Las excavaciones en Aguilar de la Frontera destapan la primera represión franquista

 

MANUEL J. ALBERT – Córdoba – 08/08/2010

El 24 de julio de 1936, un mes antes de cumplir 34 años, el mulero Antonio Manuel Palma fue muerto a tiros mientras recogía agua de una fuente, en un camino cerca de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Acababa de comenzar la Guerra Civil y fue la segunda persona asesinada por los sublevados en su pueblo. 74 años después, se ha convertido en el primer represaliado republicano cuyo cadáver ha sido identificado en la campaña de extracción de cuerpos de varias fosas del cementerio de Aguilar. Se han rescatado otros 52 que, almacenados en cajas en un depósito, esperan a que se les devuelvan sus nombres.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar (Aremehisa) inició los trabajos de excavación en mayo. Contaba con el permiso y apoyo del Ayuntamiento (PSOE) después de que la juez de Aguilar archivase la petición de abrir las sepulturas pero diese vía libre para que la asociación se pudiese acoger a las subvenciones de la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno aportó 49.000 euros.

Los familiares conocían, por testimonios orales, la presencia de fosas comunes. Aunque la pista más importante para saber por dónde comenzar a trabajar fue el registro del cementerio en el que se indicaban qué fosas fueron ocupadas, por orden de la autoridad militar, para depositar a las personas a las que se les había aplicado el bando de guerra de agosto del 36. Un eufemismo para referirse a los fusilamientos sin juicio.

En los 90 días de trabajo que llevan, los técnicos han abierto seis fosas, donde han encontrado las cinco decenas de cadáveres con signos claros de haber sido ejecutados: manos atadas con alambres, orificios por arma de fuego en el cráneo, así como balas y casquillos. Estos últimos son especialmente valiosos para reconstruir los hechos.

La munición da pistas sobre los que apretaban el gatillo. «Hemos encontrado balas, casquillos y cartuchos del tipo que empleaba el Ejército o la Guardia Civil, como los Mauser. Pero también otros más raros. Por ejemplo, un cartucho adaptado para ser disparado por un fusil Winchester americano. Se trata de armas poco comunes, más de coleccionista», advierte Rafael Espino, presidente de Aremehisa. Ello indicaría que en la represión participaron no solo fuerzas del Ejército, Falange o Carlistas, sino también personas bien situadas, con acceso a armas caras y exóticas.

Las víctimas fueron arrojadas en nichos de ladrillos abiertos en el suelo del cementerio. Algunos de estos espacios -de 2,20 metros de largo, 60 centímetros de ancho y tres metros de profundidad- todavía quedaban libres después de ser habilitados en el año 29, cuando se creó el camposanto. Allí apiñaron los cadáveres de los ejecutados hasta que no cabían más. En otros casos, por encima de los fusilados, volvieron a enterrarse a personas de manera legal a las que se identificó con una lápida.

«Los asesinos simplemente aprovechan lo que tienen más a mano. Cuando se llenaba el cuartelillo, traían aquí a los detenidos, los ponían de rodillas al borde de la fosa, disparaban y los tiraban como si tal cosa», explica junto a uno de las sepulturas Rafael Espino. A casi tres metros por debajo de él, asoman los huesos de varios cadáveres. Y es que quedan más víctimas por desenterrar. En otro punto del cementerio, se quiere abrir otras fosas, donde se han encontrado evidencias de fusilamientos (casquillos y munición). Muchos fueron fusilados al borde de la sepultura, otros en la tapia del cementerio. En largas zanjas, se entremezclaron a las víctimas con otros fallecidos de muerte natural.

En total, Aremehisa calcula que hubo 196 republicanos fusilados durante la guerra en Aguilar, que entonces contaba con unos 13.000 habitantes. La asociación tiene registrados asesinados de entre 17 y 72 años, la inmensa mayoría hombres, aunque también hay cinco mujeres (dos de ellas muertas por un bombardeo aéreo franquista). «También se mató a gente de otros municipios. Y hubo vecinos fusilados en diversos pueblos y en la capital», dice Espino. Aremehisa espera que el Ayuntamiento de Córdoba (IU y PSOE) permita de una vez la apertura de las fosas del cementerio de la Salud, donde se cree que hay centenares de represaliados.

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