Fernando Magán, abogado de asociaciones de víctimas del franquismo, hace balance de la última década de trabajos en la recuperación de la memoria histórica

 

FERNANDO MAGÁN Madrid 13/10/2010

La Universidad Carlos III prepara una jornada para hacer balance sobre las prácticas de exhumación  realizadas en los últimos diez años. Como no tendré oportunidad de acudir a esa jornada, quiero ofrecer mi parecer en estas líneas bajo el amparo que me pudiera otorgar el haber presenciado una buena parte de ellas y haber tenido una amplia intervención ante los tribunales por esta causa.

Valoro que estos diez años vienen marcados, cuando menos y en síntesis, por tres diferentes momentos.

El primero, por una fase de denuncia que sobrecogió e impactó la conciencia ciudadana de nuestro país, la que puso en evidencia la realidad presente de los crímenes de la dictadura franquista con la existencia de desaparecidos, la que creó un amplio movimiento social en reivindicación en favor de la memoria de las víctimas, la que movilizó a muchísimas personas para auxiliar voluntariamente en tareas de exhumación; en definitiva, la que puso al poder político en dilema sobre el modo de actuar y al poder judicial ante su incapacidad para entender los hechos de los que se le daban noticia.

El segundo -con la llegada al gobierno del partido socialista-, por una razonable expectativa de que este problema podría quedar abordado por los poderes públicos, al crearse la Comisión Interministerial, levantando muchas esperanzas entre las familias afectadas, siendo la muestra de éstas el ingente número de cartas recibidas, según este mismo órgano informaba; no obstante, la realidad de esta confusa fase es que terminó con la promulgación de la llamada ley de Memoria Histórica, que no consistió en otra cosa que poner en letra del BOE lo que ya se venía realizando, pero ahora mediante unas subvenciones para quienes emprendiesen estas prácticas.

Sin embargo, no dejó de restarle posibilidades de solución pública el que el Juez Garzón, con motivo de denuncias de desapariciones forzadas, se declarase competente para conocer de los hechos y que el problema en cuestión quedara bajo la tutela judicial, con unos instrumentos de investigación que se activarían mediante cooperación entre órganos jurisdiccionales.

El tercero, por una rápida y agria reacción contra esa decisión judicial, dispuesta desde la Fiscalía General del Estado, y que en muy breve tiempo y de forma sumarial terminó con otra decisión de la Audiencia Nacional ordenando paralizar todas la exhumaciones que estuvieran en marcha y ello continuó con una inhibición del juzgado central a favor de los juzgados territoriales. Pero no quedó ahí esa reacción en contra, pues el Tribunal Supremo admitió querellas de grupos que justifican unos hechos delictivos, largamente denunciados, hasta el punto que el juez ha terminado apartado de ejercicio por el CGPJ y está en espera de juicio.

Esta situación de persecución al juez Garzón y de inalterable mantenimiento político de la ley de memoria histórica y su sistema de subvenciones ha generado lo que parecen dos respuestas contradictorias.

Por un lado, un movimiento ciudadano contra la impunidad, cuyo logro más importante son las manifestaciones del pasado mes de Abril y, por otro lado, que el grupo tradicional de asociaciones siga practicándolas, pero ya solo atento al Ministerio de Presidencia, pues la denuncia de los hechos que ocasionaron las desapariciones ha caído en desuso, lo que, consciente o inconscientemente, conlleva una gran perversidad.

Perversidad que consiste en hacer mucho más fácil consolidar un sistema donde las víctimas no llegaran a tener la directa reparación del poder público conforme es una exigencia mínima de Derecho; también consolidaría un sistema que cada día genera mayores desconfianzas, con apariencia de intereses personales y modus vivendi inapropiados; frustra el necesario amparo y protección de familias que en determinados momentos ha aparecido como posible que les fuera proporcionado; a otras muchas les crea falsas expectativas ya que de tal modo solo una pequeña parte verá atendida de algún modo su esperada pretensión.

En definitiva, se estaría contribuyendo a caer en la paradoja de consolidar todo lo contrario de lo que fueron las iniciales reivindicaciones del movimiento memorialista, nacido del levantamiento de los cadáveres de las cunetas.

Por tanto, a todos en esa jornada, y en otras, no cabe sino hacer profundo ejercicio de crítica y autocrítica para continuar haciendo posible nuestro lema de Verdad, Justicia y Memoria.

http://www.publico.es/espana/341031/de-la-demanda-de-justicia-a-la-demanda-de-subvencion