norberto Cerezo Marinero, dirigente socialista, fusilado en Segovia en 1936. FETE; José Pérez Marfull, dirigente de Izquierda Republicana, muy vinculado a la actividad municipal, dirigió la depuración en nombre de la República y resultó condenado a 25 años de cárcel de los que cumple 12. En 1958 se le sigue negando la revisión. CNT; Glicerio Macho. Director del grupo escolar Nueva Infancia. Socialista. FETE; Agustín Nogués. Consigue exiliarse en Argentina. FETE; Petra Pérez Gómez. Acusada por criterios morales de vivir amancebada con 68 años. Se la fuerza a jubilarse. Sin afiliación sindical.

 

1 “Bibliotecas y cultura popular en la república”. Juan Vicens. Las Españas. Noviembre de 1947.

2 Artículo de Luís Ortiz Muñoz en El Debate el 31 de octubre de 1934.

3 Son datos del proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares (patrocinado por la Xunta y realizado por la Universidad de Santiago en colaboración con las de A Coruña y Vigo).

4 La FETE reproduce la impresión recibida por Antonio Machado al producirse la proclamación republicana en su revista El Magisterio Español nº 6713 en 1937. “El 14 de abril de 1931 en Segovia”.

5 El Adelantado de Segovia el 13 de agosto de 1936.

6 Primer número del Magisterio Español editado en Vitoria en 1939.

7Romualdo de Toledo, prólogo a A. Iniesta: Garra marxista en la infancia, Burgos, 1939.

8 El muestreo estuvo basado en el 6% de los expedientes de depuración de cada una de las provincias, extrapolando al total del magisterio de cada provincia los resultados obtenidos.

9 Destacan los estudios de Álvarez Oblanca (1986) sobre León; Crespo Redondo (1987) sobre Burgos; González-Agapito, y Marques Sureda (1993, 1995, 1996) sobre Cataluña; Jiménez Madrid (1997) sobre Murcia; Morente Valero (1996, 1997a, 1997b, 2001) sobre Barcelona; Ostolaza Esnal (1996) sobre el País Vasco; Fernández Soria y Agulló (1999) sobre Valencia; Miró (1998) sobre Baleares, Pozo Fernández (2001) sobre la ciudad de Málaga, y Porto Ucha (2003) sobre Pontevedra; Juan Borroy (2004) sobre Aragón; Ramos Zamora (2006) sobre Castilla-La Mancha, etc..

10 La República hizo una depuración municipal al consolidarse el golpe de Estado, separando a los sospechosos de responsabilidades, pero el MIP lo rectificó y no supuso suspensión salarial.

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