CiU pide en el Congreso que la Fiscalía pueda anular los juicios políticos del franquismo
Proponen que el Gobierno dé instrucciones al fiscal general del Estado para que sea él quien deje claro que esas sentencias son nulas
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –
El grupo parlamentario de CiU ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que el Gobierno faculte a la Fiscalía General del Estado a expedir, a petición de parte, certificaciones y declaraciones «de inexistencia y nulidad de pleno derecho» de las resoluciones dictadas durante los juicios por causas políticas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Con esta iniciativa, recogida por Europa Press, los nacionalistas catalanes plantean una vía para que se puedan anular de una vez todas esas sentencias, habida cuenta de que la conocida como ley de memoria histórica declaró ilegítimos los tribunales políticos franquistas y sus fallos, pero no incluyó su anulación total y la desaparición de esas causas de los archivos.
El grupo parlamentario que dirige Josep Antoni Duran i Lleida recuerda el caso del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluis Companys, que fue condenado a muerte y fusilado. El Gobierno catalán solicitó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que impulsara la revisión de esa sentencia, pero Fiscalía no lo hizo por considerar «legalmente improcedente» interponer del recurso de revisión.
«IMPOSIBLE JURÍDICO»
El Gobierno, por boca del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha venido avalando la decisión de la Fiscalía. Según explicó Caamaño este mismo mes en sede parlamentaria, la anulación de juicios es «un imposible jurídico» porque la Ley de Memoria ya dejó sin efectos esas sentencias.
«La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos», detalló Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.
Así las cosas, los nacionalistas catalanes proponen en su iniciativa que el Gobierno dé instrucciones al fiscal general del Estado para que sea él quien deje claro que esas sentencias son nulas, habida cuenta de que la Ley de Memoria ya declaró ilegítimos los órganos que las dictaron y la derogación de las leyes en las que se fundamentaron.
Textualmente reclaman que la Fiscalía, a instancia de parte, expida «certificaciones y declaraciones de inexistencia y nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas por los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante y después de la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal».
