«El Gobierno catalán es más sensible con nuestra situación que el canario», aseguran

 

Familiares de víctimas del franquismo censuran al Gobierno canario por insensibilidad hacia los desaparecidos y ajusticiados de la dictadura

La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Canarias, Balbina Sosa, se muestra decepcionada con el Ejecutivo canario y, sobre todo, con el responsable de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, al que acusa de negarse a recibir a las víctimas durante más de dos años y de hacerles parecer «pedigüeños», según publica El Día.

«Somos canarios. Los que están enterrados en pozos, cunetas y barrancos también lo son, por eso no me da la gana ir a pedirle al Gobierno catalán que me ayude a buscarlos o a identificarlos con pruebas forenses, quiero que sea el gobierno de mi tierra quien lo haga y una ley me ampara». Con estas duras declaraciones la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Canarias, Balbina Sosa, dejaba ayer patente «la desidia» que a su juicio mantiene el Ejecutivo canario en este asunto.

«Si no fuera por la implicación y ayuda de los ayuntamientos, los cabildos, y sobre todo del gobierno central, aquí no se hubiera movido un piedra», señala Sosa, que recuerda que desde que Paulino Rivero es presidente autonómico el Gobierno no se ha realizado ningún tipo de gestión al respecto.

«¿Cómo puede ser posible que el Gobierno catalán sea más sensible con nosotros que el canario?. Yo desde luego es algo que no alcanzo a comprender».

Sosa explica que Cataluña -tomando como base la Ley de Memoria Histórica-, elaboró una ley autonómica por la que pone a disposición de las víctimas todos sus recursos.

«Aquí hay dos maravillosas universidades. ¿Por qué nos resulta más fácil llevar las pruebas forenses a las catalanas que a las canarias?», se cuestiona la experta.

Pero las críticas de la portavoz de las cuatro asociaciones que existen en el Archipiélago se centran en una sola persona: el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.

«Las asociaciones nos reunimos con Paulino Rivero y él nos dijo que a partir de ese momento sería Ruano nuestro interlocutor y el que debería ayudarnos en la localización y exhumación de nuestros familiares. No obstante, nos advirtió de que insistiéramos con su secretaria porque era una persona muy ocupada. Durante más de dos años lo hemos estado llamando para sentarnos a hablar y nunca nos ha contestado y, sin embargo, dice en una comisión parlamentaria que no tiene ningún justificante de que se le haya pedido cita. ¿Cómo lo va a tener si fue directamente el presidente el que le dijo que nos atendiera?», indica.

A Sosa lo que más le duele es que se haga ver que las víctimas de los familiares son «pedigüeños» o que andan detrás de «una limosna». «Nosotros llevamos más de 32 años pagando todos nuestros gastos de nuestro propio bolsillo. Son muchos pasajes de avión entre islas e incluso hasta Madrid para llevar firmas y datos a la Audiencia Nacional, pero no nos ha importado porque consideramos que está en juego la dignidad de nuestros familiares, que no eran delincuentes y, sin embargo, su cuerpos están tirados en cualquier parte como si lo fueran».

Y es que dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Historia, en Canarias sólo se ha estudiado una fosa, en el municipio Gran Canario de Arucas, pese a que hay constancia de más de 700 desaparecidos y los historiadores hablan de más de 2.000 muertos.

Sólo acciones puntuales, como las realizadas por el Ayuntamiento de Fuencaliente en 2007, y algunos convenios financiados casi en su totalidad por el Gobierno central han permitido la redacción de algunos proyectos de localización.

Sin embargo, la mayor parte de las búsquedas siguen sin llevarse a cabo. «Las subvenciones contemplan un máximo de 60.000 euros. Para cadáveres que están enterrados a poca profundidad puede que ese dinero alcance, pero para los que están en pozos de más de 50 metros no da ni para las medidas de seguridad que requiere un trabajo de este calado», sentencia Balbina Sosa antes de añadir que, «sin ayuda del gobierno autonómico quizá haya que esperar otros 32 años para poder desenterrar a nuestros amigos y familiares».

 

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